El volver permanente los nueve programas sociales impulsados por el actual gobierno del presidente Mauricio Funes le significará al erario un desembolso que sobrepasaría los $200 millones al año, que ha sido la inversión en el último año aunque financiada en su mayoría por créditos.
Esto implicaría un incremento al Presupuesto General de la República y significaría hacer obligatoria la erogación de estos fondos que actualmente provienen en gran parte de préstamos y donaciones, según consta en el detalle del presupuesto de 2013 publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
En total, son nueve los programas sociales: Apoyo Temporal al Ingreso (PATI); dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares; Alimentación y Salud Escolar (PASE); pensión universal a adultos mayores, Comunidades Solidarias; Ciudad Mujer; bono de gratuidad para la educación; mejoramiento de viviendas en asentamientos urbanos precarios y apoyo a la agricultura familiar.
En su programa radial del 20 de julio anterior, Funes afirmó que enviará a mediados de este mes un proyecto de ley para establecer como obligatoria la continuidad de estos programas sociales, el cual aún estaba siendo discutido por sus colaboradores.
“Me refiero al anteproyecto de ley de desarrollo social, una normativa legal y un cuerpo jurídico que todos los gobiernos que nos sucedan deberán respetar. Ya no podemos dejar al capricho, a la buena voluntad de los gobernantes en turno. Esto implica un cambio en la concepción de la política social”, dijo.
En el caso del PATI, se ha sostenido a empuje de préstamos y donaciones. El FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) que es la institución ejecutora, está trabajando en 25 municipios urbanos con fondos provenientes del Banco Mundial y en 11 municipios que resultaron afectados por la tormenta Ida, con un apoyo financiero del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Pero para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, esta iniciativa es como “la legalización del populismo y de la demagogia que genera más pobres”.
Considera que son programas que lucen y suenan bien pero que el resultado es más pobreza porque no se están resolviendo los problemas.
“Lo que está haciendo es querer dejar amarrado al próximo presidente, el que sea, para que no pueda tener sus propias políticas, decisiones y proyectos, para sacar adelante al país, sino que quiere que se legalice lo que él ha estado haciendo, que definitivamente ha sido un fracaso rotundo”, apuntó Daboub.
El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, considera que primero se debe evaluar si esos programas tienen fin social o político, si es inversión o gasto social.
“Toda inversión social debe tener un rédito a mediano y largo plazo. Una inversión social en educación, por ejemplo, debería de irnos produciendo estudiantes más capacitados, graduados o bachilleres con mejores aptitudes… y aquí lo que hemos visto que lo que se ha gastado no está produciendo resultados”, dijo.
El analista económico Manuel Enrique Hinds señaló que esa intención de Funes no es viable, pues lo único permanente que hay en la legislación salvadoreña es la Constitución.
Aseveró que aún si se convierte en ley, la Asamblea Legislativa debe avalar anualmente estos fondos porque van dentro del proyecto de presupuesto nacional.
La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón, señaló que los programas sociales se pueden mejorar y para eso, no deben ser permanentes.
“A la gente hay que enseñarle, capacitarle, invertir en calidad de conocimiento, eso necesitamos, cómo combatir la pobreza. Hay una serie de programas que no están incluidos en un vaso de leche… estamos de acuerdo con todo esos programas de uniformes, zapatos, útiles escolares, pero no nos debemos cerrar en una ley”, reiteró.
El diputado del FMLN, Orestes Ortez, está a favor de la propuesta de Funes porque considera que sin la existencia de los programas sociales, el país “sería ingobernable”.
“Cómo hacer una economía más productiva, una economía que no solo beneficie al 10% de la población, sino que a la gran mayoría, y en ese sentido estos programas sociales que el presidente pretende institucionalizar son programas vinculantes a la gobernabilidad”, afirmó.
Los emblemas
Si en el gobierno de Tony Saca uno de los programas sociales emblema fue Red Solidaria y Fosalud, en esta administración uno de los más mencionados es el programa PATI, que da dinero a las madres solteras y jóvenes en riesgo.
Según datos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el monto programado a invertir en 2013 en PATI es de $16,171,335. La cifra s e ha venido reduciendo, pues en 2011, con préstamos del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) se invirtieron $21,146,985.
Sobre la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares el monto inicial transferido ascendió a $52 millones provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fideicomiso para la Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana, según un informe del Observatorio Centroamericano del Desarrollo Social (OCADES).
Respecto al Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), es en 2013 cuando han obtenido mayor asignación presupuestaria, misma que asciende a $22.4 millones provenientes del Fondo General de la Nación; y cerca de $2.3 millones proceden de Fantel (Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL), esto según el Programa Mundial de Alimentos, en su web (wfp.org/es).
En el caso de la pensión universal para adultos mayores y el bono de gratuidad para la educación, son parte de los fondos asignados a las partidas de otros programas como Comunidades Solidarias.
En el presupuesto de 2013 se le asignó $78,690,080 de los cuales, $3,418,180 son del bono de educación proveniente de fondos de la USAID, y $14,716,915 son para la pensión del adulto mayor.
Mientras que para el programa de mejoramiento de viviendas en asentamientos urbanos precarios, cuenta actualmente con una asignación de un millón de dólares, y el programa de apoyo a la agricultura familiar recibió recién el 31 de julio pasado $31,376,695 que son parte de la reorientación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esto según la Ley del Presupuesto de 2013.
En el caso de Ciudad Mujer, otro programa muy publicitado por el gobierno, se le asignó este año $7,041,000 según el detalle en el presupuesto de la Presidencia. Parte de esos fondos provienen del BID.