El Salvador enfrenta serios problemas de escasez de agua potable y a mediano plazo la situación podría agravarse sin retorno. Urge una robusta política de medidas coherentes con el manejo integral del recurso y el ambiente. Estudiosos del tema consignan que el país tiene suficiente agua para toda la población, pero ésta ha venido soportando una crisis severa de disponibilidad, de exclusión de la red.
La problemática hay que enfocarla desde tres perspectivas: 1) La ecológica: el agua dulce escasea al disminuir la capacidad de infiltración del agua lluvia en el suelo. 2) La social: la calidad del vital líquido se empobrece por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 3) La institucional: los servicios de abastecimiento y saneamiento están deficientes por la gestión inadecuada del recurso hídrico.
La gestión institucional a cargo del gobierno (ANDA) es insuficiente para enfrentar esta problemática. El subsidio al agua se incrementó a más de US$70 millones y aún así, más del 60% de los hogares más pobres no recibieron ningún beneficio, dado que están excluidos de la red de distribución y por tanto no disponen del servicio de agua de ANDA, ni de entes privados. Los hogares rurales más pobres emplean buena parte del tiempo productivo de sus miembros para conseguir el agua diaria.
La gestión no es capaz de contener los crecientes conflictos sociales, así como poner bajo control la contaminación del recurso con la consiguiente amenaza para la salud, factor clave que explica el cuadro de epidemias y enfermedades que no habíamos visto en años.
Por otra parte, las acciones de ANDA en lugar de calmar los ánimos en estos conflictos, últimamente lo que ha hecho es exacerbarlos, preocupando a los usuarios al cargarles costos y encarecer su acceso a la red de distribución. Esta administración pretende aplicar multas para sostener las políticas concebidas por el Ejecutivo.
Un reciente ejemplo ha sido la instalación por parte de ANDA de chapas y seguros en los medidores de agua, para evitar su indebida manipulación por personas no autorizadas, para evitar se falsifique su lectura y afectar la facturación.
Este proyecto anunciado en los diferentes medios, nos dice que ANDA comprará alrededor de un millón de esos dispositivos de seguridad para instalarlos en los medidores de agua en los hogares de sus 800,000 usuarios. A la vez, ANDA lanzó campaña mediática diciendo que el medidor es propiedad del usuario. Sin mediar contrato de compra/venta.
El marchamo será de plástico frágil, para que al intentar quitarlo se rompa. Las chapas poseerán un mecanismo de cierre especial, y si alguien pretende abrirlo se destruirá. Con ello ANDA tendrá prueba de que se violentaron los mecanismos de seguridad del medidor de agua, y presume que dicha acción se cometió para alterar la lectura del consumo. ¿Y de este hecho se puede responsabilizar al dueño del medidor de agua? El usuario.
ANDA anunció que violentar ese dispositivo implicará para el usuario multa de US$3,428.57. Y pretende cobrarla en la factura mensual.
La lógica: “Si este marchamo es alterado, es la práctica de que alguien ha intentado quitar el medidor….( )…asumo que nadie tendrá inconveniente que en el pliego tarifario exista una multa para todos aquellos que manipulen los medidores”.
Olvida ANDA que el pliego tarifario es emitido por acuerdo ejecutivo del Ministro de Economía y que para multar se requiere de un decreto legislativo. Bueno sería que se defina un proceso sancionador que garantice el derecho de defensa del presunto responsable. No procede simplemente multar: ¡pague o le corto el agua!
*Colaborador de El Diario de Hoy.