El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco, cuestionó al partido oficial FMLN porque ahora critica “visceralmente” las resoluciones del máximo tribunal, pero se limitaba a guardar silencio cuando la anterior Sala emitía fallos en su contra.
En entrevista por canal 23 TVO, Blanco expuso la sentencia que invalida el nombramiento del expresidente Mauricio Funes como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que en adelante deja sin similar prerrogativa a los exmandatarios, exvicepresidentes y exdesignados.
El magistrado declaró que el Tratado Constitutivo del Parlacen no puede estar por sobre la Constitución de El Salvador, que manda que los diputados para ese organismo regional deben ser electos democráticamente por la ciudadanía salvadoreña con ese propósito.
Además reiteró que la Fiscalía debe investigar un “posible delito” de Funes al desatender la orden de no juramentarse hasta que se emitiera la sentencia definitiva.
Sin embargo, y ante los cuestionamientos que le hicieron en el programa por esta resolución, Blanco rechazó que las sentencias de la Sala tengan “sesgo político” y más bien recordó que ha fallado tanto contra los intereses de ARENA como contra los del FMLN.
De hecho, cuestionó que antes había una “falsa armonía” porque sus antecesores en la Sala de lo Constitucional fallaban contra demandas del ahora partido oficial, pero sus dirigentes no respondían “visceralmente” como ahora, sino que aceptaban y guardaban silencio.
Uno de esos fallos fue la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de Integración Monetaria, que posibilitó la dolarización de El Salvador en 2001 y cuya sentencia emitida por los anteriores magistrados quedó firme, especificó el magistrado.
En el caso de Funes, explicó que el expresidente no puede representar a El Salvador ni recibir prerrogativas, inmunidad, salarios, viáticos y otros de parte del Parlacen, a menos que ellos lo acogieran con otra justificación, pero menos como diputado salvadoreño.
En este sentido, subrayó, el Parlacen está obligado a aceptar la decisión de la justicia de El Salvador.