La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó ayer al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena sin inmunidad y con el riesgo sobre sus espaldas de ser investigado y procesado por “desobedecer” una orden del máximo tribunal salvadoreño.
La Sala determinó que la juramentación de Funes Cartagena en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) no surte ningún efecto jurídico en El Salvador, por lo que él no podrá representar al Estado en dicho organismo ni se le reconocerá inmunidad, ni salarios, ni viáticos, ni transportación, ni otros derechos y prerrogativas como diputado centroamericano.
Así resolvió la Sala de lo Constitucional al declarar que va contra la Constitución de El Salvador la disposición legal que posibilitaba el ingreso automático de expresidentes, exvicepresidentes y exprimeros designados al Parlacen al concluir sus periodos.
El máximo tribunal también llama a la Fiscalía General a investigar formalmente a Funes por la “desobediencia” a una orden judicial que le mandaba no juramentarse en el Parlamento Centroamericana hasta que se emitiera sentencia sobre este caso.
“El incumplimiento de la medida cautelar emitida por este Tribunal podría ser constitutivo de un hecho delictivo, y siendo que fue del conocimiento público la desobediencia a la resolución judicial por parte del expresidente Funes Cartagena, corresponde a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones al respecto y promover la acción penal correspondiente”, dice la sentencia.
Dicha transgresión, según el Tribunal Constitucional, fue un “hecho notorio” para los salvadoreños y difundido por los medios de comunicación electrónicos, digitales e impresos, por lo que no requiere probarse.
Pese al mandato de la Sala de lo Constitucional, Funes se juramentó el 24 de junio pasado, en una ceremonia a la que no asistió el pleno del Parlamento, sino solo unos cuantos diputados.
Este revés para el expresidente se produce en momentos en que surge una serie de cuestionamientos alrededor de su círculo más intimo de amigos, después que el periódico digital El Faro denunciara que se han dedicado a comprar una serie de propiedades en la ciudad y en la playa y construir grandes mansiones.
La investigación, publicada con el título de “El presidentes Funes, una cadena de favores y un spa”, involucra a exfuncionarios de su confianza como Miguel Menéndez “Mecafé” y el exministro de Agricultura, Pablo Ochoa, así como a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y su madre Ada Luz Sigüenza.
De hecho, Funes admitió que se mudaría a una de las residencias, en Lomas de Altamira, aunque aclaró que no era suya, sino de Menéndez y que este se la “alquilaría”.
El expresidente aseguró que durante su mandato no ha adquirido ningún inmueble ni ha utilizado el Estado para favorecer a empresarios en particular.
Al Parlacen por elección popular
En la misma sentencia, la Sala de lo Constitucional estableció ayer que el ingreso automático de los exmandatarios vulnera las disposiciones de la Carta Magna que establecen que los diputados al Parlacen son funcionarios de elección popular, es decir, que los salvadoreños tienen el derecho de elegirlos mediante sufragio universal, directo, libre, igualitario y secreto.
La Sala respondió así en el juicio promovido por un grupo de miembros de la Cruzada Pro Paz y Trabajo contra el ingreso automático de los exgobernantes al foro ístmico por considerar que vulnera la Constitución de la República.
El Tribunal Constitucional les dio la razón en vista de que esa prerrogativa “irrespeta el mandato constitucional según el cual los diputados al Parlacen son funcionarios de elección popular, es decir, elegidos mediante sufragio universal, directo, libre, igualitario y secreto”.
“Al establecer que los presidentes, vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República integrarán automáticamente el Parlacen al concluir sus mandatos, sin la necesidad de someterse a un proceso electoral específico, se priva a los ciudadanos salvadoreños de la capacidad de decisión sobre quiénes serán sus representantes en un organismo supranacional”, cuestiona la sentencia.
Por lo mismo, el Parlacen queda impedido de aplicar tales disposiciones, porque estaría trasgrediendo la Carta Magna salvadoreña.
En adelante, los exgobernantes como Funes no podrán ingresar automáticamente al Parlacen, sino que tendrán que ir a elecciones como todos los demás candidatos si quieren pertenecer a ese organismo regional.
“El Estado salvadoreño no podrá ser representado en el mencionado organismo comunitario por los exfuncionarios mencionados, por no haber sido electos mediante sufragio universal, libre, directo, igualitario y secreto, tal como lo prescriben los artículos 78 y 80 (de la Constitución), con las consecuencias detalladas en esta sentencia”, dice el texto.
Los mencionados funcionarios no gozarán de iniciativa de ley, en materia relativa a la integración del istmo centroamericano, derecho de voto, de los derechos como el pago de salario, honorarios o dieta, pago de viáticos y transporte, inmunidades y privilegios.
Y los que menos derecho tendrían son los primeros designados a la presidencia, pues en ningún caso surgen de una elección popular, enfatiza la sentencia.