Este año los transportistas pagaron aproximadamente tres millones de dólares mensuales como pago de extorsiones; lo que equivale que al cierre de 2013, esto represente $36 millones, de acuerdo con la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans).
La gremial aseguró que este montó fue pagado por los transportistas de las 10,500 unidades que hay en todo el país.
En palabras de los buseros: “este año el problema se agudizó”. En 2012, el sector estima que pagó $18 millones.
Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans, acotó que el sector continúa siendo “acosado por las extorsiones”.
Una opinión que secunda el presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano; quien aseguró que las extorsiones aumentaron en un 50 %, respecto al año pasado.
“Se pusieron más estrictos (los mareros) que exigieron el 100 % de lo que se estaba dando de cuota de extorsión, al igual que el aguinaldo”, comentó.
Los transportistas dijeron que este mes deben pagar hasta el triple de la renta, debido al “aguinaldo” que exigen los grupos delincuenciales.
Miranda y Soriano coincidieron en que este delito está dejando en números rojos al sector transporte público.
El dirigente de Fecoatrans estimó que el 98 % de los transportistas ha “lidiado” con este problema durante 2013.
Mientras el representante de ATP dijo que este año 50 rutas de buses y microbuses realizaron paro de labores en protesta a las extorsiones y al poco accionar de las autoridades de seguridad.
El nuevo sistema de transporte público del Viceministerio de Transporte (VMT) busca eliminar este problema, a través del uso del cobro electrónico, el cual incluye el botón de pánico en las unidades.
Este “botón” pretende alertar a la Policía Nacional Civil (PNC) mediante una sofisticada red de monitoreo de posibles robos, asesinatos y cualquier otro delito que se cometa en las unidades.
Sin embargo, el presidente de Fecoatrans explicó que las maras han diversificado las formas de exigir el pago de la renta.
“El último reporte de ayer, fue que en ciertas zonas llegan (los mareros), se suben dos individuos y como si fuera una requisa, se llevan los documentos (de motorista) hasta que paguen la renta; después que hace el depósito a la cuenta de un banco, le regresan esos documentos”, acotó.
Por rehusarse a pagar las extorsiones, Miranda aseguró que han muerto 33 motoristas. Esta cifra no incluye al resto de personal, como vigilantes, despachos, supervisores, empresarios, mecánicos y cobradores. El año pasado fueron 30, según sus registros.
Soriano explicó que debido a la falta de un plan de seguridad eficiente, la renta se ha ido incrementado cada mes.
“Por ejemplo, una ruta que le pedían mil, de repente piden $1,500, a mediado de año piden $500. Una ruta que daba mil dólares, ahora da dos mil dólares, sobre esos dos mil dólares, tuvieron que pagar otros dos mil como aguinaldo”, denunció.
Temor a denunciar
Para el transportista el Gobierno “nunca ha tenido un programa que dé certidumbre a las personas extorsionadas”.
“Hemos tenido casos que se ha ido a denunciar y a los cinco minutos están llamando (para reclamar porque ) ha ido a la Fiscalía y a la Policía. (Amenazan) que eso pone en riesgo su vida o incrementan la extorsión”, narró.
Miranda aseveró que las denuncias por este delito han bajado debido a la falta de confianza que los transportistas tienen del sistema de seguridad. “Por temor, los empresarios ya no denuncia. Tienen suficientes denuncias (PNC) y los resultados han sido pocos”, dijo.
Según el presidente de ATP, este año no han tenido asesinatos de motoristas o cobradores en esa gremial. Pero esto se debe a que han desistido de hacer denuncias y pagar la renta.
Aseguró que el número de muertes del año pasado eran debido a que los buseros se negaban a pagarle a los mareros: “Pero al ver la falta de un programa o de un proyecto de seguridad se optó por no denunciar, porque si usted paga no tiene ningún problema”.
De cara a las elecciones presidenciales, Miranda pidió al siguiente gobierno electo que abra planes de financiamiento para implementar un nuevo sistema de transporte público que satisfaga las necesidades de los usuarios.
Este año también cerrarán con “saldos rojos”, según los transportistas. Esto debido a que los costos de operación se elevaron.
Catalino Miranda dijo que una de las principales causas son los trabajos que simultáneamente ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la red vial.
Desde abril, el Gobierno inició con la construcción del primer tramo para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Gremiales como AEAS, ATP y Acopatt, Ruta 29, han denunciado que los congestionamientos que provocan los trabajos representan un incremento de hasta el 30 % en gasto de combustible.
Esos inconvenientes en el flujo vehicular se ve reflejado en los balances económicos que hace la gremial Fecoatrans.
“De nadie es desconocido lo que ha sucedido con el cierre de las principales arterias por los trabajos en la red vial; ha llegado hasta en un 40 % en el día los costos operacionales, debido al gasto de combustible, por la ejecución de las megaobras del gobierno”, dijo Miranda, quien es miembro de la empresa formada por buseros Sistema Integrado Prepago ( Sipago).
El presidente de Fecoatrans afirmó que el gremio también ha sido afectado porque no ha habido un aumento en el pliego tarifario.
El transportista aseguró que el Gobierno debe implementar una política de compensación que haga rentable al sector. Argumentó que con los $0.20 que cobran actualmente de pasaje no pueden mejorar el servicio en las unidades de transporte, tampoco pueden acceder a créditos bancarios.
Es por ello que Miranda pide al gobierno electo a que abra planes de financiamiento para darle vida a un nuevo sistema de transporte público, más moderno y que dé un mejor servicio. “Muchas empresas hemos tenido que sacar créditos millonarios a largo plazo para vivir esta etapa de crisis que el sector actualmente está viviendo”, dijo Miranda. Además, pidió al próximo Gobierno que genere un ambiente estable para que los empresarios de transporte puedan renovar flotas, modernizar los mecanismos, instrumentos y técnicas que permitan brindar eficiencia en los procesos.
Además exigen establecer políticas en materia de seguridad, ya que en los últimos cinco años el sector ha sido víctima de la delincuencia y el crimen organizado.