Los periódicos nacionales destacan el reporte de las autoridades de seguridad pública, según el cual, 2013 ha sido el menos violento en los últimos 10 años. El informe de la PNC señala que el año cerró con 2,490 homicidios. Frente a los 4,362 asesinatos cometidos en 2011 y cuantías similares en años anteriores, el dato es relevante y no puede pasar desapercibido. Lo mismo sucede cuando se contrastan las “tasas de homicidio” entre El Salvador y Honduras. Aunque en ambas naciones se mantiene la “epidemia” que según la Organización Mundial de la Salud (OPS) se presenta cuando el número rebasa los 10 homicidios por cada 100,00 habitantes, resulta trascendente el hecho que, para el caso hondureño, la tasa es prácticamente el doble de la salvadoreña. En cifras concretas se trata de 43.3 muertes violentas frente a 83 del mismo tipo cometidos en Honduras por cada cien mil habitantes, este último dato según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ambas cantidades para el año recién concluido.
En una declaración significativa, uno de los mediadores advierte que la cantidad de homicidios, de no haber existido la tregua entre pandillas y de mantenerse la tendencia que despuntaba para el año 2011, habría aumentado a 5,132. Ciertamente el pacto pandilleril continúa sobre la mesa. Se advierte un claro debilitamiento y un aumento de los detractores, a los que se han venido sumando voces que antes apoyaban la iniciativa, pero las autoridades no lo han declarado como fallido de manera oficial. Indiscutiblemente un número mayor de víctimas habría sido un factor decisivo en las elecciones presidenciales que probablemente tendría a la oposición política muy por encima de su más cercano adversario en las encuestas de opinión pública.
Aún y con la disminución de hechos violentos, la inseguridad continúa ocupando el primer lugar entre los problemas que los entrevistados mencionan como la principal preocupación que debe atender la próxima administración. Asimismo, con la sola “declaración de guerra” que hizo el candidato de derecha contra el acuerdo entre maras, los sondeos le favorecieron de inmediato, rescatándolo del acelerado deterioro que presentaba su imagen. Esta reacción ciudadana era fácilmente predecible debido al rechazo mayoritario expresado por la población hacia el arreglo de las pandillas (véase encuestas de IUDOP y CIOPS al respecto).
El resultado “favorable” para el 2013 en la reducción de homicidios, como bien lo señaló un destacado exministro de seguridad pública, es un factor que no se puede atribuir exclusivamente a las estrategias de las actuales autoridades. Ciertamente deben mencionarse los encomiables esfuerzos de la Policía Nacional Civil por detener el actuar delincuencial. Las capturas de pandilleros han estado a la orden del día, se han decomisado importantes cargamentos de droga y aparentemente se está tras importantes miembros de los carteles que manejan el “negocio” en la región centroamericana.
Mientras tanto, en relación a otro tipo de delitos, es prácticamente nulo el impacto en la disminución de las extorsiones y muy poco o nada lo realizado en materia de prevención de la violencia. Tampoco se han registrado acercamientos serios y permanentes con la empresa privada que resulten en iniciativas conjuntas que permitan obtener al gobierno mejor equipo, policías motivados, un robusto financiamiento y creativas ideas para la rehabilitación de los delincuentes.
Por otra parte, en la propaganda del oficialismo, del gobierno y del candidato, del presidente y de la fórmula presidencial, se destaca únicamente el avance en materia social. Tratándose del final de una administración y de un período electoral, no es extraño que los éxitos se maximicen y se escondan los fracasos. Para los políticos, sobre todo en épocas de campaña, es muy difícil reconocer los desaciertos.
En democracias más avanzadas, en las que los ciudadanos son los principales críticos y contralores de los funcionarios, quienes ejercen el poder, han descubierto en la sinceridad de sus declaraciones un activo valiosísimo que les genera rédito electoral. Simplemente se trata de decir la verdad, de sacar a flote los errores y de plantear las nuevas soluciones que sustituirán a las ya fracasadas. Si a esto se agrega la consulta ciudadana, pero la real y no la que pretende aparentar que se ha tomado en cuenta las recomendaciones de las sociedad civil, las ganancias pueden ser aún más abundantes.
Las administraciones de derecha y la primera de izquierda han abordado el problema de la seguridad de manera deficiente. Lo han hecho principalmente con fines electorales. No han tomado en cuenta el dolor de las familias salvadoreñas y continúan sin proponer soluciones definitivas. Se necesita una dosis de humildad combinada con una de sinceridad para desnudar el mal desempeño en este ámbito y un acuerdo interpartidario y con la población para implementar las soluciones adecuadas.
*Columnista de El Diario de Hoy.