El informe de la Comisión Especial que investiga el contrato entre CEL y la italiana Enel Green Power, aprobado el jueves 15 de agosto con 55 votos, “no tendrá ningún efecto legal”, aseguró el vocero de la empresa italiana, socio accionario de la generadora salvadoreña de energía geotérmica LaGeo.
“El recomendable que da la comisión al Fiscal General a través de su informe sólo servirá para dar una definición política del caso, pero no tendrá ningún efecto legal ni para el laudo ni para las personas nombradas en el informe”, aseveró el abogado Francisco Bertrand Galindo.
El informe llamado “parcial” por la misma comisión, pues indica que seguirá investigando el tema, nombra a tres exfuncionarios públicos y recomienda al Fiscal de la República a que investigue si ellos incurrieron en un “posible enriquecimiento ilícito”.
“Este tema se lo sacan de la manga”, recalcó Bertrand Galindo. “Es un ataque personal, puesto que el informe no contiene análisis sobre el tema patrimonial y no contiene indicios de ningún tipo”.
El informe acusa al expresidente de la República Francisco Flores, al exministro de Economía Miguel Lacayo y al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, de actuar “de manera negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República”.
Al respecto Lacayo respondió: “Me pareció irresponsable que hicieran un informe sin fundamentos, sin ningún tipo de indicios, sobre todo porque ese tema no lo investigaron”. Y agregó: “No sólo es un acto de irresponsabilidad, sino también es una vergüenza que la Asamblea firme y apruebe un documento que contiene acusaciones tan serias y sin sustento”.
A diferencia de los diputados, que “pueden decir lo que quieran”, dijo Sol Bang, los exfuncionarios entrevistados por la comisión declararon bajo juramento.
“Yo hablé la verdad, y no he tomado ninguna decisión antiética, mucho menos ilegal”, sostuvo Sol Bang.
“El Informe no es más que un seguimiento de la cortina de humo del presidente Funes, quien falló en el manejo de la relación del país con Enel”, puntualizó Lacayo.
El expresidente de CEL también cree que las conclusiones del informe están teñidas de prejuicios políticos.
“Las conclusiones sólo reflejan la postura predefinida de muchos de los diputados que comenzaron esta supuesta investigación con el discurso elaborado para el cierre del tema”, expresó Sol Bang.
Y agregó: “La verdadera privatización de la energía geotérmica, el problema de CEL, hoy, está en INE. Ahí está la verdadera corrupción”.
Tanto Lacayo como Sol Bang lamentaron que pese a todas las entrevistas, la comisión no aprovechara toda la información generada con los recursos y el tiempo invertido en los seis meses de trabajo de la comisión especial.
Sin razón jurídica
El informe concluye que los exfuncionarios acusados de exceder sus mandatos hicieron una aplicación equivocada de la Ley General de Electricidad. Según el vocero de Enel, esta es una afirmación que, jurídicamente, “no la razonan en absoluto”.
“Han leído mal la ley”, apunta Bertrand Galindo. El informe de la comisión especial indica que los artículos 119 y 120 de la Ley General de Electricidad eran “insuficientes para la suscripción del contrato” entre CEL y Enel.
Dos puntos hechos por la comisión son, primero, que “no regula procedimiento alguno para la transferencia de bienes del Estado”, y, segundo, que “se crearon diversas sociedades anónimas (a partir del patrimonio de CEL) cuando la ley no lo mandataba (sic) expresamente”.
En el caso del primer punto no es ni siquiera aplicable al caso de Enel, puesto que el socio no adquirió más bienes que aquellos generados por sus propias inversiones.
En el segundo caso, la ley, en el artículo 119 sí habla de “las sociedades que constituya CEL como resultado de su reestructuración”.
Dado que una sociedad, como sucedió con la creación de LaGeo, no se puede crear legalmente sin patrimonio, explica el abogado, “se están autorizando bienes para que conformen el patrimonio de la sociedad”.
De acuerdo con Bertrand Galindo, la ley respaldaría el hecho de que “el socio italiano actuó de buena fe. Jurídicamente esto significa que si se decide sobre el socio italiano de tal manera que lo afecte económicamente tendrían que ser indemnizados”.
En ese caso y según la valoración del mismo presidente Funes, advierte Bertrand Galindo, “se estaría hablando de una indemnización de 500 millones de dólares”.