La Corte de Cuentas de la República (CCR) cumplió a medias, ayer, la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de reinstalar a 43 empleados que fueron cesados el mes pasado sin darles derecho de audiencia y defensa.
El miércoles anterior, los magistrados constitucionalistas —tras admitir los recursos de amparo presentados por los afectados— ordenaron al ente contralor reinstalar a los despedidos, mientras estudian las demandas y emiten un fallo definitivo.
Los trabajadores se presentaron ayer a la Corte de Cuentas y la mayoría, según delegados de la Asociación de Empleados de la entidad, se instalaron en los puestos que ocupaban hasta la fecha en que los destituyeron.
No obstante, hubo irregularidades que contrastan con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, que ordenó que si hay nuevos empleados en los cargos, el ente debe garantizar que los antiguos trabajadores permanezcan en las plazas que tenían o en una categoría similar, siempre que no implique desmejoras ni traslados que atenten con sus derechos laborales.
Lo anterior, sin embargo, no fue lo que ocurrió con Ever Romero, quien desempeñaba el cargo de subjefe de la oficina regional de la Corte de Cuentas en San Miguel.
Según el empleado, el director de Recursos Humanos, José Romero Tobar, le llamó ayer para decirle que, por orden del presidente de la CCR, Rosalío Tóchez, le “ofrecía” una plaza (no le explicó cuál) en la sede de San Salvador.
El funcionario, a decir de Romero, también le pidió que le presentara un escrito en el que manifestara que acepta dejar la oficina oriental.
“Estoy a 180 kilómetros de mi casa, porque vivo en Santa Rosa de Lima (La Unión) y difícilmente voy aceptar una situación así: me ofrecen otro puesto que no es el que ocupaba y aparte (Tóchez) me está trasladando”, denunció.
El denunciante aseguró que la propuesta del director de Recursos Humanos se debe a que han contratado a dos personas que ya están ocupando los cargos de jefe y subjefe regional de San Miguel.
Romero señaló que la entidad le está violando sus derechos, por lo que acudirá a las instancias correspondientes para denunciar el caso, que incluiría una demanda en la Fiscalía General, contra Rosalío Tóchez, por desacato.
Representantes de la Asociación de Empleados de la CCR también denunciaron que la dirección estaría presionando a algunas personas que fueron reinstaladas para que firmen un contrato con menos salario.
En su resolución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenan al ente contralor “garantizar que las autoridades procedan al pago íntegro del salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario que les corresponda a los peticionarios de conformidad con el trabajo que desarrollan –con los respectivos descuentos legales que les son efectuados”.
Destituyen a asesora
Mientras decenas de empleados de la Corte de Cuentas regresaron ayer a la institución para retomar sus puestos de trabajo, los miembros de la seguridad del ente contralor impidieron el ingreso de una trabajadora.
La mujer, quien según la Asociación de Empleados, se desempeñaba como asesora de la presidencia de la CCR, dijo no haber recibido una explicación de por qué no la dejaron entrar; calificó la acción como un “despido de hecho”.