El presidente Mauricio Funes vetó ayer el polémico decreto legislativo 412 que castigaba el “desprestigio” para los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia de la República por considerarlo inconstitucional. La decisión fue recibida ayer con respeto por las distintas bancadas legislativas, en especial la del FMLN, que ayer adelantó que no buscará una superación del veto.
Funes consideró que esa disposición violenta el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República en su artículo 3 en el que se manifiesta que “todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”.
Esa diferenciación que hacen los diputados “no es razonable ni justificable bajo ninguna óptica y vulnera el principio de igualdad”, afirma el presidente, y que “dicha norma representa una protección especial para ciertos sujetos y en una situación determinada, de las que no gozan los sujetos no contemplados en la disposición”
El decreto “Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de la elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás” fue aprobado en un madrugón el 27 de junio por FMLN, Gana, PDC, PCN y cinco disidentes de ARENA.
En esencia, prohíbe antes y durante la campaña electoral desprestigiar por cualquier medio de difusión a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia aún cuando no se hayan inscrito legalmente.
Además sanciona al infractor con entre cinco a $25 mil. Sobre este punto, Funes recuerda que el artículo 6 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y que ese derecho “no estará sujeto a previo examen, censura ni caución”, por lo tanto, dice que “el ejercicio de la difusión del pensamiento solo puede ser sujeto a responsabilidades ulteriores y no previas”.
También sustenta su decisión en una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2007, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice, “reafirman el necesario acatamiento del principio de igualdad por parte del legislador en la creación de las normas generales y abstractas”.
Además considera que los delitos relativos al honor y la intimidad ya están regulados en el Código Penal.
La decisión del presidente coincide con los argumentos que distintos sectores del país han venido sosteniendo.
Organizaciones como Fusades, Fespad, ISD, CREE, UCA, ARPAS y ayer Funde, pidieron públicamente al mandatario que vetara el decreto.
CD y ARENA, que no apoyaron esta disposición, se dieron por satisfechos por el veto.
“El veto a la ley mordaza como la llamamos es muy importante… tan importante es que cuando se quiere ser candidato esté expuesto a la ciudadanía como importante es que cuando se es presidente sea igualmente transparente, no basta el proceso de elección hay que hacerlo cuando se está en el ejercicio del poder”, afirmó Escobar, al tiempo que dijo que esperaba que no se agruparan los otros partidos para superar el veto.
Sin embargo, Roberto Lorenzana, detalló que como FMLN no promoverán esa iniciativa. “Vamos a respetar la decisión del presidente… ya con este antecedente vamos a ser respetuosos y nos vamos a atener exactamente lo que dice el Código Electoral y al Penal donde también quedan establecidos los mecanismos en contra de la difamación”.
Mario Ponce, del PCN, dijo que el veto refleja los pesos y contrapesos de los tres poderes del Estado y “que allí termina el esfuerzo que hizo la Asamblea con tratar de que hubieran campañas con contenido y no con ofensas”.
Aunque indicó que se tiene que respetar la decisión del presidente, si existen los 56 votos para superarlo “ese es otro asunto que tendrá que dirimirse”.
Douglas Avilés, diputado del CD, recordó que no votaron por ese decreto, entre otras razones, porque “generaba duda el verdadero objetivo de eso” y que “si la finalidad era buena, no era la manera de hacerlo”.
Avilés también cuestionó el hecho de que el decreto estaba “mal redactado” pues no se especificaba el plazo específico de cuándo entraría en vigencia ni si aplicaba a la próxima elección presidencial.
Precisamente ese fue un punto que señalaron la semana pasada el ISD y CREE, quienes además no lo consideraban “congruente con la realidad” pues dice que busca promover la participación democrática y en el texto no se promueva eso.