La oportunidad de la FGR para luchar por el bien

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elsalvador.com

Por Por Carlos Ponce*

2014-01-07 6:03:00

La carrera electoral, a menos de un mes de los comicios, está en su punto más candente y el tema de seguridad, gracias al pésimo trabajo desarrollado por los últimos ministros del ramo, es uno de los principales puntos abordados en la campaña. Los candidatos han dedicado parte importante de sus planes de Gobierno al apartado de seguridad, con unas propuestas más atinadas que otras. Las ofertas de los contendientes denotan marcadas diferencias en relación al nivel de comprensión que cada uno tiene del problema delictual.

A pesar de la obvia ventaja que esto ofrece para el mejor informado, estoy seguro que ninguno de los que compite ha dimensionado la gravedad de la situación de inseguridad que este Gobierno le heredará al siguiente. El tema es complejo y, por ello, trasladar con completa precisión la magnitud del peligro en el que se encuentra el país, no es fácil.

Los políticos, a diferencia de los técnicos, tienden a ver todo en función de su impacto sobre la opinión pública. Los técnicos, por otro lado, generalmente analizan las situaciones de acuerdo a la experiencia y formación que poseen en su disciplina o área de especialización. Muchas veces esto contribuye a la creación de barreras de comunicación entre ambas partes y, por lo tanto, a que los políticos no dimensionen las consecuencias de decisiones contrarias a los criterios técnicos. Esta dinámica se agudiza cuando intervienen asesores de imagen o en comunicaciones, ya que éstos refuerzan la inclinación del político por favorecer la opinión pública sobre los criterios técnicos.

Parte importante de la responsabilidad por las desatinadas iniciativas de seguridad pública en El Salvador, se puede atribuir a esta dinámica. Mano Dura, Súper Mano Dura y “la tregua”, todas son estrategias que, en esencia, buscaban desarrollar actividades orientadas a afectar principalmente la opinión pública, sin realmente resolver el problema delictual. Ninguna tiene un sustento técnico. A pesar de sus similitudes en cuanto a su concepción, existen enormes diferencias en relación a sus consecuencias.

“La tregua” es la más peligrosa, nociva e irresponsable de todas, ya que arrodilló al Estado ante las estructuras de mando de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas que operan en el país, marcando así un nefasto precedente y permitiendo que la clase política alcanzara un nuevo fondo. Las agrupaciones delincuenciales cambiaron la forma en que interactúan con las autoridades, posibilitando así su fortalecimiento y sofisticación delictiva, propiciando nuevos niveles de corrupción e impunidad, y alcanzando mayor influencia y control territorial.

En el mundo político, el poder de la opinión pública siempre opacará la lógica de criterios técnicos. La ciudadanía, consecuentemente, siempre está expuesta a que los políticos opten por iniciativas desastrosas, como pactar con criminales. Aunque se abandone “la tregua” las probabilidades de que se repita en el futuro son altas, ya que la experiencia servirá como justificación para quienes estén evaluando esa posibilidad y les ayudará a no caer en los errores que llevaron a que el oscuro pacto se conociera públicamente en esta ocasión. Cualquier iteración futura de “la tregua” será menos visible y más peligrosa.

La presente coyuntura política y el poder acumulado por las estructuras criminales, hacen más vulnerable al país. No obstante, el momento político también presenta una ventana de oportunidad para evitar que las pandillas empujen exitosamente al nuevo gobierno a una negociación y que “la tregua” trascienda períodos presidenciales. La Fiscalía General de la República cuenta con suficientes elementos para ejecutar capturas y judicializar casos de ilícitos cometidos por quienes participaron en el pacto entre el Estado y cabecillas pandilleros. Esto enviaría un mensaje fuerte y claro que, independientemente de quien gane, ese tipo de acuerdos no se tolerarán y se castigarán. Una acción valiente y decidida de este tipo, agenciaría a la Fiscalía la independencia que quiere proyectar y necesita.

*Criminólogo

@cponce_sv