El debate sobre las consecuencias del ingreso de El Salvador a Petrocaribe continúa generando más dudas que respuestas. Se ignoran los términos del acuerdo, si éste será sometido o no a ratificación de la Asamblea Legislativa, el tratamiento de la deuda, tanto la de Alba Petróleos como la que se genere una vez entre en vigencia la relación bilateral entre ambos países; quién tendrá el monopolio de la distribución e importación de combustible o si permanecerá la libre competencia en el sector, y cuál será el mecanismo para facilitar a los productores y exportadores el pago en especie de las obligaciones crediticias. Por otra parte debe regularse con mayor rigor el clientelismo político que podría implementarse por el uso político de los programas de asistencialismo social de Petrocaribe o de cualquier otra naturaleza, que realice este o futuros gobiernos, promovido desde el Estado, en época de elecciones.
Los modelos utilizados en Nicaragua y en República Dominicana para regular las operaciones de Petrocaribe son muy diferentes. En el primero la transparencia de los datos es muy escasa. El presidente de la Contraloría General de Nicaragua, Guillermo Argüello Poessy, declaró en su oportunidad que “no podían hacer ninguna auditoría de esos recursos –en referencia a las finanzas de Alba Petróleos de Nicaragua– porque no son fondos públicos”. De la misma manera y no obstante que el acuerdo que autorizó el ingreso de Nicaragua a este bloque comercial fue aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, los legisladores dispusieron no reconocer como deuda pública la cooperación de Venezuela.
El decreto legislativo en referencia consta de dos artículos. En el primero se acepta el “acuerdo de cooperación energética Petrocaribe entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito el 11 de enero de 2007 por la presidencia de la República de Nicaragua y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela”. El segundo artículo es el que fija la fecha de entrada en vigencia del decreto.
En República Dominicana sucede todo lo contrario. Sus autoridades reconocen la contribución de Petrocaribe en el presupuesto nacional como una fuente de financiamiento bilateral –de hecho el presidente Danilo Medina informó que para el 2014 el aporte de Petrocaribe representa el 15% del presupuesto–, los fondos están fiscalizados por la Contraloría General de la República, y los ciudadanos tienen acceso público a las operaciones que se realizan en el marco de este convenio.
En el modelo dominicano los entes encargados de aplicar el acuerdo son el Ministerio de Hacienda a través de la “Oficina de Negociaciones de Petrocaribe” (ONP) y la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Las empresas dominicanas negocian el intercambio de productos de forma directa con las empresas y organismos autorizados de Venezuela, previa inscripción en la ONP. Los acuerdos comerciales son refrendados mediante acuerdos institucionales entre el Ministerio de Hacienda y PDV Caribe. La deuda con Petrocaribe es reconocida y se registra en el presupuesto de ingresos y en la ley de gastos públicos del Gobierno dominicano, todo bajo la atenta vigilancia de la sociedad civil.
Las dudas y susceptibilidades en el caso salvadoreño surgen por la falta de discusión e información acerca de los aspectos señalados al inicio de este artículo. En Costa Rica, por ejemplo, las autoridades y los empresarios han expresado sus dudas, con la diferencia que lo hicieron antes de solicitar el ingreso y de suscribir un acuerdo previo que complicara al país. La Cámara de Comercio señaló en un comunicado que “lo peor de una posible incorporación de Costa Rica a Petrocaribe, es que se permitiría la intromisión de Venezuela en las decisiones del Estado costarricense, comprometiendo su política exterior”. Asimismo hizo un llamado a valorar otras opciones y a “no enfocar la atención en alternativas como Petrocaribe, la cual a cambio de pequeños beneficios en el precio de los combustibles, comprometerían políticamente al país”. El Pdte. costarricense, Luis Guillermo Solís, manifestó que el Gobierno realizará un análisis técnico, político y económico para valorar las ventajas de unirse a Petrocaribe.
El caso costarricense es muy particular porque existe un monopolio del servicio de importación y distribución de hidrocarburos. Por esa razón los empresarios en Costa Rica señalan que es preferible terminar con esa situación y permitir “la entrada de más participantes al mercado y así garantizar una prestación eficiente y competitiva de los servicios”.
La realidad salvadoreña es otra. La actual administración, sin presentar ningún análisis técnico previo, está convencida que sumarnos a Petrocaribe es lo más conveniente para el país. En consecuencia el modelo que se aplique debe ser el más transparente y el que menos permita la injerencia política extranjera.
*Columnista de El Diario de Hoy.