En plena campaña electoral, la promesa de sacar al país de su letargo económico a través de la atracción de inversiones forma parte del menú diario que los partidos ofrecen a sus votantes. Paradójicamente la historia reciente le ha demostrado al país que los periodos electorales tienen un impacto negativo en la conquista de capital fresco.
“A partir de las últimas tres elecciones se puede decir que el ciclo electoral ha estado afectando las inversiones”, afirmó Pedro Argumedo, analista del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que la inversión total real se contrajo 4 % en los comicios de 1999, al ubicarse en los $1,400 millones, $100 millones menos que en 1998; se redujo en 3.9 % en las elecciones de 2004 al bajar de $1,600 a un poco más de $1,500, y se desplomó 19.2 % en las votaciones de 2009 al descender de los casi $1,800 a los $1,400 millones.
Para esta nueva contienda, Manuel Enrique Hinds, exministro de Hacienda, percibe que la inversión tomará el mismo rumbo negativo.
“La inversión continúa deprimida, demostrando de una manera muy clara que ni la situación política del momento ni los actores que prometen cambiarla en las elecciones están generando la esperanza real que es esencial para que haya más inversión y para que la economía comience a crecer nuevamente”, opinó el analista en una de sus recientes columnas.
El Salvador lleva varios años en el penoso puesto del país que menor Inversión Extranjera Directa (IED) atrae en toda América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Ni los empresarios locales se sienten optimistas de querer invertir en el país básicamente por la incertidumbre política y económica, de acuerdo con la última Encuesta de Dinámica Empresarial de Fusades.
De hecho, el clima de inversión se ha mantenido negativo desde el primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2013, según los números del tanque de pensamiento; mientras que la incertidumbre ha ocupado uno de los tres primeros lugares entre los factores que inciden en la percepción de un clima de negocios desfavorable.
Durante la presentación del presupuesto 2013, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo a los diputados que para este año se esperaban flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) bajos. En aquella ocasión el titular del Fisco aseguró que la IED rondaría un poco más de $500 millones, una cifra similar a la de 2012, pero que no se compara con los $1,059 millones que reportó Honduras el año pasado, según el periódico La Prensa, ni con los $810 millones capturados por Nicaragua, de acuerdo con La Prensa, de ese país.
El analista económico Luis Membreño asegura que el panorama para atraer inversión ya es complicado por factores externos y lo agrava la campaña.
El mundo atraviesa por una desaceleración de la economía mundial debido a la caída en el precio de los “commodities”, Centro América tampoco se salva de la contracción y El Salvador con su pobre crecimiento económico mantiene una demanda deprimida. “Esto aunado a que ninguno de los tres candidatos genera confianza absoluta de que tengan claro el rumbo que desean seguir y que tengan acciones claras para fomentar la inversión”, complica la tarea, aseguró.
Impacto público
El analista de Fusades explica que el impacto de los periodos electorales no solo lo padece la inversión privada, también lo hace la pública.
Por un lado señala que “cuando el escenario se pone gris, el empresario decide esperar mejor, se repliega por la incertidumbre política, una variable que él no puede controlar”; mientras que la inversión pública se ha visto afectada por el bloqueo político y por el proceso de adecuación por el que pasa cada nueva administración, sostiene.
El mejor ejemplo de la contracción de la inversión pública que puede generar el periodo electoral ocurrió en 2004, con la llegada de Elías Antonio Saca a la Presidencia. Debido a que un año antes el FMLN se coronó como la fuerza política mayoritaria en la Asamblea Legislativa demoró la aprobación del presupuesto. Saca comenzó su gestión sin contar con fondos, lo que ocasionó una contracción de la inversión pública del 43.02%.
Los próximos comicios presidenciales, señala Argumedo, tienen otra particularidad que pone en peligro la inversión pública: una deuda pública que ya supera el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB).
“La inversión pública está en función de las prioridades del Ejecutivo en los diferentes periodos electorales, el consenso que logre en la Asamblea para que apruebe el presupuesto y un fenómeno que aparece ahora a diferencia de otros periodos es el alto endeudamiento. No es lo mismo para el sector público hacer inversiones cuando la deuda es del 35 % que ir a hacer inversiones cuando la deuda es del 50-60 %”, argumentó el analista.
De acuerdo con las estadísticas del BCR, la deuda pública total a abril de 2013 ascendía a $14,552.7 millones, $1,322 millones más que el mismo periodo de 2012, y $3,379.2 millones más que cuando Mauricio Funes asumió la presidencia.
Como la inversión está vinculada a los préstamos externos y para su aprobación se necesita mayoría calificada, lo que han hecho los partidos desde 2004 es que ya no presentan un presupuesto completo, explica Argumedo.
El ejemplo más reciente es el presupuesto del año 2013. El gobierno llevó el año pasado un presupuesto desequilibrado, a juicio del economista de Fusades. Este fue aprobado, y en el transcurso del año “hemos visto que el Ejecutivo ha presentado préstamos para hacer inversiones, y lo hacen cuando ya tienen los 56 votos”, añadió, y criticó que se ha perdido el verdadero significado de realizar un plan de gastos.
Bajo este mecanismo fue como el Gobierno logró la reorientación de $73.5 millones , de una emisión de eurobonos, para las carteras de Economía, Seguridad, Defensa y Casa Presidencial a finales de mayo pasado.
La insistencia para lograr la reorientación que le permitiría al Ejecutivo mantener su red de programas sociales contrasta con la despreocupación por cumplir con la deuda que el Gobierno tiene con sus proveedores e incluso con organismos financieros internacionales.
El más reciente episodio de pérdida de confianza lo provocó el impago de una cuota por $10 millones de un préstamo que el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) adquirió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el proyecto Casa para Todos. El incumplimiento derivó en la baja de la calificación de Fonavipo y en la revisión de la nota de otras instituciones financieras estatales. El país perdió ante inversionistas su buen récord crediticio.