Desde hace dos meses, el anteproyecto de la Ley General de Aguas no se discute en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Este impasse provocó una acción inesperada: la presentación de otra propuesta de ley, pero esta vez proveniente de un sector crucial en el tema de los recursos hídricos, los “regantes”, los mayores usuarios de agua en El Salvador.
Los regantes, representados por 58 asociaciones y 2 federaciones en todo el país, son el sector agrícola que irriga las tierras que siembran.
Según la FAO, el 70 % de las aguas que se extraen de las fuentes hídricas de todo el territorio nacional se destinan a la producción agrícola, una actividad creciente y que podría representar actualmente hasta el 75 o el 80 % de los usos de agua en el país.
Los hogares, el comercio y la industria representan el otro 20 a 30 % de usos de agua.
Después de la presentación del anteproyecto de Ley para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos a la Asamblea Legislativa, los regantes obtuvieron el apoyo de dos partidos de oposición, ARENA y Conciliación Nacional (PCN).
Una consecuencia de este aval político fue que el FMLN rechazó esta nueva propuesta de ley de inmediato, antes incluso de conocerla.
La diputada Lourdes Palacios, por ejemplo, sostuvo que la propuesta de ley de los regantes era una “estrategia electoral de la derecha para retrasar la aprobación” del anteproyecto de ley del MARN, que es el único que se ha discutido en la comisión.
Uno de los firmantes de la ley de los regantes, Luis Felipe Trigueros, rechazó la aseveración de Palacios.
Trigueros asegura que él estuvo presente cuando el MARN presentó su anteproyecto de ley por primera vez, en marzo de 2012, y le dio seguimiento al proceso de los foros que el ministerio organizó para “validar la ley o hacerle los cambios necesarios, según ellos”.
Pero, de acuerdo con Trigueros, cuando el MARN presentó el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, el texto de la ley no contenía ninguno de los cambios que provenían de la opinión pública.
“Dentro de esos foros se dieron muchas observaciones, muchísimas, pero esas observaciones al final no se ven reflejadas en las matrices que presentan en la Comisión de Medio Ambiente. Ahí sólo aparece la ley del MARN y sobre esa trabajan los diputados”, explica Trigueros.
Preocupados por esta situación, los regantes decidieron hacer algo. Al principio, intentaron crear un documento con comentarios a esa ley, con el fin de minimizar sus efectos negativos.
“Pero era imposible trabajar con ese proyecto, debido al concepto detrás de esa ley: es una ley estatizante, que centraliza todo el poder en el ministro de Medio Ambiente”, observa Trigueros.
La doble trampa
Esta es la razón por la cual la “ley de los regantes” se ganó el apoyo de PCN y de ARENA: no sólo porque permitía una alternativa a una ley que consideran problemática, sino porque el origen y la preocupación de esta nueva propuesta de ley pone en evidencia “la doble trampa” del anteproyecto que presentó el gobierno de turno.
“Por un lado”, explica Vicente Menjívar, diputado de ARENA, “la ley que se ha estado discutiendo es débil porque se le carga a un ministerio el control total, es débil porque está sujeta a ser utilizada para fines políticos debido al gran poder de discrecionalidad que le otorga al ministro de Medio Ambiente, y es débil porque no es representativa de los sectores interesados o de los afectados”.
Esta es la doble trampa a la que se refiere Menjívar, y se puede resumir así: 1) el ente rector no es autónomo, y por lo tanto está sujeto a los caprichos partidarios de los gobernantes de turno; y 2) la ley no refleja los diversos usos del agua en el país.
De hecho, el anteproyecto de ley que presentó el MARN tampoco refleja las posiciones de las casi 30 organizaciones de la sociedad civil representadas por dos amplios foros de debate: el Foro del Agua y la Mesa de Agua.
El Foro del Agua, —integrada por 18 miembros activos, entre asociaciones, redes y organismos ambientalistas—, propuso en su proyecto de ley una “Autoridad Nacional del Agua”, la cual sería una “Comisión Nacional del Agua”; esta autoridad sería “autónoma en el ámbito administrativo, técnico y financiero, con patrimonio propio”.
El anteproyecto de ley del MARN contempla la creación de un “Consejo Nacional del Agua”, muy similar en apariencia al que propone el Foro del Agua, pero a diferencia de éste, el propuesto por el MARN sólo tendría facultades de planificación.
“Si se quita el Consejo Nacional del Agua, no afecta nada, porque este consejo no es el ente rector de la Ley General de Aguas”, explica Leopoldo Dimas, un especialista en sostenibilidad ambiental en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Dimas ha estado trabajando el tema del agua durante años y tanto él, desde Fusades, como el Foro del Agua y los regantes coinciden en la necesidad de un marco legal para las aguas que promueva la “gestión integrada” de todos los recursos hídricos.
La Mesa de Agua, que se creó para discutir la ley propuesta por el MARN también hace eco de estas posiciones e, incluso, va más allá en su crítica al proyecto de ley que discute la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea.
Integrada por más de 20 organizaciones —tan diversas como Salvanatura, Fundes, el Plan Trifinio, la Universidad Tecnológica, Ceprode, y la federación de regantes, Fedares—, la Mesa de Agua emitió sus observaciones en octubre de 2012, y hasta la fecha, como sucedió antes con las opiniones vertidas en los foros organizados por el MARN, sus señalamientos y recomendaciones no fueron plenamente discutidas en la Comisión de Medio Ambiente.
La Mesa de Agua consideró “muy limitadas y etéreas” las funciones asignadas al Consejo Nacional del Agua, “por lo que no tiene potestad de rector”. Tampoco el “Comité Consultivo” propuesto por el MARN garantizaría la participación ciudadana por la que tanto ha presionado el Foro del Agua.
“Se plantea la creación del Comité Consultivo, pero no se definen quiénes y cuántos conformarán dicho Comité, y no se especifica para qué serán consultados”, señala la Mesa de Agua.
Los instrumentos de participación propuestos por el MARN sólo crean la ilusión de una participación ciudadana. Por un lado, el Consejo Nacional del Agua estaría compuesto por entidades de Gobierno y, por otro lado, el Comité Consultivo no tendrían voz y voto. Más grave aún, ninguno de estos dos cuerpos institucionales podría emitir opiniones vinculantes.
Control total
Lo que el MARN propone es que ellos, a través de amplios poderes discrecionales concedidos al ministro, sean tanto el ente rector de todos los recursos hídricos del país, como el ente regulador de esos recursos. El artículo 17 le daría al MARN el poder de “normar, fiscalizar y controlar la gestión integral de los recursos hídricos”. Y el artículo 16 lo convertiría en la “autoridad competente para conocer y resolver sobre lo regulado por la presente Ley y sus reglamentos”.
En la actualidad, no existe ninguna otra institución gubernamental que concentre tantos poderes sobre un recurso como los que el MARN, y por ende el poder ejecutivo, pretende asumir por medio de la Ley General de Aguas
“La autoridad del agua debe ser autónoma para que el agua no la use políticamente cada gobierno o cada partido en el gobierno; para garantizar el derecho al agua el ente rector debe trascender intereses políticos “, concluye Trigueros.