Al proceso electoral salvadoreño se le pueden imputar muchas deficiencias, pero es muy difícil pensar que existe la posibilidad de un fraude que afecte el resultado final. Los firmantes de la paz intuyeron que la desconfianza de los partidos sería muy alta y en consecuencia diseñaron un mecanismo que estaría vigilado por todas las fuerzas políticas.
Aquella decisión se incorporó en la Constitución de la República y se tradujo en un reparto de la autoridad electoral entre los partidos que obtuvieran el primero, el segundo y el tercer lugar en las elecciones presidenciales, además de dos representantes de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera garantizaron que ninguno de los competidores manipulara los resultados de los comicios e intentaron que los procesos judiciales fueran tramitados por abogados cuidadosamente seleccionados por el Órgano Judicial.
Los resultados de las elecciones celebradas a partir del acuerdo de paz no han sido objeto de cuestionamiento alguno. Si bien la sociedad civil organizada ha impulsado desde hace varios años la “despartidización” del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de mejorar principalmente el ámbito de la justicia electoral, en materia de organización y administración de las elecciones el TSE ha sido exitoso. Por esa razón es tan importante cuidar la solidez y los tecnicismos del mecanismo de transmisión de datos, la presencia de los observadores internacionales, el protagonismo del fiscal electoral y el papel de los vigilantes, jefes de centro, supervisores y miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Ciertamente con el transcurso del tiempo se ha reclamado una mayor independencia de quienes integran al Tribunal Supremo Electoral y la ciudadanización de los organismos electorales temporales. Con estas decisiones se garantizaría una justicia electoral independiente transformando a los electores en vigilantes del proceso. Cuanto más se retrasen las reformas estructurales en materia electoral, mayor es el riesgo que los agentes políticos utilicen estas debilidades para generar especulaciones acerca de posibles acciones fraudulentas. El episodio público protagonizado entre el principal partido de oposición política y un magistrado del tribunal que en el pasado desempeñó la presidencia del máximo organismo jerárquico de dicho partido, es un buen ejemplo.
Con la alternancia política el país demostró su capacidad para reinventarse democráticamente. Las encuestas anunciaban que la elección de 2009 sería muy cerrada y que el ganador alcanzaría la presidencia por muy pocos puntos de diferencia respecto del segundo lugar. En esa ocasión ninguno de los dos candidatos expresó su desconfianza del proceso ni mucho menos manifestó públicamente que existiera la posibilidad de una estafa a los electores por parte del TSE. Tratándose de un evento en el que por primera vez existían enormes posibilidades de un cambio de partido en el Ejecutivo y estando a la cabeza del organismo electoral un expresidente de la cúpula del partido gobernante, las especulaciones de fraude para aquel proceso podrían haberse justificado hasta cierto punto. Sin embargo los partidos fueron muy cuidadosos y respetaron en todo momento la imparcialidad del tribunal.
El escenario para las presidenciales de 2014 no es muy diferente. Llegamos con dos partidos fuertes y con una coalición de minoritarios que ha presentado a un expresidente como candidato. Las posibilidades acerca de una elección cerrada vuelven a estar sobre la mesa. Nuevamente existe la tensión entre los aspirantes y por tanto debe cuidarse en extremo la imagen de la autoridad electoral. La falta de avances en la modernización del TSE nos presenta un árbitro con las mismas deficiencias que se han venido señalando durante los últimos procesos electorales. Sin embargo el espacio para un fraude debería descartarse. Esta afirmación se fundamenta en los elementos que ya señalamos párrafos atrás.
Las ansiedades de los presidenciables acerca de la imparcialidad de la competencia para el 2014 no deberían tener como origen las diferencias entre un partido y un magistrado al interior de la autoridad. Las dudas en todo caso deberían centrarse en la falta de control del financiamiento político y en la débil administración de justicia por parte del tribunal. Esto no significa que pase desapercibida la disputa de un miembro del TSE con el partido en el que ha militado desde su juventud. Pero mientras esas diferencias no se traduzcan en decisiones al interior del tribunal que afecten la transparencia del proceso, el incidente no es más que un “pleito de familia” quizás incentivado por el candidato de otro partido y no constituye un riesgo para la correcta administración de las elecciones en 2014.
En todo caso este tipo de situaciones desaparecerían por completo si los partidos afrontaran con responsabilidad las reformas apuntadas sobre la necesaria independencia del organismo electoral.
*Columnista de El Diario de Hoy.