Dos años después de que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Concesión del Puerto de La Unión, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), comenzará el próximo lunes un nuevo proceso de discusión con los diputados de la comisión de Hacienda para reformar el marco legal que regula las condiciones de la licitación de la terminal.
Los cambios, según el presidente de la autónoma, Alberto Arene, buscan evitar a posibles conflictos que conlleven un posterior arbitraje internacional, pero sobre todo favorecer al Estado para que luego del periodo de concesión (de 25 años) pueda adquirir las inversiones que realizará el operador que reciba la administración y gestión portuaria.
En este punto, el asesor de la presidencia de CEPA, Carlos Federico Paredes, afirmó que acudirán al organismo legislativo porque el dragado del canal de acceso al puerto, al encontrarse azolvado, necesita atención inmediata.
Pero para realizar este trabajo, que le representa un costo mínimo de $25 millones, es necesario modificar el artículo 3 del decreto 834 porque se ofrecerá una profundidad de entre 10 y 12 metros y, a menos que la empresa lo requiera, se le entregará la terminal con las condiciones originales (14 metros).
La otra reforma que CEPA considera fundamental es la del artículo 8 para aumentar modificar de 5 a 10 años el plazo para que el concesionario del puerto invierta $30 millones en servicios ‘a la carga’ como grúas pórtico puesto que, en materia de servicios ‘a la nave’ la autónoma comprará lanchas batimétricas y remolcadoras para los buques de gran calado.
Lo anterior conlleva una ventaja porque las inversiones se comprarán ‘a precio libro’, es decir se deduce la amortización acumulada y la depreciación, explicó el asesor de Cepa.
Hay que resaltar que se busca darle preferencias al que maneje la fase 1 de la concesión en la licitación posterior del segundo muelle de contenedores para ‘darle oportunidad al operador de participar’.
Es clave recordar que la empresa internacional que gane la concesión debe establecer una Sociedad Anónima Domiciliada en el país pero, según la ley actual, no se definen plazos.
Por lo tanto se aplican los tiempos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP, que solo da cinco días para firmar el contrato, plazo que es considerado por las autoridades de la autónoma como ‘insuficiente’.
Por ello en las reformas pedirán 60 días de plazo, más una prórroga por el mismo tiempo, de ser necesario.
La legislación actual advierte que no formarán parte de la concesión las zonas extraportuarias, la infraestructura de acceso marítimo, las ayudas a la navegación (faros y boyas) ni los edificios administrativos. Todo esto será mantenido por el Estado.
La construcción del Puerto de La Unión Centroamericana fue financiada con un crédito del Banco de Japón para la Cooperación Internacional por un monto de $182 millones. El gobierno debe de pagar casi $11 millones anuales para saldar la deuda con este organismo financiero.