Funde: en algunos casos puede ser legal, pero no legítimo

Roberto Rubio quita validez a justificación del gobierno de que también anteriores emplearon a sus familiares.

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Quijano saluda a comerciante de Nueva Concepción, donde prometió combatir el crimen. Foto EDH/ Mario Amaya

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2014-01-04 9:00:00

Para el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y representante de Transparencia Internacional en el país, Roberto Rubio, la contratación de parientes en instituciones públicas no es algo nuevo, pues lo hicieron otros gobiernos y también lo hace el actual, pero el punto es que en algunos casos no es ético aún cuando sea legal.

La diferencia entre lo legal y lo ético, a decir de Rubio, se encuentra en que hay casos que se vale contratar a un pariente cuando este cumple los méritos para el puesto y ha seguido el camino de la ley de la carrera civil para alcanzar ese cargo.

“Si él (familiar) sigue la carrera civil y llega por sus propios méritos, no le veo ningún problema que esté en la administración pública, sí es un problema que esté en su ministerio porque se presta a (que digan del que contrata) que usted tiene ciertos favoritismos”, dice.

Otro ejemplo que pone Rubio es que de repente llega un pariente que por ejemplo, tiene el oficio de cosmetóloga y “pega un salto a directora de una institución” por lo que vale preguntarse “a qué se deben esos saltos”.

Por eso, afirma, en algunos casos la contratación de estas personas puede ser algo legal, pero no legítimo.

Para Rubio tampoco es válido que el gobierno actual justifique esa práctica en que también lo hicieron gobiernos anteriores y nadie lo cuestionó. “Eso es como decir: como el anterior era bolo yo voy a seguir siendo bolo; como el anterior era asesino yo voy a seguir siendo asesino. Ese argumento para mí no tiene validez”, criticó.

Por eso, agrega, el país necesita la ley de la función pública, cuyo anteproyecto ya está listo y fue presentado en noviembre pasado. Ante la ausencia de esta normativa, la contratación de personal para cargos públicos depende “mucho de la discrecionalidad del funcionar que tiene el poder, ya sea en su oficina o fuera”, dice.

En ese sentido dijo es necesario que la Asamblea Legislativa revele quiénes son los asesores contratados, pues no hacerlo abre la duda de si algunos han llegado allí por el hecho de ser parientes, por su militancia partidaria o por algún pago de favores.