El entonces Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Robert Blau, redactó en el 2009 varios informes sobre la “inminente crisis” en el sector energético en el país, la cual, en su opinión, fue provocada por el rompimiento unilateral de contratos por la Cel y LaGeo, por las fallas del entonces presidente Antonio Saca en resolver este tema y por una política desfavorable a la inversión en la actual administración del presidente Mauricio Funes.
Blau calificó de engañosa la política de promoción de inversión extranjera del gobierno salvadoreño, llamándola “bait-and-switch” (sebo y cambio), una frase que significa atraer a un cliente con una oferta atractiva sólo para embaucarlo una vez ha caído.
Dos informes en particular enviados por Blau —el del 29 de mayo y el del 26 de octubre, ambos en el 2009—, permiten contrastar las acciones de los dos últimos gobiernos, el de Saca y el de Funes, para concluir que el segundo mantuvo la misma política desfavorable a las inversiones en el sector energético que el primero instauró.
Blau envió los informes al Departamento de Estado y al de Comercio de los Estados Unidos, estos fueron clasificados “sensibles”, “confidenciales” y “para uso oficial solamente”, y salieron a la luz pública sólo después de que fueran filtrados por Wikileaks (wikileaks.org).
La importancia de los informes escritos por Blau es que aportan detalles de sus conversaciones privadas con los más importantes actores en el sector de energía.
Él mismo aclara cuando las fuentes de información son de primera mano al indicar que las declaraciones fueron vertidas a “Econoff” (abreviación de “oficina de asuntos económicos”), cuando él era el Encargado de Negocios de la Embajada.
En el primer informe, escrito tres días antes de que el presidente Funes asumiera el poder, Blau advierte que el nuevo gobierno “está heredando varias disputas comerciales en el sector de la energía que generan dudas sobre el cumplimiento de los contratos [estatales] y que podrían desalentar nuevas inversiones en proyectos de generación [de electricidad].”
Más adelante, Blau asegura que el futuro “Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, admite que el Gobierno no tiene una trayectoria de ganar arbitrajes internacionales, pero que el cambio de gobierno podría proporcionar una oportunidad de negociar soluciones a todos o a algunos de estos conflictos.”
Este último planteamiento llega como una sorpresa puesto que al hablar de arbitraje, Blau se refiere al tema del contrato entre la Cel y la empresa italiana Enel Green Power, una empresa con la cual el gobierno de Funes rehusó negociar y ante la cual sumó una más a la larga trayectoria de derrotas en arbitrajes que tanto le preocuparon al ministro Cáceres.
Inversiones en peligro
El informe del 29 de mayo de 2009 escrito por Blau aclara que las disputas entre el Gobierno y las empresas extranjeras que invertían en el país, no se limitaban a la demanda presentada por Enel.
La práctica de promoción de inversión que Blau describe como una política “bait-and-switch”, ocurrió con las empresas Kimberly Clark y con Hanes.
Ambas amenazaron retirar sus inversiones y despedir a los más de 2,300 empleados que conjuntamente tenían en el país después de que el presidente de LaGeo, Napoleón Guerrero, cancelara de forma unilateral los contratos de energía a “precios estables” que el Gobierno les había ofrecido a cambio de traer sus multimillonarias inversiones a El Salvador.
Según Blau, al final el presidente Saca le dijo que tuvo que “torcerle el brazo” a Guerrero para resolver la crisis.
Kimberly Clark, una empresa considerada entre las tres mejores del mundo por sus condiciones de trabajo, con 50 años en el país y con 1,300 empleos directos, estaba invirtiendo $32 millones de dólares en un proyecto de expansión cuando LaGeo canceló el contrato con Excelergy, el distribuidor de electricidad de Kimberly Clark.
En respuesta, la empresa amenazó con llevar su producción a Costa Rica. Algo muy similar sucedió con una fábrica de productos textiles, Hanes, que también, según Blau, “restauró su contrato original (con LaGeo) después de amenazar con reubicarse”.
Blau reporta que en sus conversaciones con el representante de Enel Green Power ante la junta directiva de LaGeo, la empresa italiana no se oponía a contratos a largo plazo de precios estables.
Política del silencio
Según Blau, la política del gobierno del entonces presidente Saca ante estas disputas se caracterizó por el silencio administrativo.
“En una ceremonia del 3 de diciembre (de 2008), tras anunciar la construcción de la nueva fábrica de papel de Kimberly Clark, el presidente Saca le pidió a su secretario personal, Elmer Charlaix, que trabajara en la solución de la controversia. Una reunión inicial con Charlaix fue seguida por semana de llamadas no devueltas”, detalla Blau.
Esta estrategia de alentar a las empresas con una reunión sólo para escuchar sus preocupaciones, seguidas de llamadas sin respuestas de la presidencia continuó cuando Eduardo Ayala Grimaldi, jefe del gabinete, retomó la resolución de las disputas.
En el caso de la demanda de Enel Green Power, un miembro de la junta directiva de la Cel le confesó a Blau “que la dependencia de la Cel en los dividendos de LaGeo para pagar los subsidios de electricidad, podría haber influido en que Cel luchara para mantener el control de LaGeo”.
Blau considera irónico que el más importante promotor de estas disputas haya sido el presidente de LaGeo, Napoleón Guerrero, puesto que al mismo tiempo él era el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
“En el corto plazo, la falta de resolución de los reclamos de Enel retrasará inversiones para ampliar la capacidad de generación de energía de LaGeo, y retrasará la independencia energética (de El Salvador)”, afirmó y advirtió que “los recursos geotérmicos no serán utilizados en su totalidad a menos que el Gobierno pueda expandir sus capacidades, y eso no va a suceder mientras el Gobierno continúe obligando a las empresas a buscar acciones legales para hacer valer sus derechos”.
Funes sigue a Saca
La conexión más evidente entre la política energética de Saca y la de Funes podría estar definida con el funcionario de la Cel que conecta a ambos gobiernos: Nicolás Salume, quien es citado en el informe que Blau envió al Departamento de Estado el 26 de octubre de 2009, el cual tituló “La inminente crisis energética en El Salvador”.
En este informe, Blau advierte que el país tiene 3 a 4 años para resolver la crisis antes de que enfrente desfases de energía, literalmente usa la palabra “blackouts” (apagón en inglés), aunque se refiere a mucho más que eso, puesto que su tesis es que sólo la creación de un mercado regional integrado de energía podría resolver la crisis de inversión en El Salvador.
Salume le explicó a Blau que la estrategia de la Cel para responder a la crisis es la expansión de proyectos existentes, en especial una expansión de $100 millones para la “5 de Noviembre”, otra de $48 millones en la presa del “Cerrón Grande”, y la expansión del proyecto de energía térmica Talnique, todos proyectos del gobierno de Funes.
El funcionario le dijo al diplomático que “la política está obstaculizando la expansión de nueva capacidad de generación”, y como ejemplo señaló una “ola de oposición de dentro y fuera del gobierno contra el relativamente pequeño proyecto… El Chaparral.”
Este pequeño proyecto, según dijo el diputado Edwin Zamora en su momento, podría costarle al país más de $300 millones.