Aunque la economía sigue sin crecer y cada día arrecia la campaña electoral, el Ministerio de Hacienda señala que ya tiene listo el tercer paquete de impuestos que, de nuevo, irá dirigido a la clase media y alta del país.
Esta vez, los impuestos gravarán las transferencias bancarias, las casas de playa o “de lujo”, además de gravar los productos usados por las imprentas, con lo que Hacienda proyecta un incremento de unos 100 millones de dólares en la recaudación.
Tras una visita a la Asamblea Legislativa a inicios de esta semana, el ministro Carlos Cáceres confirmó que el paquete está listo y solo espera que terminen de aprobarse proyectos económicos para atraer inversión como la Ley de Asocios Público Privados y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que fue ratificado el jueves pasado por los diputados.
“Eso ya está listo, solo se está buscando que terminen los proyectos de desarrollo económico”, dijo el funcionario al salir de la comisión de Hacienda del Parlamento.
Este será el “tercer paquetazo fiscal” que el Gobierno aplicaría en lo que va de su gestión presidencial. En 2010 modificó los impuestos a productos específicos como el licor y las bebidas envasadas y en 2011 aplicó otra reforma que modificó el impuesto sobre la renta, tanto para los asalariados como para las empresas nacionales.
Según Cáceres, este paquete es parte de los “sacrificios” que se deben hacer para que, al llegar 2020, la deuda pública de El Salvador se sitúe al nivel en el que estaba antes de la crisis de 2009 (39.6 % del PIB). La deuda actual equivale al 56 % del PIB.
“Nosotros estamos trabajando por dejar un proyecto en el cual, para 2020 podamos regresar a los mismos niveles de endeudamiento precrisis (antes de 2008). Es un 1.7 % del PIB de sacrificio que se debe hacerse por la vía de los gastos o por los ingresos”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, el sacrificio lo están haciendo los ciudadanos de clase media, pues según dos economistas consultados por este periódico, esta sería la tercera reforma que va enfocada solo a los ingresos, pero no a los gastos.
“Esta es otra reforma por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos no se ha hecho mucho”, dijo José Ángel Tolentino, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
De hecho, este último tema camina a paso lento. Cáceres dijo que aún trabajan en una Ley de Responsabilidad Fiscal, que ordenaría las finanzas del país. De ésta no dijo que ya estuviera lista.
Hasta ahora la única medida de control de gastos que el Gobierno se ha autoimpuesto es un decreto ejecutivo que le pide a las instituciones estatales reducir el 10 % de los gastos en bienes y servicios, sin que hasta ahora se conozcan los resultados.
El pacto fiscal, considerado la mejor forma para equilibrar las finanzas públicas, sigue durmiendo el sueño de los justos, pues nunca logró discutirse en el seno del Consejo Económico y Social y tampoco fue retomado por el Gobierno, a pesar de que muchas instituciones se lo sugirieron.
Mientras tanto, Cáceres confirmó que en las próximas semanas el Estado emitirá en el mercado bursátil $40 millones en bonos para cancelar una deuda que Fonavipo tiene con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuya cuota mensual de $10 millones no fue saldada a tiempo por la entidad porque “no había dinero”.
La emisión de estos bonos significará una nueva deuda del país para pagar otra deuda.
Crecimiento económico
Hablar, a estas alturas, de un nuevo paquete tributario no sería un problema si la economía creciera al ritmo del 3 o el 5 % del PIB, pero ha ocurrido todo lo contrario. La tasa de crecimiento de los últimos años apenas ha llegado a representar el 1.5 % del PIB.
La deuda pública, sin embargo, ya representa más del 50 % del PIB y los economistas no dudan que crezca mucho más en los próximos años.
El analista Claudio de Rosa sostiene que si la economía creciera, el impacto de esta alza de impuestos no fuera tan resentido por la población.
“Si la economía creciera más rápido que el ritmo del endeudamiento, por supuesto que se reduciría a los niveles que quiere el ministro”, dijo de Rosa.
Para el economista, aumentar los ingresos a través de impuestos solo lograría reducir el déficit fiscal, que se calcula actualmente en $900 millones, pero la deuda no bajaría si la economía no crece.
Lo peor es que, tal como están las finanzas públicas, más impuestos es la única salida que tiene el país para disminuir la deuda, si quiere reducirla en 2020. “Si hay que reducir a la mitad el déficit fiscal, solo con recortar los gastos no alcanza. Este o cualquier Gobierno tendrá que subir impuestos. La clave está en hacer crecer la economía para que los impuestos no impacten”, dijo de Rosa.
Tolentino insistió en que el tema no debe reducirse a la aplicación de impuestos o el recorte de gastos, sino a realizar un verdadero pacto fiscal, que plantearía el camino ideal para equilibrar las finanzas. Pero hasta ahora, el tal pacto fiscal prometido por el Gobierno sólo quedará en buenas intenciones.