La escalada de violencia desatada en los últimos seis días, con un saldo de 87 asesinatos, ha causado la pérdida de vidas productivas tales como trabajadores, empleados municipales, transportistas, agricultores, vigilantes y militares, entre otras víctimas que se supone no tenían ningún vínculo con las pandillas. También este repunte de la violencia le arrebató la vida a una niña de cuatro años durante un ataque entre pandilleros.
Además entre los que perdieron la vida a raíz de esta crítica situación de inseguridad se encuentran pandilleros retirados que habían conseguido algún empleo y mareros activos, según la Policía.
En la mayoría de los asesinatos, los criminales utilizaron armas de fuego, cuchillos, machetes y objetos contundentes como piedras. Hay algunas víctimas que las autoridades policiales o fiscales no lograron identificar porque no tenían documentos personas, ya que sus cadáveres aparecieron en predios baldíos o en la vía pública.
Hasta ayer a las 8:00 de la noche, la Policía registraba los asesinatos de 21 personas, en su mayoría acaecidos en el departamento de San Salvador, pero en los tres primeros días de julio se habían registrado 52 muertes violentas.
Sin embargo, más tarde por la noche, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, afirmó en Twitter que el miércoles 3 de julio se registraron un total de 27 homicidios en El Salvador.
El martes 2 de julio también fue una fecha violenta con 22 personas asesinadas, entre éstas la niña Emely Alexandra, de cuatro años, en Jucuapa, Usulután.
A partir de la escalada de violencia, el viernes pasado, las cifras de la Policía ya registraban hasta ayer por la tarde un saldo de 87 personas asesinadas en los últimos tres días de junio y los tres primeros de julio.
Las zonas más afectadas por la espiral de violencia que se ha desatado en los últimos días figuran Mejicanos, San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Usulután, Cojutepeque, San Rafael Cedros, Cuscatancingo, Guazapa, El Paisnal, Quezaltepeque, Soyapango, Lourdes, Colón y Santiago Nonualco; entre otros municipios.
Por ejemplo en Quezaltepeque, un municipio que ha sido declarado como libre de violencia, en dos días asesinaron a una trabajadora de maquila y a un empleado municipal.
Ayer mataron a Héctor Antonio Huezo Vásquez, de 38 años; quien era empleado de la alcaldía de Quezaltepeque, La Libertad. El asesinato se registró en los momentos en los que Huezo, quien tenía 10 años de trabajar en dicha alcaldía, se dirigía a sus labores como barrendero de la referida comuna.
Un día antes habían matado a Rosibel Rivera Grande, de 27 años, quien fue atacada a balazos cuando se dirigía a trabajar en una maquila de Ilopango. La mujer deja a dos hijos menores en la orfandad, ya que era madre soltera.
Otro asesinato de un empleado municipal se registró ayer en la ciudad de San Miguel. Juan Carlos Martínez Matute, de 31 años, fue acribillado a balazos mientras gozaba de licencia sobre la 4a. Avenida Sur de la ciudad migueleña.
La Policía informó que Martínez Matute participó de un operativo realizado el viernes pasado para buscar a los asesinos de un hombre en la misma avenida donde ayer mataron al agente del CAM.
En la zona norte del departamento de San Salvador se registraron dos asesinatos. José Ricardo Contreras Alfaro, de 19 años, fue acribillado a balazos cuando se dirigía a trabajar la tierra en el cantón San Rafael, en Guazapa. En la misma zona asesinaron a José Dimas Beltrán, un expandillero de 36 años, que se supone iba a trabajar en el cantón La Cabaña, en El Paisnal, de San Salvador. En Ayutuxtepeque atacaron a balazos a un vigilante particular, quien murió en el hospital de Zacamil.
Ayer se registraron tres asesinatos en casi una hora en el municipio de Mejicanos, entre éstos José Salvador Rivas, quien se dedicaba a manejar un pick up para transportar carga. El asesinato se registró en las cercanías del mercado de Mejicanos y la Policía no descarta que se haya derivado por el cobro de las extorsiones.
PNC atribuye alza a pandillas
El director de la Policía, Rigoberto Pleités, al referirse al auge de asesinatos que hasta el momento las autoridades policiales no pueden frenar, aseguró que el 50 por ciento de esos asesinatos han sido responsabilidad de las pandillas.
Rechazó que el incremento de asesinatos se haya derivado de una supuesta presión de esos grupos porque les han suspendido algunos privilegios como el acceso a brindar conferencias de prensa en las cárceles y también porque no les han cumplido con algunos beneficios que se supone les habían ofrecido a los pandilleros.
“Lo que hace la tregua no es competencia de la Policía, Nosotros perseguimos el delito y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Pleités, quien agregó que no siente que la racha de asesinatos sea una presión de las pandillas, sino que “nosotros tenemos que presionar a las pandillas porque tenemos la obligación de perseguir a quienes hayan cometido algún delito”.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han explicado los motivos por los que se está viviendo esta racha de muertes violentas que está preocupando a muchos sectores del país, entre éstos la Fiscalía General dirigida por el abogado Luis Martínez, quien advirtió a esos grupos que “vamos a capturar y procesar cueste lo que cueste a los pandilleros criminales holgazanes”.
Agregó que “las pandillas criminales deben de entender de que no pueden seguir matando niños y jóvenes que tienen esperanzas de un mejor futuro y mejor país”.
Fuentes de la Inteligencia Policial explicaron que los cabecillas de las pandillas, recluidos en distintos penales, han dado órdenes de aumentar los asesinatos, sin importar la víctima, como una forma de presión al gobierno para que agilicen los programas de reinserción que les han ofrecido a esos grupos.
También en represalia por algunos privilegios que les han quitado en los penales y por las últimas requisas que las autoridades de Centros Penales han realizado en algunas penitenciarías.
Las órdenes se extienden para atacar a familiares de policías, militares, personal del sistema penitenciario, fiscales y hasta aquellos expandilleros que han servido de testigos criteriados (con beneficios penales) o los que han colaborado en algún proceso judicial en contra de integrantes de pandillas.
Medicina Legal saturado
Desde que las maras MS y 18 acordaran una tregua para no matarse entre ellos, no se había registrado una jornada tan violenta como la que actualmente se ha vivido en el país.
Pero ayer el director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, reconoció que los equipos de levantamiento de los cadáveres no han dado abasto para atender la elevada cantidad de homicidios. “Los equipos sólo llegan y salen de nuevo a realizar otros reconocimientos, no han tenido descanso”, dijo Fortín Magaña a un noticiero de televisión. El director del IML se refirió hoy por la mañana al 3 de julio como un miércoles “negro”.
También los fiscales de turno se han tenido que multiplicar debido a la gran cantidad de reconocimientos de víctimas de la violencia que han tenido que realizar en los últimos días. Fuentes del Ministerio Público explicaron que algunos fiscales han tenido que hacer de tres a cuatro reconocimientos de víctimas, lo que sin duda se saturarán las investigaciones que poseen de otros asesinatos.