VENEZUELA. A diez días de los comicios municipales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, endureció ayer su lucha por controlar los precios anunciando nuevos topes a los alquileres comerciales y amenazando con detener a quienes remarquen los productos, en medio de una “guerra económica” que busca domar la galopante inflación.
Como parte de su ofensiva, el mandatario ya había ordenado la fiscalización de miles de comercios y procesado a un centenar de empresarios, lo que produjo largas colas de compradores, saqueos aislados y consumidores contentos.
En cadena de radio y televisión desde la casa de gobierno, Maduro anunció la aprobación del decreto que establece que el canon de “arrendamiento no podrá exceder de un monto mensual de 250 bolívares (39.6 dólares) por metro cuadrado”.
“Lanzo este decreto porque esto es urgente y para evitar que se desaten las fuerzas especulativas”, resaltó.
El decreto además establece que queda prohibido el arbitraje privado y será el Ministerio de Comercio el encargado de dirimir los conflictos de arrendamientos, las resoluciones unilaterales y las medidas cautelares de secuestro de bienes o la administración de esos contratos por empresas extranjeras.
Hace dos años, el Gobierno venezolano, entonces encabezado por Hugo Chávez, aprobó una ley de Arrendamientos de Inmuebles Urbanos, la cual fue rechazada por los propietarios.
Maduro, acosado por una inflación de 54.3 % acumulada en los últimos 12 meses, ha dicho que son necesarias nuevas regulaciones para combatir la que ha denominado la “guerra económica” que según él empresarios y adversarios políticos han desatado para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.
El gobierno le dará “un nuevo orden a la economía… siempre apegados a la Constitución, respetando y haciendo respetar las libertades económicas y los derechos humanos de las grandes mayorías que viven de su trabajo”, indicó.
Maduro comenzó a aplicar desde comienzos de noviembre inspecciones a comercios “para consolidar los precios justos contra la usura capitalista”.
Decenas de comercios han reducido sus precios hasta un 70 % y ante el despliegue de las autoridades muchas cadenas han optado por aplicar descuentos voluntarios. El gobernante anunció que las inspecciones serán permanentes.
Maduro destacó que hasta ahora se han fiscalizado 87 grandes centros comerciales y agregó que de 1,705 locales comerciales inspeccionados, sólo 24 no registraron problemas de remarcación de precios y especulación.
Advirtió que será implacable contra aquellos empresarios que tras recientes inspecciones vuelvan a subir los precios.
Añadió que a partir de hoy “todas las inspecciones que se hagan y se demuestre que… siguen cobrando precios especulativos, se actúe con toda la severidad de la ley y por ser delitos capturados en flagrancia, se proceda con la Fiscalía y la ley a detener a los responsables”.
Maduro, en uso de los poderes especiales que le otorgó recientemente la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo para emitir decretos con fuerza de ley por un año, promulgó dos normas que refuerzan los controles del gobierno sobre la agobiada economía venezolana.
Una de esas leyes se refiere al control de costos, ganancias y precios en la venta de todos los productos y la otra garantiza el control estatal de las importaciones, centralizado en un nuevo organismo, el Centro Nacional de Comercio Exterior, que dirigirá la política de administración de divisas, de importaciones y de estímulo de las exportaciones.
Como complemento, Maduro ordenó la revisión a fondo de todas las empresas privadas registradas para la adquisición de divisas y se estableció la obligación de firmar contratos de “fiel cumplimiento de su uso”. Eso significa que el empresario tendrá que probar que el producto llegó al país, se informó.
Venezuela es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados que se consumen en el país, según cálculos de la encuestadora local Datanálisis. Durante 2012 las importaciones alcanzaron casi 60,000 millones de dólares.
Contra los reincidentes
En un Consejo de Ministros transmitido en cadena obligatoria de televisión y radio, el presidente pidió a “todos los organismos del Estado que hacen justicia” que se proceda inmediatamente.
“Hay que ser muy firmes ante los reincidentes”, dijo tras recordar que ayer se cumplían 23 días desde que inició “la ofensiva económica” para bajar los precios de los productos con la orden de ocupar una red de tiendas de electrodomésticos a la que acusó de especular.
Maduro ordenó entonces inspeccionar las tiendas de ese ramo económico para verificar los márgenes de ganancia, algo que fue ampliando a otros sectores en los que se han ido haciendo los mismos operativos para establecer lo que el Gobierno considera “precios justos”.
“Hay factores que creen que pueden volver a remarcar los precios y no va a pasar nada, hay factores que creen que pueden especular y que no les llegará la inspección”, dijo el venezolano.
El mandatario indicó, asimismo, que a lo largo de estos días se ha encontrado sobreprecio de 800 % y hasta de 1000 % y acusó a la “burguesía parasitaria especuladora y ladrona” de ser causante de una “guerra económica” contra su Gobierno.
“Se ha disparado una dinámica económica por actores económicos que asumen una posición política a través de un golpe llamado suave que de acuerdo a sus cálculos debería entre octubre y noviembre llevar a nuestro país al caos social, a la desesperación económica de las mayorías y a una crisis política de cálculos inimaginables”, aseguró.
Acusa a la oposición
El gobernante acusó directamente al Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), a la principal patronal del país Fedecámaras y a la Cámara Venezolano Americana (Venamcham), “en estrecha alianza con factores de poderes económicos internacionales”, de dirigir esta supuesta “guerra” en la que también participa la oposición venezolana.
Maduro rechazó además las declaraciones que ofreció el jueves el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, quien auguró que 2014 será un año precario para el comercio en el país y calificó lo dicho por el empresario como “una declaración de guerra” contra el país y contra quienes trabajan.
El presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar, dijo también el jueves que la economía no crecerá el 6 % que el Gobierno se había fijado como meta para este año tras acumular una expansión de apenas 1.4 % en los primeros nueve meses.
El país, además, se encamina a cerrar el año sobre el 50 % de inflación al tiempo que sufre de una escasez de bienes básicos que ha llevado al Gobierno a realizar importaciones masivas de alimentos.
Desde que asumió como presidente del mayor exportador de crudo de Sudamérica, Maduro ha tenido que enfrentar episodios de escasez y alta inflación en medio de un débil crecimiento económico y ha culpado de ello a la oposición.
Por ello, el mandatario precisó que las requisas en los comercios continuarán al menos hasta enero, y solicitó a los dueños bajar sus precios de manera voluntaria.
“Dónde se demuestre remarcaje de precios luego de la inspección o que se sigue cobrando de manera fraudulenta precios especulativos, que se actué con toda la severidad de la ley…”, enfatizó.
En medio de la ola de consumo para aprovechar los precios rebajados, Maduro pidió a los venezolanos ahorrar.
Además, entre el conjunto de medidas, el mandatario adelantó además que su Gobierno anunciará pronto una normativa para “bajar” el precio de los vehículos y acabar con la especulación en ese mercado.
Todo eso ocurre cuando el chavismo está a las puertas de medirse en las urnas con la oposición el próximo 8 de diciembre en unos comicios municipales que se han planteado como un plebiscito a la gestión de Maduro. —AGENCIAS.