Con más de 35 años de trayectoria sindical, Ricardo Soriano sabe lo que dice al advertir que si el gobierno sigue disponiendo de los ahorros de pensiones de los trabajadores “llegará el día en que los jubilados sólo recibirán vales o quedans” en pago.
Soriano, quien ha sido dirigente de centrales sindicales históricas como la UPD (Unidad Popular Democrática) o la UNOC (Unión Nacional Obrero Campesina) desde los años 80, anticipa más hechos sombríos: “Quieren estatizar las pensiones. El Gobierno tiene un estudio para subir los años de jubilación y los años de cotización”.
El dirigente sindical es uno de los promotores de un recurso ante la Sala de lo Constitucional para que el gobierno deje de disponer de los ahorros de jubilación de los trabajadores salvadoreños a cambio de pagar una tasa del 1.3 por ciento de interés, cuando en el mercado se paga hasta el 6 por ciento o más.
“Si seguimos así, el Gobierno nos va a pagar con quedans. Ahorita nos está quitando el 45 % de nuestros ahorros y nos está pagando apenas el 1.3 % de interés y ni siquiera está al día con esa deuda. Pero si no tiene capacidad para cubrir el pago a los proveedores ni los subsidios, mucho menos va a tener para pagar a los pensionados cuando se quieran jubilar”, enfatiza Soriano.
A su juicio, “los más perjudicados serán los jóvenes que ahora cotizan en el sistema de pensiones privado y que ni siquiera piensan en que un día se van a jubilar. Esa gente ya va condenada”.
Soriano, presidente del Comité de Trabajadores para la Defensa de los Fondos de Pensión de El Salvador (Comtradefop) y otros representantes sindicales interpusieron una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando a los magistrados que eliminen el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que se aprobó sin consenso y en un madrugón de la Asamblea Legislativa en 2006, por petición del expresidente Antonio Saca.
Este Fideicomiso, cuyo impacto pasó desapercibido por la ciudadanía, es el que le da actualmente al Gobierno el derecho de meter mano en los ahorros de los trabajadores y agarrar el 45 % de ellos, pagando un pequeño interés que, de acuerdo con Soriano, condenará a todos los afiliados a tener una pensión muy baja cuando se jubilen.
Soriano aseguró que a la fecha el Gobierno ya tomó “prestados” más de 3,000 millones de dólares de dinero de las cuentas personales de los trabajadores, con la promesa de devolverlo y pagar sus intereses.
Pero a la fecha, explica Soriano, el Gobierno ni siquiera ha pagado los intereses y que, mucho menos podrá pagar el total del dinero, tomando en cuenta que ya tiene otra deuda con el sistema de pensiones público por el que necesita al menos $450 millones anuales, para pagarle a los jubilados del ISSS y el INPEP.
“El Gobierno ya tiene dos deudas: una es la que tenía con los pensionados del sistema público, el ISSS y el INPEP, y la otra es la que ya tiene con nosotros”, dijo.
Estas dos deudas representan un grave peligro para los cotizantes. “Puede darse que los trabajadores nos quedemos sin fondos al declararse el Gobierno en quiebra”, explicó.
Quieren estatizar pensiones
Estatizar las pensiones, como dice Soriano que se proyecta, significaría que el Gobierno asumiría el pago de ese dinero bajo sus condiciones.
Sin embargo a Soriano nada le garantiza que el Gobierno tenga la capacidad de pagar ese dinero en el futuro.
En seguida, revela que ya conoce de un proyecto de ley que se ha trabajado por más de un año y que sugiere reformas como regresar al sistema de reparto, aumentar los años de jubilación, los años de cotización y disminuir el porcentaje que recibirán de acuerdo a su salario.
“La gente que está por jubilarse está en riesgo”, alertó el líder sindical.
Aunque el expresidente Mauricio Funes confirmó en enero de este año que ya tenía un proyecto de reforma en su escritorio y que lo presentaría a los diputados después de la “calentura electoral”, el tema no ha tomado relevancia.
El temor de que una reforma para estatizar las pensiones llegue de improviso a los salones legislativos aflora cada día más entre los trabajadores, quienes dicen haber despertado ante el “robo y saqueo” que el Gobierno está haciendo de los fondos de pensiones.
“Funes dijo que ya tenían un estudio de las pensiones y si ese proyecto ya está, van a querer meterlo en la Asamblea así como está, para estatizar las pensiones”, dijo Ricardo Soriano.
Teme otro madrugón
“Nos preocupa que nos vayan a sorprender con las pensiones”, dijo Soriano.
Y no es un temor infundado. En 2006, el Gobierno de Antonio Saca los sorprendió por completo al presentar ante la Asamblea Legislativa la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que dio el aval al Gobierno para “tomar prestado” el 30 % de los fondos de pensiones.
La aprobación también se dio en un “madrugón” en el que miles de trabajadores de todo el país ni siquiera entendían qué iba a ocurrir con su dinero ahorrado.
“Con Saca habíamos estado hablando del salario mínimo anteriormente y en ningún momento mencionaron esa reforma y cómo nos afectaría”, recuerda Soriano.
En 2012 ocurrió igual. Sin consultar a ningún sector previamente, el Ministerio de Hacienda llegó a la Asamblea, presentó una propuesta para aumentar el techo de la inversión de los fondos y en marzo de 2012 los diputados del FMLN, GANA, CN y CD votaron porque el Gobierno usara el 45 % de los fondos de pensiones.
De hecho, muchos diputados en la Asamblea Legislativa ya conocen un diagnóstico que elaboró la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva y en el que se plantea regresar al sistema de reparto (público) aumentar la tasa de cotización y la edad de jubilación.
“Esperamos que los diputados se pongan la mano en la conciencia y no vayan a aprobar esto de inmediato y sin consultar”, pidió el líder sindical.
La única tabla de salvación es que la Sala declare inconstitucional este Fideicomiso y entonces el Gobierno ya no podría tomar prestado el dinero de los pensionados del sector privado para pagarle a los del sistema público, como lo ha venido haciendo desde 2006.
Desde esa fecha hasta 2012 el Gobierno ha tomado prestado del fondo de pensiones del sistema privado un total de $3,566.35 millones a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
“Esas ya son dos deudas. Le debe a los pensionados del sistema público y a los cotizantes del sistema actual”, señaló.