“Si lo están pagando, quiere decir que este impuesto que les están poniendo sería albarda sobre aparejo”, manifestó ayer el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, durante una entrevista televisiva, cuando fue cuestionado acerca de una publicación que advierte que los medios editoriales si pagan impuestos.
En el comunicado, publicado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder) y la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (AMPS), se asegura que “en la actualidad tanto las empresas pagan impuestos así como sus accionistas cumplen con todas las contribuciones tributarias de ley existentes”.
Lo anterior en el marco del impuesto a la renta que el Estado busca cobrar a los medios impresos como parte de un paquete de reformas fiscales que está impulsando el Ministerio de Hacienda.
El funcionario insistió en recalcar que con las enmiendas “no se está gravando la operación en concreto, no se está gravando la importación de papel, no hay aranceles, no pagan IVA, y eso se va a mantener; esas excepciones se van a mantener, pero nosotros creemos que es conveniente que paguen el impuesto de la renta como lo pagamos todos”.
Para el consultor fiscal Maximiliano Mojica, de la firma de abogados Portal y Asociados, el pago de impuestos por parte de los periódicos atenta gravemente contra la libertad de expresión, como ya lo han señalado otros abogados, como el diputado Rodolfo Parker, quien hace unas semanas explicaba que este no será un impuesto a la impresión de libros o periódicos, sino a la independencia de un medio, lo cual es indispensable para el libre juego de ideas y críticas.
“Cuando un periódico se sujeta al pago de impuestos, lo que peligra es la libertad de expresión, porque el Estado puede perfectamente ahogar a un periódico imponiéndole impuestos. Puede ahogar a un medio a través de una carga tributaria desmedida”, anotó.
A juicio de Mojica, los periódicos son vehículos de expresión política y cultural, por los que “históricamente se ha venido luchando para que estén exentos de impuestos, amparados en el artículo 8 de la Ley de Imprenta”, pero que al obligarlos a pagar no hay garantía de que el porcentaje de dinero que les impongan a pagar suba cada cierto tiempo solo porque sí.
En palabras de Parker: “no será un impuesto a la impresión de libros o periódicos, sino a la independencia de un medio, lo cual es indispensable para el libre juego de ideas y críticas (…) La reforma deja abierto a que se pueda cobrar cualquier tipo de impuestos con la discrecionalidad que puede llegar a convertirse en arbitrariedad”, según lo manifestó semanas atrás.
Control sobre las transacciones bancarias
Por otra parte, el consultor fiscal advirtió que dentro de la ley de impuesto a las transacciones bancarias hay un apartado que se refiere al control de liquidez, lo que el traduce como “quieren poner un control sobre tu propio dinero”.
Mojica explicó que el control de liquidez grava el ahorro, porque establece que serán gravados los depósitos, pagos y retiros en efectivo a partir de los 5 mil dólares, “pero existe una falacia, porque se les olvida a los analistas que esos 5 mil dólares son de forma individual o mensual”.
A manera de ejemplo, el abogado expuso que un panadero, dueño de una empresa pequeña o mediana, podría estar vendiendo, cobrando, depositando y retirando solo 500 dólares, pero hacerlo varias veces al mes, y eso significa que “nunca va a ver los 5 mil dólares juntos en su vida, quizás, pero en suma esas transacciones serían gravadas porque ascenderían a más de 5 mil dólares en el mes”.
“En vez de incentivar el ahorro por medio de premios, estamos castigando a la hormiga que trabaja, que ahorra y se preocupa por el futuro, y son precisamente los ahorros de esa hormiga los que utilizamos todos cuando accedemos a un crédito bancario”, acotó.
Agregó que gravar las transacciones bancarias mayores a los 750 implicaría “quitarle oxígeno al sistema financiero, que es el dinero de todos los salvadoreños, porque se va a dar una reducción en la oferta de dinero, mientras que la demanda se va a mantener estable”. En otras palabras, los salvadoreños seguirán necesitando préstamos para carros, viviendas, tarjetas de crédito o para capital de trabajo, pero va a haber una contracción en la oferta de dinero, porque ese dinero estará fuera del país o “debajo del colchón en una casa”.
Impuesto predial escondido
Sobre el impuesto a los bienes suntuarios, Mojica detalló que esa norma también merece un análisis de contenido, porque dentro de la expresión de “bienes suntuarios” están incluyendo bienes urbanizados. “Me atrevo a decir que es un impuesto predial escondido, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es gravando la propiedad de inmuebles en El Salvador”, dijo.
Los constructores se verían obligados a encarecer los precios de las viviendas y al final los consumidores terminarían pagando los costos, “porque el impuesto es un impuesto cascada: el impuesto siempre se traslada; es un efecto inflacionario”, reiteró.