COLOMBIA. En vísperas de su segundo aniversario al frente de la alcaldía de la “Bogotá humana”, el excongresista y exguerrillero del M-19 Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría durante 15 años por su “absoluta incapacidad” al desprivatizar el servicio de recolección de basuras.
Petro, quien llegó a la alcaldía de la capital colombiana el 1 de enero de 2012 en representación del movimiento Progresistas, ha sido objeto de investigaciones judiciales y disciplinarias desde la llamada “crisis de las basuras” del año pasado.
La Procuraduría sancionó a Petro por haber vulnerado “el principio de libertad de empresa” y puesto en riesgo “el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá”, según una declaración leída por su titular, Alejandro Ordóñez.
La destitución e inhabilitación del alcalde Petro obedece al hecho de que desde el 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá estuvo inundada de basura por las dificultades para que entrara en vigor un nuevo sistema de recogida decidido por la alcaldía.
El alcalde no renovó el contrato de cuatro operadores privados y puso la tarea en manos de un operador público, que acabó necesitando la ayuda de las anteriores empresas.
La Procuraduría inició la investigación disciplinaria contra Petro el pasado 16 de enero.
En el fallo conocido ayer, el procurador alegó que la crisis que sufrió Bogotá fue causada por la “absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo”. “Se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”, dijo el procurador.
El segundo cargo público más importante de Colombia por detrás del presidente presentó en octubre pasado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por la persecución política de la que supuestamente era objeto por parte del procurador general, Alejandro Ordóñez.
Ordóñez también alegó que, con la decisión de Petro, “se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia”, ya que, según el fallo, se “impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas no prestaran el servicio de aseo”.
La decisión del Ministerio Público es un fallo en primera instancia, al que Petro puede presentar un recurso de reposición que será resuelto por el mismo procurador, que si mantiene el fallo, llevaría a la convocatoria de elecciones entre mediados y finales de febrero para elegir nuevo alcalde.
Un grupo de ciudadanos y de organizaciones también promovió la destitución de Petro por considerar que ha hecho una mala gestión, sin solución a los problemas de la ciudad como el caos en el tráfico y la inseguridad.
El ahora destituido funcionario calificó la decisión de la Procuraduría como un “golpe de Estado” y pidió a los habitantes de la ciudad una movilización pacífica.
Ordóñez no indicó si la destitución era inmediata, pero el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry aclaró, en diálogo telefónico, que el alcalde seguirá despachando desde la Alcaldía hasta tanto la decisión quede “en firme” o que el fallo de la Procuraduría sea ratificado, lo que puede demorar varias semanas, opinión en que coinciden otros constitucionalistas.
—AGENCIAS.