Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic) informó que el paro de transporte de carga se mantendrá durante el fin de semana.
Se calcula que más de 2,000 furgones se encuentran detenidos en diferentes fronteras del país.
El paro se agudizó luego de que la reunión efectuada entre gremiales de la empresa privada y autoridades del Ministerio de Hacienda fuera infructuosa, según comentó Pablo Duran, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport)
A la reunión se presentaron la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Cámara Americana de Comercio (Amcham), la Cámara de la Industria textil, confección y zonas francas (Camtex), Astic y Coexport, entre otros, con el objetivo de pedir que se cancelara temporalmente el pago del impuesto por inspección no intrusiva para así “arreglar el sistema para que fluya como el instructivo lo ha establecido”, según indicó Raúl Alfaro.
Miles en pérdidas
Cada día que pasa, los transportistas reportan pérdidas por el paro. Alfaro comenta que las pérdidas tienen un estimado de 45 mil dólares diarios por frontera. Esta cantidad, explica, podría variar dependiendo de la cantidad de furgones que se encuentren detenidos.
Hasta ayer a las 4:30 p.m. se reportaron alrededor de 1,400 furgones detenidos en la frontera de El Amatillo y entre 600 y 700 en La Hachadura.
Por el momento, no se ha discutido la posibilidad de una próxima reunión para solventar la situación. Alfaro afirma que Hacienda no ha aceptado las propuestas expuestas por las gremiales.
En un principio, consideraron que el análisis elaborado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) sería la solución al problema puesto que el documento respaldaba la posición de los transportistas.
Por otra parte, los conductores de las camiones denuncian anomalías en el cobro, pues aseguran que han pagado el doble, porque además de los 18 dólares, algunos camiones son enviados a una inspección física y les vuelven a cobrar, lo cual causa disgusto porque pagan de su bolsillo.