De acuerdo con Odir Miranda, presidente de la Asociación Atlacatl, el Estado salvadoreño ha incumplido dos de los acuerdos adoptados luego de la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negárseles terapia antirretroviral a las personas con VIH en 2000.
Se trata de la reforma a la Ley de Procesos Constitucionales y la entrega de dos mil dólares a cada persona afectada y que firmó la denuncia.
Miranda manifestó que hay unos $32 mil que algunas de las personas que firmaron la demanda no reclamaron y ese dinero aún permanece en las arcas del Estado.
“Ese dinero ya debió haberse ejecutado porque la fecha que se determinó era dos años después. Si las personas no reclamaban ese dinero, eso debía haberse ejecutado en acciones de prevención de las personas con VIH”, agregó Miranda.
La reforma de la ley es para agilizar los procesos. “Uno de los puntos cuestionados en el país fue la justicia, en el caso de la Corte Suprema Justicia tiene procesos ágiles para declarar medidas cautelares en el caso de vida o muerte. Una debilidad que se tardó la Corte fue dos años en resolver la demanda”, acotó Miranda.