La cantidad de homicidios reportados durante el 2014 presenta un aumento de aproximadamente mil víctimas en relación a las cifras registradas el año pasado. Este comportamiento numérico, en un contexto normal, por si solo se podría considerar una fuerte señal de alarma en cuanto al deterioro de la seguridad pública. Sin embargo, desde que en el país los asesinatos se convirtieron en la ficha de negociación utilizada por las pandillas en el contexto del pacto con funcionarios y políticos, dicho ilícito fue despojado de las propiedades por las que regularmente es considerado el mejor indicador para medir la dinámica criminal violenta en jurisdicciones específicas.
Ahora, gracias a la nociva interacción con estructuras criminales, propiciada durante la administración de Mauricio Funes, las variaciones en las estadísticas de homicidios se convirtieron en el mejor indicador del estado de la negociación entre las partes involucradas en el acuerdo antes mencionado. Las estadísticas criminales, como consecuencia, no resultan mediciones fiables para monitorear y hacer inferencias sobre la dinámica delictual. Bajo estas condiciones, las encuestas de victimización y opinión cobran un protagonismo aún más importante como herramientas confiables para analizar, evaluar cambios y elaborar pronósticos sobre la criminalidad y seguridad pública.
Este tipo de ejercicios, en El Salvador, no se hacen con la frecuencia con que la crisis que experimentamos lo requiere. Son relativamente esporádicos, escasos y, en ocasiones, limitados. Los resultados arrojados, no obstante, son consistentes y reflejan, analizados de forma colectiva, una clara tendencia. Todos los instrumentos de medición, sin excepción, muestran un inequívoco deterioro de la percepción ciudadana sobre la efectividad y eficiencia del aparato de seguridad pública. Algunos incluso evidencian un alarmante porcentaje de encuestados que califica a las fuerzas de seguridad como corruptas. Según las encuestas de opinión, además, la mayoría de salvadoreños considera que la criminalidad está peor que antes y que el rumbo estratégico y operativo del combate del delito debe de cambiar.
Estos resultados son congruentes con la actitud que se identifica en personas comunes y corrientes, durante pláticas cotidianas. Es habitual, por ejemplo, escuchar de alguien que incursiona a diario en las peligrosas arterias capitalinas, hablar con orgullo de su estrategia particular para evitar que los ladrones, con quienes inevitablemente interactúa en su rutina, lo despojen de artículos de valor o dinero en efectivo. Unos hasta poseen dos teléfonos celulares: uno viejo y feo para salir a la calle, que no importa que se lo roben, y otro de mejor calidad, para la casa o lugares seguros nada más. Andar poco efectivo o encontrar lugares creativos para esconderlos en su vestuario, son otras de las estrategias de las que comúnmente se jactan aquellos que han logrado escaparse de la delincuencia en las calles.
Estos relatos son importantes, no para identificar qué tácticas son más efectivas para no ser víctima, sino por su significado en el contexto que esbozan las encuestas de opinión y victimización. La ciudadanía se ha tenido que adaptar al peligroso ambiente en el que transita, resignándose impotentemente ante su vulnerabilidad y la inefectividad de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Situaciones similares, en otros países, propiciarían un interminable y contundente reclamo colectivo, demandando al gobierno y las autoridades correspondientes que hagan su trabajo y aseguren el respeto a la ley y el orden. El Salvador, no obstante, es un caso muy particular debido a varios factores que inhiben el surgimiento de este tipo de iniciativas ciudadanas, como por ejemplo el vínculo entre pandilleros, políticos y funcionarios, y la subordinación ideológica del sistema de seguridad. Es necesario vencer estos obstáculos y que los diferentes sectores adopten una posición más categórica, protagónica y estratégica en su discurso público sobre la seguridad del país. La crisis delictual, de lo contrario, continuará agudizándose y los ciudadanos acostumbrándonos a ella y adaptando nuestras rutinas para poder sobrevivirla.
*Criminólogo.
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