La amplitud de los servicios financieros que ofrece la red bancaria nacional comienza a penetrar al ritmo del avance de las tecnologías móviles para facilitar transacciones, reducir procesos y optimizar tiempos.
Pero este modelo, donde coinciden la participación de múltiples entidades, requiere de un marco legal, el cual ya está listo y a la espera de que el Ministerio de Hacienda (MH) le dé iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, confirmó el Banco Central de Reserva (BCR).
En este sentido Evelyn Marisol Gracias, jefa del departamento de Normas del Sistema Financiero, detalló que buscan extender la normativa a entidades no reguladas, es decir, aquellas que no están fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
En la propuesta se establece que aquellas instituciones o empresas que quieran prestar el servicio de banca móvil deberán, primero, crear una nueva entidad, y será esta la que se someterá a todo el proceso de autorización ante el regulador.
“Se trata de regular todos los servicios financieros móviles que se diferencian, como transferencias electrónicas de bajo valor o diversos servicios que ya brinda en particular un operador de telefonía (caso Tigo Money)”, indicó Gracias.
Así, como parte de la propuesta se desarrollará un “mecanismo” para que las empresas realicen una transición, ya que al momento de entrar en vigor la ley muchas entidades continuarán sus operaciones, mientras que, legalmente, concluyen todos los procesos de forma paralela.
“Queremos que continúen sus operaciones, mientras, paralelamente se cumplen con los requisitos para convertirse en entidades reguladas”, subrayó la funcionaria del BCR.
Otra parte de este proceso se enfoca en asegurar que se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, sobre todo en relación a las aplicaciones móviles (Apps), su diseño y que cada una de las transacciones se realice bajo los estándares globales.
“Los temas relacionados con la seguridad y la protección del usuario en cada transferencia monetaria también son parte de la propuesta. Cada aplicación debe ajustarse a estos criterios”, detalló Gracias.
Un estudio de la Superintendencia detalló que el número de personas que poseen uno o más productos en el sistema financiero del país, al 31 de diciembre de 2011, era de 948,223, cifra que representaba un 49.66 % de la Población Económicamente Activa. El restante, el 50.34 %, se constituye como un mercado potencial que podría acceder a servicios financieros por medio de su teléfono móvil, sumado a los que ya poseen algún producto financiero.
¿Qué se podrá pagar?
De aprobarse pronto la ley que permitirá la banca móvil en El Salvador, transacciones corrientes como la compra de un sorbete o una golosina será posible solo con pasar un teléfono celular por un lector de pago electrónico instalado en la tienda o almacén en donde se adquiera.
En algunos países de la región ya hay lugares donde es posible, por medio del celular, pagar el bus, taxi o realizar transferencias de dinero entre personas y comercios.
Usura, tema pendiente
La funcionaria del BCR reveló, además, que dentro de la institución ya valoran la posibilidad de realizar diversas reformas a la Ley de Usura, con la cual disminuirían los intereses en los créditos y aumentaría la capacidad de pago del deudor.
Dicha decisión se debe a que, cuando entró en vigor el marco legal, el BCR les indicó a los parlamentarios de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, que entidades no supervisadas inscribieron tasas de interés altas, circunstancia que afectó el cálculo de los promedios que sirven como techos máximos y referencias para los intereses que cobran.
Por ende, al registrar tasas altas, las tasas máximas también son elevadas.
“Queremos corregir ese punto para que la ley se cumpla en todo sentido. Es un tema fundamental para evitar distorsiones en las diferentes tasas”, recalcó Gracias.
Sin embargo, el Banco Central de Reserva aún no maneja una fecha para presentar el proyecto de reformas, las cuales también deben de contar con el aval de la SSF y de otros entes supervisores.
La Ley establece que el BCR calculará el techo máximo de interés para todo tipo de crédito, con base al factor de 1.5 %. Además, los prestamistas deberán registrarse en el BCR para continuar con sus negocios, de lo contrario serán sancionados, conforme al Código Penal y otros marcos legales.