El 20 de diciembre de 2013, la Constitución de la República de El Salvador cumplió 30 años de vigencia. Iniciamos un nuevo año con muchas expectativas, respecto al protagonismo que en los próximos meses podría volver a cobrar este importante instrumento rector de la vida jurídica de muestro país, ante la tentación de sectores, que como en el año recién pasado, intentaron manipularla e interpretarla a su antojo y conveniencia.
Es un buen momento para reafirmar nuestra firme convicción de que el contenido de la Carta Magna son las reglas generales que gobiernan a un pueblo y que esas reglas jamás pueden, ni deben estar supeditadas al capricho o arrebatos de nadie.
En la medida que respetemos la Constitución; contribuimos al fortalecimiento, la armonía y el progreso de los pueblos. Por eso, la importancia de motivar desde estas líneas a aquellos que en un momento pensaron en manipularla o tergiversarla, a que desistan, ese error histórico no debe ocurrir nunca más.
En el año recién pasado fuimos testigos del momento trascendental que está viviendo nuestro proceso de democratización con el protagonismo que despertaron los temas constitucionales. Aspecto que se acentuó con las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
ARENA con su visión, concepción y principios democráticos, siempre ha respetado los fallos, aun cuando se esté completa o parcialmente en acuerdo o en desacuerdo con ellos. Los fallos de la Sala pueden ser controversiales, pero siempre deben acatarse, porque son de obligatorio cumplimiento.
Hubo sectores que se resistieron a cumplirlas o mejor dicho desobedecerles por la costumbre de querer vivir siempre al margen de las leyes. Fueron evidentes las reiteradas polémicas resultantes de dicha aplicación, que sin lugar a dudas contribuyeron a darle a la Constitución una presencia en el debate público que nunca antes había tenido y concientizar a los salvadoreños de lo que significa el Estado de Derecho en todos los ejercicios de la vida nacional.
El 26 de abril de 1982 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente que tuvo la responsabilidad de redactar nuestra Carta Magna; tarea que no fue fácil, el pueblo debió acudir a las urnas bajo las balas para elegirla debido al conflicto interno.
La Constituyente estuvo conformada por un grupo de hombres y mujeres valientes, presidida con mucha sabiduría por el mayor Roberto d’Aubuisson, quien asumió el enorme compromiso y la visión de guiar los esfuerzos para la elaboración exitosa del texto constitucional que hoy nos rige.
Los constituyentes por primera vez reconocieron a la persona humana, como el origen y el fin de la actividad del Estado; establecieron como obligación del Estado asegurar el goce de la libertad, que es fundamental para el desarrollo del individuo, privilegiando la seguridad jurídica y el bien común.
Se estableció además, un sistema político republicano, democrático y representativo, que concede los espacios necesarios al pluralismo ideológico y al goce de la libertad en todas sus expresiones. La Asamblea Constituyente se posicionó en el tiempo al establecer cláusulas pétreas, que son enunciados que no pueden reformarse como es la forma y el sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternancia en el ejercicio de la Presidencia.
Estos principios alcanzan mayor relevancia cuando vemos en algunos países latinoamericanos cómo gobernantes de turno utilizan la democracia para promover reformas constitucionales con el único objetivo de perpetuarse en el poder.
Debemos permanecer vigilantes ante esa corriente de regímenes dictatoriales disfrazados de democráticos, debido a que la alternancia en el ejercicio del poder es inherente a la democracia.
Debemos incluso, demandarle al Presidente de la República, el estricto cumplimiento del artículo 168 de la Constitución, numeral 3, que lo manda a procurar la armonía social. Toda acción que tienda a dividir a la sociedad y abusar del poder para ponerlo en contra de la oposición democrática y prevalecerse del cargo para hacer política partidaria, conlleva entonces, a una violación flagrante de la Constitución, que debe ser denunciada, castigada y corregida de inmediato, porque debilita la institucionalidad democrática del país.
*Vicepresidente de la Asamblea Legislativa.