Panamá y España se abocaron a la búsqueda de una solución dialogada sobre el conflicto contractual que amenaza con paralizar la ampliación del canal interoceánico, mientras que las autoridades de la vía se comprometieron a terminar la obra.
La ministra de Fomento de España, Ana Pastor “cuyo país es el mayor inversionista del grupo que construye las nuevas esclusas” se reunió por separado el lunes con los ejecutivos del consorcio, con el presidente panameño Ricardo Martinelli y directivos del canal.
“Lo que estamos haciendo es que las partes se sienten para intentar dar solución y que esta obra tan importante continúe a buen ritmo y se pueda terminar en el período más corto de tiempo posible”, manifestó Pastor a los periodistas tras su encuentro con Martinelli.
La ministra se reunió previamente con los ejecutivos del consorcio Grupo Unidos por el Canal, cuyo mayor accionista es Sacyr Vallehermoso de España.
Pastor y Martinelli admiten que se trata de un conflicto entre un grupo de cuatro empresas privadas y el Canal de Panamá, una entidad independiente del gobierno, pero coinciden en que los intentos de sus gobiernos para hallar una salida son necesarios porque se trata de un problema que atañe a una obra que sirve al comercio marítimo mundial.
Señalaron que la solución dependerá de los acuerdos a que lleguen el consorcio y las autoridades canaleras en el marco del contrato que sellaron en 2009, para diseñar y construir el nuevo carril de esclusas, principal componente de la ampliación.
De acuerdo con Pastor, los ejecutivos del consorcio le expresaron el compromiso de que todas sus reclamaciones las ventilarán en las instancias que establece el contrato y que contempla como última vía un arbitraje internacional.
De hecho, ya existen dos litigios en disputa por sobrecostos multimillonarios formulados por el grupo.
“Y también que se van a sentar y a dialogar para resolver todos los problemas”, agregó la ministra.
Los representantes del grupo no formularon declaraciones. No quedó claro si ese compromiso implicaría la posibilidad de desistir a una suspensión del proyecto.
Por su parte, el administrador del Canal, Jorge Quijano, se comunicó el lunes con representantes de los países usuarios y de la comunidad marítima en un esfuerzo por calmar preocupaciones o dudas sobre la conclusión de la obra.
“Estamos trabajando en resolver este impasse de la mejor manera posible en el marco jurídico del contrato para garantizar que el programa de ampliación sea completado”, expresó en un comunicado de la entidad.
El consorcio envió el 30 de diciembre una carta de preaviso a la Autoridad del Canal, en la que expone serios problemas financieros en el proyecto y da un plazo de 21 días a las autoridades para alcanzar un acuerdo que le reconozca costos extraordinarios por 1.600 millones de dólares. El grupo advierte que de no obtener respuesta, paralizará los trabajos.
Las autoridades canaleras han insistido al grupo que sus reclamos deben ser ventilados por las instancias contractuales y ha expresado su esperanza de que cumpla con el compromiso de terminar la ampliación, que de manera general lleva un adelanto de 72%.
En el caso de la construcción de las nuevas esclusas, los trabajos alcanzan el 65%, según las autoridades.
Sin embargo, el plan ya sufre atrasos. Su culminación, que se había programado originalmente para octubre del 2014, ahora está prevista para que termine en junio 2015.
El costo original de la ampliación se estableció en 5.250 millones de dólares.
El consorcio liderado por Sacyr se adjudicó la licitación de las nuevas esclusas en 2009 al proponer un precio de 3.118 millones de dólares. Las autoridades dicen que ya han pagado el 62% del contrato.