El presidente Funes, a finales de la semana pasada, juramentó nuevamente a David Victoriano Munguía Payés como ministro de la Defensa Nacional, ubicando así a uno de sus funcionarios más cercanos, pero más cuestionados al frente de la institución castrense. La designación de Munguía conlleva importantes consecuencias para el Ejecutivo. La más lógica es el descontento manifestado por diferentes promociones de oficiales, que consideran el nombramiento de un militar en retiro (y por segunda vez) representa un claro obstáculo para el proceso natural de ascensos dentro de la jerarquía orgánica de la Fuerza Armada.
Sin embargo, la secuela más dañina para Casa Presidencial y para el país, derivada de la juramentación de Munguía, está relacionada con la obstinación de Funes por mantener dentro del gabinete de seguridad a un funcionario que ha sido: (1) Señalado en un informe elaborado por una firma estadounidense, por presuntos nexos con estructuras criminales; (2) Identificado como el principal gestor de una oscura negociación entre el Estado y las pandillas; (3) Acusado públicamente por el fiscal general por supuestamente obstaculizar la ejecución de investigaciones y procedimientos orientados a la desarticulación de grupos delictuales.
La juramentación de Munguía se dio pocos días después que las pandillas lanzaran una ofensiva delincuencial, que elevó la cantidad de homicidios registrados, y que Raúl Mijango condicionara, ante los medios de comunicación, el control de la crisis a la actitud que adoptara el gobierno ante planteamientos vinculados a las estructuras de mando de las pandillas. La posición pública de Mijango incluso logró provocar una reunión con el presidente Funes para discutir el tema, en la que no estuvo presente el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo.
Perdomo ha mantenido un discurso público diferente al de su antecesor, recriminando a los pandilleros y acusándolos de haber aprovechado la negociación con el gobierno para expandir su control e incursionar en modalidades delictuales más complejas y lucrativas. No obstante, los cabecillas de las pandillas continúan en presidios con protocolos de seguridad menos rígidos (lo que facilita la coordinación de actividades delincuenciales) y, con el tiempo, Perdomo ha modificado su postura, aclarando que incorporará “la tregua” a su estrategia (después de decir que ésta era una iniciativa ajena al Estado).
El poder real de Perdomo es sumamente reducido al considerar la influencia y control que tiene Munguía Payés en la cartera de seguridad e inteligencia. Incluso en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se mantiene un grupo de militares activos que conformaban el círculo de confianza de Munguía, desarrollando las mismas tareas. El Organismo de Inteligencia del Estado está bajo el control del general Francisco Salinas, funcionario leal al nuevo ministro de Defensa. Los cuadros de mando dentro de la PNC, en su mayoría, son los que Salinas y Munguía estructuraron. El mismo nombramiento de Munguía devela el nivel de influencia que este personaje tiene sobre el presidente. Perdomo, en cambio, incluso ha sido contradicho por el mandatario en más de una ocasión.
Aunque el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública denuncie a las pandillas ante los medios, la negociación entre las estructuras criminales y el gobierno continuará, utilizando la postura pública de Perdomo como un comodín al que recurrirá cuando se cuestione a las autoridades por presuntos vínculos con grupos delictuales. La influencia, control y poder de las pandillas seguirá creciendo mientras sus capacidades de coordinación, comunicación y mando permanezcan intactas. El país necesita ver más que denuncias públicas, acciones concretas y contundentes que interrumpan la actual dinámica. Sin embargo, el contexto actual sugiere que esto no se materializará en este gobierno.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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