Las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos que los diputados aprobaron en diciembre y que la Presidencia de la República tiene bajo análisis incrementarán la burocracia, los costos de las empresas y marginarán al país de las mejores prácticas internacionales en esa materia, opinó el especialista José Luis Rojas.
Rojas formó parte del grupo de consultores mexicanos que, en 2006, puso en marcha en Colombia una normativa contra el lavado de dinero y el terrorismo.
El especialista dijo que si bien las reformas a la ley salvadoreña incluyen a los partidos políticos como sujetos de la misma, dejan por fuera a los políticos y a las campañas políticas.
Este es uno de los vacíos del paquete que los diputados aprobaron el 5 de diciembre.
A fin de sintonizar al país con los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las reformas establecen que la legislación será ahora aplicable también a las empresas no financieras y no solo a las financieras, como se venía haciendo.
Las compañías deberán ahora reportar operaciones “sospechosas” por encima de 10 mil dólares, lo cual, según Rojas, va en línea con las prácticas internacionales. Sin embargo, en otros países como España, Colombia y México, solamente se reportan las operaciones realizadas en instrumentos monetarios.
En el caso de El Salvador, en cambio, las reformas señalan que se deberán reportar todas las operaciones, independientemente de si son hechas con instrumentos monetarios o no monetarios.
“La creencia mundial es que todo aquello que se maneja con cheque o con transferencia electrónica, eso en teoría ya no es reportable porque se supone que el banco, o cualquier institución financiera, ya hizo su debida diligencia de investigar a ese cliente y esa transacción”, explicó Rojas.
El oficial de cumplimiento
En consonancia con la inclusión de las empresas no financieras, los diputados también aprobaron la obligatoriedad de que estas nombren un oficial de cumplimiento de la ley.
A diferencia de la práctica internacional, en El Salvador, cada empresa debe nombrar un oficial y no se permite que un grupo de empresas pueda nombrar un solo oficial, cosa que sí se permite a los bancos.
Rojas hizo dos propuestas: primero, que se cree un comité de cumplimiento y no un oficial, y segundo, que este pueda ejercer para varias empresas de un mismo grupo.
“Otra falla relacionada con el oficial de cumplimiento es que las reformas dicen que debe tener conocimiento de criminalística, de lavado de dinero, de terrorismo, de narcotráfico, y que deberán tener por los menos tres años de experiencia en áreas relacionadas. Entonces, yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar suficientes oficiales de cumplimiento en El Salvador”, cuestionó Rojas.
Adicionalmente, las reformas legales señalan que estos oficiales de cumplimiento deberán estar certificados por la Fiscalía que, según el experto, aún no tiene los mecanismos para cumplir con esa función.
Otra de las observaciones de Rojas tiene que ver con la frecuencia con la cual las empresas tienen que reportar las operaciones superiores a 10 mil dólares a la Fiscalía.
En países como Estados Unidos, estos reportes deben hacerse cada tres meses, mientras que las operaciones sospechosas se deben reportar cada mes.
En El Salvador, en cambio, las reformas señalan que las compañías deberán reportar cada semana, lo cual representa una carga de trabajo mucho mayor.
Rojas ha venido al país para impartir una conferencia sobre la ley de lavado de dinero, que se realizará la próxima semana. El foro es organizado por la firma de auditoría y consultoría Grant Thornton.
El socio director presidente de Grant Thornton en el país, Jaime Pérez, dijo que “todo país tiene que entrar a cumplir con las recomendaciones del GAFI, el tema es que se haga al menos con los estándares que otros países lo están haciendo, que no se vuelva burocrático”.