LA PAZ. Los barriles con tóxico, que están almacenados en la planta propiedad de la empresa Quimagro, en San Luis Talpa, La Paz, serán destruidos en un plazo máximo de 15 días, confirmó ayer la viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl.
“El plazo máximo del proceso de destrucción es de 15 días. Le hemos pedido a Fosaffi que, son quienes están administrando el terreno en este momento, que ellos se hagan cargo de la destrucción”, dijo la funcionaria.
El traslado de los barriles estará a cargo del Fosaffi (Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero), quien es la administradora de los bienes de Quimagro, aunque la propiedad sigue siendo de la compañía formuladora de productos agrícolas, según explicaron funcionarios de la entidad.
Esta es acreedora de las obligaciones financieras de Quimagro desde 1990, cuando Fosaffi saneó la banca. “Nosotros somos acreedores de la sociedad Quimagro, que es la dueña de los químicos. El dueño realmente es Quimagro”, explicó el gerente general de Fosaffi, Óscar Pérez.
Los barriles, que contienen aproximadamente 20 toneladas de tóxicos como toxafeno, han estado abandonados en la planta desde que la empresa de productos agrícolas entró en un juicio mercantil, que aún está activo.
Pero según confirmó el gerente general de Fosaffi, los químicos serán llevados a Metapán, en Santa Ana, para que la planta Geocycle, propiedad de Holcim, los procese en sus hornos cementeros.
Pérez dijo que será esta planta cementera la que se encargará de destruir el material tóxico bajo las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Estaríamos haciendo un contrato con ellos y una vez evalúen el procedimiento, estarían obteniendo la responsabilidad de los químicos, bajo los criterios del ministerio”, dijo el funcionario.
Según Pérez, se está a la espera de una subasta pública para que todos los bienes de la empresa Quimagro sean adjudicados a Fosaffi.
Con este traslado, el Gobierno pondría fin a una serie de demandas que los pobladores del cantón Loma de Gallo, en San Luis Talpa, han externado por años.
Los habitantes de este lugar demandaron que estos químicos fueran retirados del lugar porque , a su juicio, ponía en riesgo su salud.
Al respecto de los daños que pudieron ocasionar estos químicos a la salud de los pobladores, la viceministra Pohl dijo que pronto recibirán los resultados de un muestreo que un laboratorio especializado, contratado por el MARN, hizo al suelo y pozos de los alrededores de la planta para determinar si los habitantes han resultado perjudicados al consumir agua presuntamente contaminada.
Los resultados, sin embargo, no detendrían varios proyectos de agua potable que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ya están gestionado por su parte para llevar agua potable a la zona, que por ahora no cuentan con ese servicio público.
Investigación
El caso también es seguido por la Fiscalía General de la República, que también está a la espera de los resultados del laboratorio, con los que se podría abrir una investigación por el delito de contaminación agravada.
El MARN y la Fiscalía han intervenido en otros casos de contaminación, como el de Baterías Récord, en San Juan Opico, en La Libertad, que sigue su curso legal.