El anuncio realizado ayer por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de iniciar el proceso de precalificación de las operadoras de contenedores que buscarán la concesión del Puerto de La Unión contrasta con la necesidad de la autónoma de terminar de equipar la terminal marítima antes de su concesión, programada para el primer trimestre de 2014.
Alberto Arene, presidente de la institución reconoció que es necesario gestionar un préstamo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $40 millones para poder adquirir equipo especializado como remolcadores, grúas de muelle tipo pórtico y una dragadora que permitirá mantener a una profundidad mínima de 14 metros el canal de acceso a la terminal, ubicada en el Golfo de Fonseca.
“CEPA tiene una capacidad máxima de endeudamiento de $65 millones de los cuales una parte provendrá de la titularización, otra de los flujos propios y también de la banca multilateral”, confirmó el funcionario, quien además recordó que el Estado será el garante de las inversiones.
En este sentido tanto Arene como Ari Skrome, asesor de CEPA y delegado de la Corporación Financiera Internacional (IFC, siglas en inglés), coincidieron que el estancamiento en la concesión se ha debido ‘a que en 2009 no se concluyó la infraestructura, no estaba equipado y no se realizaron estudios fundamentales, sobre todo técnicos, jurídicos y específicos del canal’. Para dar este argumento pasaron cuatro años de la actual gestión de gubernamental.
Para Milton Lacayo, gerente del Puerto La Unión, responder ante esa circunstancia obligó a CEPA a sacrificar recursos financieros, sobre todo aquellos que estaban destinados para adquirir una dragadora y remolcadores.
“Durante la construcción (del puerto) se hicieron muchos cambios y posteriormente se invirtió $20 millones en el sistema de cajones del muelle de contenedores para subir la base y no tener problemas con los barcos de gran calado”, explicó Milton Lacayo, gerente del Puerto.
La misma fuente confirmó que se esperará a que se concesione el puerto para iniciar los trabajos de dragado del canal, el cual tiene un azolve de casi 5 metros.
“Sabemos que se tiraron al mar $35 millones por un dragado que no tuvo que hacerse en su momento porque el Puerto no se iba a concesionar. Por ello hoy tenemos que dejar que el mercado (de navieras) nos indice la oferta y la demanda al respecto y que se nos den las medidas exactas para hacer dicho trabajo”, reconoció Arene.
Realizar este trabajo conllevará esperar a que Echo Corporation de Japón termine el estudio de batimetría que donará el país asiático a CEPA.
Bajo este enfoque Skrome dijo que el IFC, organismo del Banco Mundial, le donó a CEPA un 70% de los estudios, sobre todo el relacionado con los pliegos tarifarios y la Ley de Concesión, que está en proceso de reforma para elevar de cinco a 10 años el plazo de inversión de $30 millones por parte de la operadora que gane la concesión.