La Asamblea Legislativa publicó ayer el decreto transitorio en el que busca sancionar el “desprestigio” a los candidatos presidenciales, que participarán en las próximas elecciones de 2014.
Dichas disposiciones aún no están vigentes puesto que necesitan la sanción presidencial para ello. Fuentes de Casa Presidencial afirmaron que el documento ni siquiera ha llegado a manos del Presidente Mauricio Funes.
El decreto 412 fue avalado en la madrugada del 27 de junio con 55 votos de las fracciones del FMLN, Gana, los cinco exareneros, PCN y PDC.
ARENA ha criticado que esta iniciativa no es más que un blindaje para los candidatos del FMLN y del movimiento Unidad.
Según el abogado Francisco Bertrand Galindo, este decreto es innecesario, pues ya existe regulación penal para quien dañe la imagen y el honor de una persona, sin distinción alguna.
Agregó que este tipo de disposiciones crea una diferencia, entre el ser político y un ciudadano normal, que no tiene ningún sentido, pues esas legislaciones privilegiadas no hacen ningún bien, por lo que considera que fácilmente puede considerarse inconstitucional.
Bertrand Galindo asegura que otro efecto que genera esta situación es que en lugar de evitar la “campaña sucia”, argumento principal de las fracciones que aprobaron el decreto, la incrementará.
“Ahora el problema, lo que hace el decreto de que le impide a una persona hacerlo de frente, entonces a mi más me parece que es un decreto que va a tener un resultado inverso porque lo que va a fomentar es lo que en teoría quieren fomentar, que es toda la parte sucia de la campaña”, dijo.
Asimismo, calificó de absurdo el hecho de que el decreto proteja a cualquier persona que se declare candidato, aunque no esté inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral.
“Es absolutamente impropio porque los políticos están llamados a ser censurados y criticados siempre. Si alguien quiere hacer un señalamiento de frente no creo que no lo pueda hacer”, afirmó.
Según el abogado, si este decreto legislativo es sancionado por el Presidente entraría en vigencia inmediatamente.
El artículo 1 detalla que “queda prohibido, previo y durante la campaña electoral, realizar propaganda, publicidad o eventos proselitistas, que por cualquier medio de comunicación destrestigien a personas, especialmente cuando se realicen en contra de quien públicamente se haya postulado, como aspirante a la presidencia y vicepresidencia, aunque su candidatura aún no se encuentre inscrita”. Habrá sanciones de $5 mil a $25 mil. El diputado del PCN, Mario Ponce, afirmó que esta disposición iba a ser incluida en el nuevo Código Electoral, pero que no logró el apoyo necesario.Dichas disposiciones aún no están vigentes puesto que necesitan la sanción presidencial para ello