Desde su creación, los diferentes modelos de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que Honduras promueve para atraer inversionistas extranjeros, han enfrentado a detractores de izquierda, movimientos ecologistas y de ciudadanos que se consideran afectados por la sustitución de autoridades que el modelo traería a los departamentos o ciudades donde este esquema funcionará.
El primer proyecto de ley, conocido como “Ciudades Modelo”, no alcanzó viabilidad por no ofrecer la transparencia necesaria acerca de los posibles inversionistas y por las interpretaciones que los legisladores hicieron para reformar la Constitución de la República.
Luego, surgió el proyecto Regiones Especiales de Desarrollo (RED) que incluía la implementación de tribunales extranjeros dentro de cada región.
Esta versión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en octubre 2012, a petición de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, que argumentó en su momento que las RED vulneraba la soberanía y la forma de gobierno.
Un año después, en enero 2013, el Congreso Nacional reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, para autorizar la creación de las ZEDE.
Los artículo 303 y 329 de la Constitución de la República autorizan el establecimiento de tribunales con competencia exclusiva para las ZEDE, con facultad para adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen igual o mejor los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, previa aprobación del Congreso Nacional.
Esta nueva versión también fue adversada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (liderado por el ex Presidente depuesto, José Manuel Zelaya), ante la Corte Suprema de Justicia, señalando vulnerabilidad al territorio y a la forma de gobierno. La Corte solicitó a la Fiscalía un dictamen sobre “declarar con o sin lugar” el recurso de inconstitucionalidad del Frente. Su respuesta la dio hace dos semanas: “no existe violación a las garantías constitucionales” .
“Las ZEDE son legales, afirma la Fiscalía”, fue el titular que reprodujo la noticia en el periódico “El Heraldo”, el 19 de abril pasado.
Al parecer, la última versión aprobada de las ZEDE viene con blindaje a prueba de cualquier calibre de ataque, a diferencia de sus antecesoras.
Su Ley Orgánica establece que para ser derogadas, modificadas, interpretadas o reformadas se necesitan 2/3 de los votos en el Congreso y un plebiscito. Solo en caso de que proceda la derogación, la misma Ley Orgánica deberá mantenerse vigente durante el plazo que se haya establecido en el contrato con el inversionista o persona natural que opere o resida en la ZEDE.
Incluso, el artículo 45 agrega que el periodo de transición no podrá ser menor de 10 años, y durante ese tiempo se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas.
El objetivo es desarrollar centros financieros nacionales e internacionales, centros logísticos, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, agrícolas, turísticas, forestales u otras formas de desarrollo de inversiones bajo modelos incluyentes.
Expansión, trató de abordar los “niveles de blindaje” o las garantías jurídicas que tienen las ZEDE, en una entrevista con Daniel Facussé, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).
¿De qué manera ayudan las ZEDE a Honduras a atraer inversión extranjera?
Proporcionan marco jurídico estable para la inversión en la zona.
Cada una de las ZEDE tiene leyes específicas para un desarrollo en diferentes áreas, en manufactura, financiera, distribución logística, forestal, energética. Las leyes están acopladas de tal forma para garantizar el desarrollo económico estable, rápido y empleos de forma masiva. Se basa en marco jurídico protegido por la Constitución de Honduras.
¿Este modelo ya no es vulnerable a los señalamientos de los opositores?
Básicamente garantiza que venga el gobierno que venga no se pueden cambiar las leyes de desarrollo económico, porque las ZEDE tienen su propio gobierno y ese gobierno tiene un comité de mejores prácticas integrado por 25 nacionales y extranjeros, connotados miembros de la sociedad que garantizan que se mantengan las mejores prácticas dentro de la ZEDE. Tiene un secretario ejecutivo que las manejan. La ZEDE pueden emitir sus propias leyes y se convierten en entes autónomos.
¿Cómo funciona el gobierno de la ZEDE en este caso?, ¿tiene su propia policía, su propia corte?
Es correcto, así es. Ellos tienen su propio gobierno dirigido por un secretario ejecutivo…
Si un inversionista tiene problemas laborales, ¿quién los resuelve?
Las ZEDE van a tener sus propias leyes laborales y su propia corte. En el tema legal, la forma de solucionar los conflictos es a través del arbitraje interno, pero también con la instancia judicial, con jueces dentro de la ZEDE a sugerencia del comité de mejores prácticas que solicita a la Corte Suprema de Justicia de Honduras que nombre a los jueces. Quien nomina a los jueces es la ZEDE y si los despiden va a ser la ZEDE la que los va a despedir…
Estos jueces y cortes, ¿con base en qué leyes funcionan?, ¿con las de Honduras?
Van a funcionar con base a las leyes de las ZEDE.
¿No son las mismas de Honduras?
No.
¿Qué garantía da eso a los inversionistas?
Es una gran garantía porque las leyes de las ZEDE están orientadas al desarrollo económico. Y todo se resuelve en base a arbitraje en primera instancia y son forzosos y vinculantes.
¿Se basan en normas de la OMC?
Las ZEDE tienen sus propias normas, pero pueden hacer convenios con otros países, o sea, se adoptan las leyes de otros países, un país que tenga una ley muy buena, se adopta y se pueden hacer convenios con esos países.
¿Por ejemplo?
Cualquiera, no puedo poner ejemplos, pero básicamente es autonomía completa.
¿Y eso no va en contra la Constitución?
No.
¿Qué impactos puede causar?
Ahí lo que va a suceder es que habrá reglas y leyes claras, estabilidad legal, además se van a acoger a las mejores prácticas mundiales, vamos a tener los niveles de competitividad más altos del mundo. Esto de las ZEDE es innovador, un montón de gente se va a venir acá por eso.
¿Ya hay empresas aseguradas para que se instalen?
Sí, desarrolladores, de todo, va a arrancar con todo. Van a ser varios.
Esto cambia el panorama y Honduras es el único país que lo tiene a nivel constitucional.
¿Y qué ampara a los inversionistas cuando venga otro gobierno y quiera reformar la Constitución para cambiar las ZEDE?
Es difícil que eso suceda, porque para que quiten constitucionalmente las ZEDE, estas ya están constituidas. La única forma en que se puede deshacer la ZEDE es con tres cuartas partes de la ZEDE al congreso nacional.
¿La misma ZEDE debe estar de acuerdo, no solamente el Congreso?
Sí, está bien blindado.
¿Cuántas ciudades van a operar con este modelo?
Están para poder operar en todo el territorio nacional, pero van a haber localidades que van a ser las primeras a incluir dentro de ZEDE, pero no podemos ahorita decir.
Habrá una cerca de El Salvador, en Choluteca y Lempira a partir de este año. Ahí posiblemente van a ser parte de algunas de las primeras ZEDE.
¿Hay áreas a construir o se trata de zonas francas ya constituidas?
No hay nada de eso actualmente, pero van a ser parte de algunas de las primeras ZEDE.
¿Cuándo arrancan las primeras ZEDE?
Estarán arrancando en no más de seis meses.
Cualquier empresa que quiera puede venir a instalarse dentro de una zona ZEDE y habrá gente viviendo dentro de ellas. Tienen su propio sistema jurídico, económico, legislación.
¿Cuál será el atractivo fiscal?
Hay un esquema, por ejemplo, hay impuestos establecidos en la Constitución de las ZEDE, garantizan a la gente que el impuesto no va a ser alto, son razonables.
El impuesto de la renta a empresas no puede ser más de 16 %, el impuesto de la renta para personas no puede ser más de 12 % y el impuesto sobre ventas no puede ser más de 5 %.
En cualquier parte del mundo son impuestos mas bajos.
¿Comparados con los actuales?
Claro, que en cualquier país centroamericano.