La Presidencia de la República volvió a negarse a informar públicamente sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y su esposa Vanda Pignato y las agencias de publicidad para sus campañas.
El actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, se había comprometido en revisar las reservas impuestas por su antecesor, tras recibir una nueva petición al respecto.
Sin embargo, en resolución emitida el pasado 23 de julio , el oficial de información presidencial, Pavel Benjamín Cruz, notificó que se mantiene reservada la información sobre los viajes efectuados por Funes y su esposa, durante el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014 y la de los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas en 2010 y sus prórrogas.
También se negaron a entregar copias de informes de auditoría interna de la Presidencia de la República de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 por la reserva, así como de las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que han visitado El Salvador durante el período comprendido del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anti-Corrupción (ALAC), capítulo de Transparencia Internacional de El Salvador y también parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), expresó que solicitó la desclasificación de toda esa información el 4 de junio pasado, a pocos días de haber asumido la Presidencia Salvador Sánchez Cerén.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recomendó que la solicitud, primero, se girara ante el oficial de información presidencial.
“Y esa es la resolución. Se decide mantener la restricción a esa información a estos cuatro documentos que forman parte del índice de información reservada de la Presidencia y que aquí en Funde-Alac consideramos que es información que no debe estar en el índice y, por lo tanto, que sea pública y sujeta a divulgación oficiosa”, enfatizó Burgos.
Para el caso de los viajes, Burgos señaló que esa es información que han solicitado como Funde-Alac desde octubre de 2012, luego volvieron a plantear la petición en enero de 2013 y, finalmente, en marzo de ese mismo año. En esta última ocasión por primera vez se clasificó la información como reservada.
En la resolución, el oficial de información de la Presidencia argumenta que esa es información que implica el control de las actividades de logística, transporte y gastos para la protección del Presidente de la República, Primera Dama y de los funcionarios que lo acompañan en su comitiva y que “constituye materia ligada a la inteligencia del Estado” y porque se está protegiendo la seguridad pública y la defensa nacional.
Asimismo, señala que evaluando la proporcionalidad de la reserva de la información, resulta que la limitación del derecho de acceso a la información de particulares “tiene menor envergadura frente a los posibles perjuicios a la seguridad e integridad del Presidente de la República, su familia y la labor de inteligencia que sobre él recae”.
Pero el coordinador de Alac manifiesta que este no es el caso y que los viajes de la Presidencia deberían ser reservados mientras dure el mismo e incluso, asegura que deberían ser reservados los dispositivos de seguridad, las estrategias de emergencia, en el caso de un atentado y las misiones de avanzada que envía seguridad o el OIE ante un viaje presidencial.
Una vez un viaje ha sido realizado, los gastos, el costo de los boletos, la composición de la comitiva debería ser pública, siempre y cuando no comprometa negociaciones políticas, de lo cual no cree que sea el caso.
“Hemos insistido en conocer esa información de los costos de esas misiones, su composición y cuáles fueron los resultados de esa misión porque, al final de cuentas, los boletos y esos viajes los costeamos todos los salvadoreños. Sin embargo, la Presidencia insiste en alegar razones de seguridad nacional para impedir el conocimiento de esta clase de viajes”, se quejó.
El periódico digital El Faro publicó esta semana que el expresidente Mauricio Funes realizó al menos 65 viajes durante su gestión, de los cuales 26 habrían sido de carácter privado.
Según la publicación, varios de estos viajes fueron realizados en aviones privados y con fines turísticos. Funes aseveró que también hubo algunos vuelos que eran con fines no oficiales y los cuales no consideró turísticos.
Otros datos reservados
Los gastos en agencias de publicidad por el diseño, producción e implementación de campañas en el año 2010 fue otra información que mantiene su restricción por siete años, misma que concluiría el 7 de mayo de 2019.
La Presidencia argumentó su decisión en la protección de la libre competencia vinculada a la libre contratación y determinación de precios para las ofertas presentadas al Estado, entre otros motivos.
Burgos señala que en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que todas las contrataciones que hace cualquier institución pública tienen que ser del conocimiento de los salvadoreños, particularmente a lo que se refiere al proceso de licitación.
“Aquí, en esta resolución, vuelven a alegar esas razones como la libre competencia, la probable afectación a terceros, se niega el acceso a la información basándose en un posible mal uso que se pueda dar a la misma. Creemos que es una respuesta poco fundamentada”, añadió.
También siguen, en el índice de información, reservadas las copias de los informes de auditoría interna de la Presidencia de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
El coordinador de Alac señala que estos documentos sirven a la Corte de Cuentas de la República para detectar posibles anomalías. Asevera que dos de estos informes solicitados son de hace dos administraciones.
Y finalmente otra información denegada son los gastos en alimentación, transporte y estadía de los funcionario internacionales.
Burgos apelará hoy ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) esta resolución emitida por el oficial de información presidencial.