ARGENTINA. La Corte Suprema de Justicia declaró ayer constitucional una ley de medios defendida por el gobierno y rechazada por el Grupo Clarín que generó durante cuatro años una batalla judicial entre ambos y ocupó la escena política del país.
Aunque el fallo busca poner punto final a la pelea en la que ambos actores midieron su poder ante la opinión pública, Clarín advirtió que apelará ante la justicia internacional, mientras los analistas no descartan que se inicie otra batalla, esta vez por las indemnizaciones que la empresa podría exigir por verse obligada a desprenderse de inversiones en el mercado audiovisual.
El máximo tribunal avaló cuatro artículos de la ley aprobada hace cuatro años —que sustituyó a una norma de la dictadura militar (1976-1983)—, la cual fija límites a la tenencia de señales audiovisuales y que según el multimedios atentan contra su sustentabilidad económica y la libertad de expresión.
El artículo más polémico es el 45, que fija un límite para una misma persona jurídica de 24 licencias de cable locales, una licencia de cable o una licencia de televisión abierta en una misma localidad, un tope de tres licencias audiovisuales en una misma área y una señal de contenido propio para titulares de licencias de radio y televisión abierta o de cable.
El Grupo Clarín considera que la televisión de cable y la abierta son servicios que no compiten entre sí. Además el artículo fija un porcentaje tope de 35 % del total nacional de habitantes o de abonados para prestar servicios audiovisuales.
El fallo, con votos divididos de los siete miembros del tribunal, se conoció dos días después de las legislativas en las que el oficialismo fue derrotado en los principales distritos del país, lo que fue leído como un debilitamiento del poder de la presidenta Cristina Fernández, una defensora a ultranza de la polémica ley.
Clarín sostiene que la normativa de medios busca desguazarlo y posibilitar la proliferación de medios afines al gobierno. Pero este último afirma que pretende terminar con la concentración que ejerce la empresa periodística y dar espacio a las voces más débiles.
Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el órgano de aplicación de la ley, dijo en conferencia de prensa que con “esta sentencia se cierra una etapa de incertidumbre y se inicia un ciclo importantísimo para el país y para la democracia… se terminan de despejar los obstáculos puestos por un grupo empresarial que se resistía a cumplir la ley”.
El funcionario descartó que pueda continuar la disputa legal con Clarín en lo que se refiere a su obligación de desinvertir pero admitió que el grupo puede reclamar judicialmente si no está conforme con el monto que pueda obtener por desprenderse de sus licencias.
“No hay un objetivo de expropiar” a Clarín, dijo en varias ocasiones Sabbatella.
El funcionario explicó que el gobierno había iniciado el proceso de “adecuación de oficio” del multimedios para concretar la desinversión —ya que aquel se negaba a hacerlo de forma voluntaria—, el cual estaba suspendido por la disputa legal. Levantada esa suspensión por el fallo de la Corte, “continúa la transferencia de oficio del Grupo Clarín”, lo que supondría la tasación de las licencias y su oferta en concurso público.
En un comunicado, el Grupo Clarín sostuvo que “respeta las decisiones judiciales” pero que también “analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
Enfatizó que “tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos” y que continuará “defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”.
En comunicados difundidos en las últimas semanas, Clarín afirmó que al limitar a 24 las localidades cubiertas por un operador de cable y establecer un tope de 35 % del mercado, el artículo 45 priva a “los usuarios que están afuera de ese límite de una opción competitiva de internet”. “La aplicación de la ley… podría provocar un desbalance económico muy fuerte que podría determinar la desaparición de algunas de sus operaciones de comunicación”, dijo a The Associated Press Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Los magistrados también fueron críticos con el gobierno al afirmar que deben existir “políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial y que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes”. Esas son dos de las críticas que más se han escuchado en los últimos años de parte de Clarín y otros medios periodísticos, además de expertos en comunicación.
“Hay una hegemonía comunicacional en Argentina mediante los medios públicos estatales financiados por el Estado y al servicio del gobierno… los medios audiovisuales que viven de la publicidad del Estado o de negocios estatales”, dijo Paolillo.
Agregó que “son más del 80 % de los medios de comunicación audiovisuales argentinos. Eso configura un aparato de propaganda gigantesco, que opera a favor del gobierno, y que tiene un contrapeso en estos momentos en el Grupo Clarín”.
Analistas consultados por la AP dijeron que la decisión de la Corte no pondría punto final a la guerra judicial entre Clarín y el gobierno ya que el grupo pondría obstáculos a la aplicación del fallo. —AGENCIAS