Referirme en dos ocasiones a un mismo tema no es mi estilo, pero me veo en la obligación de hacerlo porque el derecho a la libertad de los salvadoreños está siendo pisoteada y lo más grave es que el responsable de violentar ese sagrado derecho constitucional es el mismo Presidente de la República.
En un artículo anterior, motivado por mi contacto permanente con las comunidades, le trasladé al Presidente el clamor popular, demandándole que actuara con sensatez para que permitiera que fueran los salvadoreños en total libertad, quienes decidieran pagar el transporte público con tarjeta o en efectivo.
La respuesta, sin embargo, fue en contra de los ciudadanos, en contra de la libertad. Vetó el decreto legislativo aprobado el pasado 7 de noviembre, que concedía a nuestros compatriotas el derecho a elegir en libertad, tal como lo mandata nuestra Constitución de la República.
Con este veto, se pretende obligar a pagar el transporte público únicamente con tarjeta pre pago, porque según los argumentos de la Presidencia, “no es conveniente afectar un nuevo sistema de cobro que vendría a modernizar el transporte público de pasajeros”.
Pregunto: ¿A quién beneficia este sistema de pago, a la gente o los intereses económicos de grupos de poder? ¿Por qué exigirles a los más pobres tener un depósito en tarjeta cuando apenas les alcanza para pagar un pasaje? ¿Dónde está la modernización del transporte? ¿Por qué violentar el derecho a decidir que tienen las personas?
No tengo duda que con este veto, se abren las puertas para que un reducido grupo de poder, pueda golpear al más débil para financiar su negocio, esta es una actitud inaceptable, que en representación de los más pobres me permito denunciar.
Es triste escuchar a funcionarios del vice ministerio de Transporte argumentar que el dinero recolectado del cobro con tarjeta irá a parar a un fideicomiso, que es la garantía que exige Brasil a los transportistas para financiar la renovación de los autobuses. Es intolerable que por un negocio se afecten las libertades de los salvadoreños.
Reitero mi apreciación, de que toda modernización debe estar al servicio de las mayorías y nunca debe utilizarse como un mecanismo para coartar y violar las libertades individuales de las personas, contenidas en una diversidad de artículos de la Constitución, entre ellos el número 10 que expone: “la ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad”. Pregunto: ¿Es entonces esta una nueva inconstitucionalidad?
Permitir el pago del transporte público con tarjeta y en efectivo es respetar el derecho a la libertad de las personas, sin duda alguna permitiría avanzar en la modernización, pero sobre todo evitaría institucionalizar la corrupción. Este es el esquema de los países desarrollados.
No escuchar el clamor popular es condenable. Hemos sido testigos de ciudadanos agredidos por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por rechazar el pago único con tarjeta; en las redes sociales, en las calles y en diferentes sectores de la vida nacional se incrementan las protestas porque nadie puede imponer a otros la forma de cómo gastar su dinero.
A pesar de esta vorágine de incertidumbre y desaciertos, no todo está perdido, existe todavía la oportunidad de que la Asamblea Legislativa supere ese veto. Se requieren 56 votos de los diputados para que retorne la esperanza de que seamos un pueblo libre, un pueblo al que ninguna ley puede obligar a estar de rodillas.
Basta que los salvadoreños exijan al Órgano Legislativo a cumplir con su misión de legislar en favor del pueblo, a demandar que los diputados que en este momento puedan estar a favor del veto comprendan que no deben atropellar a los más pobres.
Albergo la esperanza que prive la justicia social, la solidaridad y el amor por los mas débiles y que juntos superemos ese veto, que ha privilegiado los intereses de los grupos de poder sobre el interés social de los más pobres.
*Vice-presidente de la Asamblea Legislativa.