La Sala de lo Constitucional ha vuelto a invalidar los nombramientos del presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, alegando que esos cargos no los deben desempeñar políticos.
La implícita teoría es que un político puede decidir no sobre los méritos y evidencias de un caso, sino en función partidista, favoreciendo a los cofrades y persiguiendo a los opositores. Eso, en términos simples, presume corrupción, manipular la justicia, burlarse de lo que se juramenta cumplir.
Pero, ¿por qué sólo a ellos, cuando renegar de la palabra empeñada, traicionar mandatos populares y pisotear la ética propia de un cargo, es casi lo cotidiano en nuestro país?
¿Cómo se puede exigir a un magistrado de la Corte de Cuentas no favorecer a un funcionario por compadrazgo, en un país donde tantos diputados se venden, o se dice que se venden, actuando al revés de lo que ofrecieron cuando hacían campaña?
¿Cómo se aplica a una particular institución lo que no vale para el resto, lo que se ejemplifica con las barridas de funcionarios y empleados del gobierno para dar esos puestos a correligionarios y allegados del partido oficial, una práctica tan grave como si en la Corte de Cuentas maniobraran en favor de un cofrade?
En todo caso, el juicio de valor –si están vinculados a partidos políticos van a corromperse– se da a priori, cuando hay una abundancia de casos en que los hechos comprueban que hay corrupción y que, además, la práctica se está extendiendo por todo el cuerpo social, como alguien podría pensar de esos extraños casos de criminales que se quedan a vivir en sus casas a un altísimo costo para el erario.
De un caso menor a una descomunal amenaza
No pasa semana sin que un diputado o funcionario descubra que su conciencia y sus principios le llevan a meter un cuchillo por la espalda a quienes le brindaron una plataforma, para convertirse en “independientes”, lo que también constituye una burla a la democracia y a los ciudadanos.
En su obra “La Peste”, Camus describe el horror de una ciudad que de pronto comienza a caer víctima de una peste que, con el paso de los días, va invadiendo barriadas y propagándose sin esperanza o salida.
La peste es una metáfora del totalitarismo que, en un inicio, surge y va creciendo sin que los habitantes de un país se defiendan o adopten medidas y estrategias para protegerse.
Esto es, en similares circunstancias, lo que ha venido sucediendo en El Salvador con la corrupción, con la creciente usurpación de poder y de sectores por parte de conspiradores, por la pérdida de principios cívicos, por el debilitamiento de las naturales defensas de una sociedad ante la degradación general.
Frente al morbo aniquilante, el fallo de la Sala viene a ser como una gota de agua en medio del diluvio, un gesto que puede ser el inicio de correcciones necesarias, o un amago que distrae pero sin llegar muy lejos.
Es válido anticiparse a potenciales maniobras dentro de la Corte de Cuentas, pero que trascienden poco en el creciente derrumbe de las instituciones y de las estructuras propias de un Estado de Derecho. La verdadera lucha de rescate moral e institucional ha comenzado a darse en las filas de la oposición y entre los ciudadanos que se asquean.