Denuncian despidos, degradaciones y acoso laboral en Correos

Sindicato logró frenar despido de 17 de los casos, pero aún hay 5 empleadas cesadas de sus cargos

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Correos de El Salvador es dirigida por Margarita Quintanar de Ortez. No ha dado posición sobre las denuncias de despidos. Atilio Navidad (der.), secretario del Sitracorreos, dijo que podrían tomar acciones fuertes si no se cumplen los acuerdos.

Por nacional@eldiariodehoy.com

2014-07-19 12:19:00

Al menos 22 empleados de la Dirección General de Correos han sido blanco de acoso laboral y despidos desde julio, según denuncias del Sindicato de Trabajadores de Correos de El Salvador (Sitracorreos).

De acuerdo con el secretario del sindicato, José Atilio Navidad, los empleados comenzaron sus labores el 1 de abril pasado, pero fueron sometidos a un proceso de evaluación que consideran arbitrario, por haber sido realizado por jefaturas que no tuvieron bajo su responsabilidad a esos trabajadores.

Sin embargo, de los 22 trabajadores, se logró que 17 mantuvieran sus puestos. No obstante, cinco empleadas han corrido menor suerte, en vista de que resultaron con mala evaluación sin que se les demostraran los detalles de las pruebas y quiénes las habían realizado.

Según Navidad, el argumento de las autoridades fue que resultaron con mala nota en la evaluación, pese a que el Ministerio de Hacienda ya había avalado sus plazas.

“No estamos en contra de las evaluaciones, sino en contra de los malos procesos”, manifestó Navidad.

Por otro lado, los empleados señalan que han recibido acoso e intimidaciones por parte de las autoridades de la institución.

En algunos casos han sido trasladados a otras dependencias en cargos donde no se habían desempeñado antes y en condiciones incluso riesgosas para su integridad, denunciaron.

Además de las cinco empleadas, el secretario del Sitracorreos también sostuvo que hay dos empleados del área de filatelia de Correos que fueron despedidos injustificadamente, en vista de que nunca se les pudo comprobar que había faltantes, como argumentaba la institución.

Uno de los empleados, incluso, fue detenido por la Policía sin que hubiera concluido la auditoría, por lo que lo dejaron libre ante la falta de pruebas en su contra.

Degradación

Entre los afectados por desmejora o degradación laboral esta Marta de la O, quien había sido contratada como Técnica II para planificación logística en esa institución, adscrita al Ministerio de Gobernación.

Con su plaza ya avalada por el Ministerio de Hacienda, De la O fue removida al cargo de jefe móvil, una plaza que no estaba acorde con sus conocimientos académicos.

Dice que para ese cargo estuvo en capacitación durante casi dos meses, hasta que de nueva cuenta fue enviada como jefa de ventanilla en la sucursal ubicada en la avenida España, en San Salvador.

La cosa no acabó allí. El 16 de junio tenía que presentarse al Ministerio de Gobernación, adonde había sido citada previamente. Al llegar le notificaron que había salido mal evaluada y que la retirarían del cargo. Según conoció, no había sido evaluada por la persona que estuvo a su cargo en la sucursal España, quien ya había emitido una carta ratificando que De la O había mostrado un buen desempeño.

Sin conocer a sus evaluadores e ignorando en qué condiciones se dio el examen a su desempeño por parte de las autoridades de Gobernación, optó por no firmar la supuesta evaluación y decidió seguir laborando a pesar de que la consideraban removida de su cargo, relató.

“Desde el 18 (de junio) me he presentado a trabajar a Gobernación, porque si pasan tres días me ponen como abandono laboral”, sostuvo.

La contradictorio, según De la O, es que en el Ministerio de Hacienda aún está activa su plaza, según logró investigar con ayuda del Sitracorreos.

Es más, aunque fue contratada bajo Ley de Salarios, cuenta que no le informaron que tendría tres meses de prueba.

Desde ese momento, todas las puertas que tocó, según dijo, se le cerraron. Incluso la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde le dijeron que el caso había sido archivado porque se trataba de un periodo de prueba laboral.

Se intentó consultar con las autoridades de Correos sobre estos casos, pero no fue posible contactar a ninguno. La oficina de protocolo dijo que no tenían información de los despidos y que no había nadie que pudiera dar datos o respuesta a estas denuncias.

Acuerdo con sindicato

Luego de los cabildeos y las amenazas de acciones de presión, el secretario del sindicato sostuvo que llegaron a un acuerdo con el mismo ministro de Gobernación, Arístides Valencia.

El acuerdo al que se llegó fue que las empleadas serían reinstaladas en sus puestos el próximo 1 de agosto, por lo que han decidido suspender las acciones hasta que se cumpla ese acuerdo, tomado el pasado 3 de julio.

En esa resolución se acordó la restitución de De la O, indicó el dirigente sindical, aunque con un salario menor, en vista de que no sería reinstalada en el mismo puesto que había solicitado.

La condición de Valencia y sus asesores fue que De la O desistiera de la demanda judicial que había interpuesto en contra de la institución.

Navidad advirtió que si el 1 de agosto no son restituidas en sus cargos las cinco trabajadoras, tomarán acciones más enérgicas para presionar a las autoridades de Gobernación, entre ellas la suspensión de labores por tiempo indefinido.

El secretario del Sitracorreos, incluso, citó la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida recientemente en favor del exdirector de Sistema de Coros y Orquestas Juveniles, Numa Bracamonte, a quien la Secretaría de Cultura (Secultura) despidió en diciembre de 2013.

“Denunciamos los malos procedimientos de las que habla la Sala de lo Constitucional. Han habido despidos por acoso laboral”, manifestó Navidad.

En dicho amparo, emitido a principios de junio, la Sala de lo Constitucional llama al presidente Salvador Sánchez Cerén a que instruya a sus ministros y demás funcionarios que respeten la estabilidad laboral de los empleados públicos y que se lleve el debido proceso en casos de despidos.

“Para garantizar los derechos de audiencia, defensa y la estabilidad laboral de todos los empleados y funcionarios públicos titulares de los mismos que laboran en el Órgano Ejecutivo, es necesario hacer del conocimiento del Presidente de la República el contenido de la presente decisión”, especifica el documento judicial.

La resolución, firmada por los cinco magistrado de la Sala, advierte que el mandatario “tiene que contribuir al goce efectivo de los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral de los trabajadores del Órgano Ejecutivo, mediante la comunicación del contenido de la presente sentencia a todas las entidades que forman tal órgano estatal”. (Ver documento).

El mandatario dijo en su momento que en enero de este año, durante la administración del expresidente Mauricio Funes, hubo un exceso de contrataciones en el Gobierno, pero señaló que está dispuesto a cumplir con lo que señala la Sala.

Los casos de despidos y acoso laboral no solo se han dado en Correos, también hay otras entidades como la Corte de Cuentas donde se han suscitado denuncias similares.

Empleados confirmaron a principios de julio que al menos 12 personas habían recibido una notificación de despido por parte del presidente en funciones, Johel Valiente. Los empleados pertenecen a distintas áreas, como comunicaciones, administración y recursos humanos.

No obstante, diputados revelaron el miércoles pasado que el expresidente Rosalío Tóchez había contratado un promedio de 15 empleados antes de finalizar su periodo.