El Sindicato Nacional de Trabajadores de Penales denunció ayer que en la Dirección General de Centros Penales hay funcionarios, entre ellos el director, Rodil Hernández, que se han valido de sus cargos para dar empleo a familiares o amigos.
Los denunciantes presentaron un listado con los nombres de personas que son jefes de unidades y que supuestamente han logrado que la entidad contrate a sus allegados.
Según el documento, el director general labora en la institución junto con sus esposa Alba Beatriz Hernández, destacada en el Concejo Criminológico Nacional.
Hernández también habría conseguido trabajo a dos sobrinas: Andrea y Daniela Hernández. La primera labora en la Oficina de Información y Respuesta (OIR) y la otra es asistente de la dirección.
Se llamó por teléfono al director Rodil Hernández y a dos encargados de comunicaciones, para conocer su versión sobre los señalamientos contra él y el resto de empleados mencionados pero al cierre de esta nota no dieron respuesta.
El sindicato señaló que Manuel de Jesús Sánchez, subdirector general de asuntos jurídicos, también trabaja junto a su cónyuge y dos hijos.
La pareja, identificada solo como Marlene, está en la OIR; sus hijos Keyla Sánchez y Valdín Sánchez Méndez, laboran en la Unidad de Riesgo Control y Planificación.
Esposa de exdirector tiene guardaespalda
El secretario de organización del Sindicato, René Francisco Amaya, manifestó que algunos jefes y exfuncionarios de la institución “han agarrado esto como si fuera una sociedad anónima”.
Amaya señaló que el director de Centros Penales y sus sucesores, Nelson Rauda y Douglas Moreno, entraron a manejar la institución con nepotismo (emplear a parientes o amigos sin importar el mérito, para ocupar el cargo).
“Ellos han sido un trío inseparable, se han ido reciclando … Y Rodil ha ido perfeccionando el nepotismo”, aseveró el sindicalista.
Se denunció que la esposa de Moreno, María Penélope Coreas de Moreno, tiene una plaza de colaboradora jurídica; antes fue Jefa de la Subdirección de Asuntos Jurídicos.
Los sindicalistas aseguran que la mujer tiene asignado un guardaespalda , pagado por la institución, por el hecho de ser pariente del exdirector.
Amaya sostuvo que la mayoría de señalados están en puestos clave, tienen salarios altos y maltratan a los trabajadores. El sindicato pidió al ministro de Justicia, Benito Lara, que destituya al titular.