Hace unas semanas el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo a los diputados de la Asamblea Legislativa que no era viable incluir a un grupo de 13 mil “optados” (que optaron por el sistema de pensión privado) al decreto 100 para que el Estado les otorgue una pensión vitalicia, porque eso representaría un gasto de $578 millones.
Pero ayer aseguró que se analiza asumir el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), una reforma que obligaría al Estado a asumir una millonaria deuda.
La diferencia entre ambas medidas es que en el primero de los casos, sería el actual Gobierno el que tendría que asumir el costo de agregar esas 13 mil personas a otro grupo de 130 mil personas, que sí se beneficiaron con el decreto 100 y que tienen derecho a recibir pensión de por vida.
En cambio, el compromiso para pagar las pensiones a los militares tendría que ser asumido por la próxima administración, pues según dijo ayer el ministro de Hacienda, el IPSFA tiene una reserva de fondos que ronda los $90 millones.
Con ese dinero se podrían pagar las pensiones actuales, pero si estas reservas se terminan en los próximos años, el Estado asumiría la responsabilidad, apuntó.
El funcionario reconoció la presión económica que esta medida le pondría a las finanzas públicas cuando se tenga que asumirlas.
Sin embargo, no explicó por qué se busca un ahorro por un lado, pero se adquiere un compromiso monetario por el otro.
Sobre el tema de los 13 mil pensionados, el ministro pidió a la Asamblea Legislativa que desestime una petición que los afectados han hecho para sumarse al famoso decreto 100.
Pero en cuanto a los militares, la propuesta está en Casa Presidencial a la espera de que sea enviada a la Asamblea Legislativa.
El funcionario se excusó diciendo que el tema es “delicado” y que debe tratarse con suma responsabilidad.
Los pensionados hablan
Los miembros de la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones (APSAP), que defienden los derechos del grupo de 13,000 optados, no están de acuerdo con que Hacienda ningunee su petición.
“Las personas que hemos sido excluidas (del decreto 100) estamos siendo víctimas del sistema de retiro cuya responsabilidad, no puede ser atribuida a los usuarios”, detalló la asociación en un comunicado entregado a este periódico.
“No es justo cargar sobre nuestras espaldas los impactos negativos que los cambios han generado”, se recalcó.
Sin embargo, aclararon que tampoco quieren perjudicar al otro grupo de optados, que suman cerca 130 mil personas y que sí tienen derecho a pensión vitalicia.
“Nos solidarizamos con el otro grupo de los llamados optados”, para quienes el fisco está considerando eliminar la pensión de por vida.
Quienes tampoco están dispuestos a los cambios que propone el Ejecutivo son los mismos militares.
El diputado y coronel Sigifredo Ochoa Pérez indicó que, al hablar con sus pares, la molestia ha sido el denominador común.
“El Estado, de una manera fácil se quiere zafar pasándonos al Seguro Social. Nos están aniquilando”, dijo el coronel.
Lo lógico sería que el IPSFA sea recapitalizado por el Gobierno, tras el déficit que ha presentado por años, concluyó el militar.