La pequeña y mediana empresa en su mayoría sufre el impacto económico de la delincuencia, lo que los obliga a destinar fondos para el pago de seguridad, costos que después deben trasladar a sus productos y servicios, y que terminan pagando los consumidores finales, afirmó ayer Guillermo Guidos, presidente de la Unión Mipymes de El Salvador.
“Ya no podemos sostener esta situación. Necesitamos que el sector que brinda seguridad encuentre condiciones más baratas y más eficientes y que nos enseñen qué nuevos productos hay para que estemos seguros”, comentó Guidos.
Para las mypimes es mucho más cara la inversión en seguridad que para una empresa grande, porque sus montos de ventas son menores. “Somos empresas de subsistencia. Para nosotros pagar $400 o $375 por un vigilante, es más de lo que vale un empleado productivo”, afirmó.
La extorsiones son otro de los males que aquejan al gremio. Hasta marzo de 2013, unas 227 empresas habían denunciado extorsiones.
Este problema, en muchos de los casos, obliga a cerrar los negocios pequeños y a salir de ciertos sectores para buscar otros más seguros.
El empresario afirma que el sector turístico de la costa de La Libertad está sufriendo un grave acoso de la delincuencia y las extorsiones, factor que los ha obligado a cerrar y retirarse del mercado.
Según el último censo realizado en el 2007 por el Ministerio de Economía, las mipymes forman el 99.6 % de las empresas existentes, generando un aproximado de 600 mil empleos directos.
Alternativas
De acuerdo con Justin Dawson, representante de la Oficina Internacional de Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia en la embajada de Estados Unidos en El Salvador, la seguridad es indispensable para el desarrollo económico y social de un país.
En ese sentido recordó que los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron un documento para ejecutar lo que se conoce como el Asocio para el Crecimiento, proyecto que busca remover los obstáculos del crecimiento y buscar estrategias para el combate de la delincuencia.
El proyecto posee 20 metas y 14 de ellas están relacionadas con el área de seguridad, con la idea de buscar mejorar el clima de inversión a través de profesionalizar las instituciones del sector justicia, mejorar la efectividad de los procedimientos y prácticas de justicia criminal, profesionalizar la administración pública en el país, contar con la confianza del público hacia el gobierno y crear condiciones favorables para la fuerza productiva.
Dawson señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está trabajando de la mano con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General en el desarrollo de las temáticas antes mencionadas con el propósito de reducir el impacto del crimen organizado en la pequeña y mediana empresa, porque consideran que es un sector clave para el crecimiento de la economía nacional.
Además ambos países están enfocando esfuerzos para reducir las extorsiones en El Salvador. “Las extorsiones son una verdadera plaga para los empresarios, los trabajadores y sus clientes”, aseguró Dawson.
Las declaraciones de Dawson tuvieron lugar en la Expo-Seguridad de El Salvador, evento en el que se dieron cita 50 empresas que mostraron a los participantes lo mejor en seguridad industrial, corporativa e informática.