La Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) no termina de convencer a los dueños de vehículos automotores que tienen que pagar un monto específico a la hora de sacar la tarjeta de circulación, sea por primera vez o como renovación. Para ellos es un golpe a su bolsa.
Tampoco convence a los mismos dueños de unidades del transporte público de pasajeros ni a los de carga, quienes ven en esto un nuevo impuesto, surgido bajo la sombra de una ley a la que le son señaladas algunas ilegalidades.
El punto más criticado es que la ley no contiene los montos que deben pagar los dueños de vehículos ni lo que el Fonat debe cancelar a las víctimas en concepto de indemnización.
El viceministro de Transporte, Nelson García, explicó con anterioridad que el Reglamento contendría esos costos. En efecto, el documento, que fue publicado en el Diario Oficial el pasado 18 de abril especifica las cifras, pero al parecer eso no salva a las autoridades del cuestionamiento.
William Cáceres, presidente de la Federación de Cooperativas del Transporte en Microbuses (Fecoatrams), detalló que “los valores tendrían que estar en la ley según lo que dice la Constitución”.
Esto fue confirmado por el doctor Francisco Bertrand Galindo, quien explicó que la Constitución de la República establece que los montos de cobros en concepto de impuestos o contribuciones especiales deben ser fijados en la ley.
Más allá de la ilegalidad que algunos le señalan a la ley, vigente desde el uno de abril, están los problemas que se han generado en algunos rubros, en turismo y logística, sobre todo.
Por varias semanas los empresarios del sector de transporte de carga nacional e internacional alzaron sus voces para externar su descontento por el pago del Fondo bajo el argumento de que es un impuesto que el gobierno creó y aplica con el fin de recaudar dinero para financiar rubros donde tiene déficits, el de la Salud en particular. Una opinión a la que han echo eco los empresarios e industriales de otros países de la región.
Los empresarios no descartan que a corto plazo ese fondo se traduzca en un incremento en el precio de los productos que comercializan, debido a que cada vehículo que ingresa al territorio salvadoreño con placas extranjeras tiene que pagar una cuota al Fonat.
Si bien el jueves pasado el gobierno logró frenar posibles acciones de parte de los transportistas de carga internacional, bajo la promesa de que modificará la Ley para que no les cobren el Fonat a los que ya tienen seguro internacional, lo cierto es que hay un 85 % de transportistas de ese sector que quedarán sin ese beneficio porque no poseen seguro.
Falta ver si la Asamblea Legislativa concreta la reforma a corto plazo y qué pasará también con los operadores de turismo que ingresen al país.
¿Qué dice el Fonat?
Establece que las personas que resulten lesionadas y queden con secuelas como resultado de accidentes de tránsito recibirán una única indemnización que no excederá los dos mil dólares.
De igual forma, los familiares de las víctimas que fallezcan en las mismas circunstancias podrían recibir una suma de hasta tres mil dólares, más $500 por gastos funerarios.
Según anteriores declaraciones del viceministro de Transporte, el Fonat “es un fondo solidario” y cubrirá a toda la población, es decir a 6.3 millones de salvadoreños.
No obstante, algunos sectores cuestionan que de los $41 millones que el gobierno ha previsto recaudar al año solo una pequeña parte será para pagar las indemnizaciones. En efecto, solo 30 % del Fondo será dedicado a indemnizar a las víctimas de accidentes viales.
El resto de los fondos del cobro del Fonat serán distribuidos por el Ministerio de Hacienda de la siguiente manera: 35 % serán asignados al sistema de salud pública con miras a mejorar la atención a las víctimas de los accidentes.
El 65% de lo recaudado será para esta institución. De allí asignarán siete por ciento al Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conacema) y 3 % para contratar a empresas que asegurarán al Fonat.
Otro 25 % de los ingresos del Fondo Solidario se destinará para comprarle a los dueños de buses del transporte público las unidades que ya tienen 20 años o más de estar en servicio y las cuales están consideradas como “chatarras”. Es lo que el VMT ha denominado Fondo de Chatarrización.
Los dueños de vehículos particulares no terminan de entender por qué el gobierno comprará a los dueños de unidades del transporte público de pasajeros los buses chatarra, cuando es obligación de estos retirarlos de circulación y sustituirlos por nuevas unidades.
El reglamento obliga a los dueños de vehículos Sedán cancelar $35, los pick up $60, los que tienen microbús del transporte público $125, y para buses $150. Los propietarios de taxi pagan $65, los de microbús particular $100, cabezal $65 y motocicleta $45.
Según el Fonat los que estarán exentos de esos pagos son los vehículos de misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país; y personas, instituciones u organizaciones que por convenio o tratados internacionales tengan esos beneficios.
El pago es ineludible, caso contrario no se podrán realizar trámites ante el Registro Público de Vehículos Automotores y el propio VMT. El Fonat no se cobra cuando es necesario reponer la tarjeta de circulación.
García ha dicho que los dueños de vehículos automotores pueden pagar un seguro a las compañías respectivas, debido a que la indemnización que otorga el Fonat no cubre daños materiales.
Con la creación del Fonat se erogó la normativa en la que se establecía que los dueños de vehículos debían tener un seguro por daños a terceros, lo que ha generado incertidumbre en las empresas aseguradoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Fondo, cuando una persona fallece en un accidente vial los familiares reciben la indemnización, pero esto se da según el orden siguiente: hijos y cónyuge (convivientes), o la persona que viva con la víctima; los padres, los abuelos y demás ascendientes de la víctima. Hermanos de la víctima, los sobrinos y por último los tíos. No reciben beneficios los conductores ebrios que provoquen accidentes, ni los conductores de competencias de carro, sean ilegales o legales. Menos quien busque ser lesionado con el objetivo de lograr la indemnización.
A los que resulten lesionados y queden discapacitados en accidentes viales el Fondo está obligado a proveerles apoyo para su reinserción al mundo laboral. El Fonat aún no ha dado a conocer cuáles programas ha creado para cumplir con ese proceso, ni qué instituciones se encargarían de ello. Las víctimas de estos eventos o sus familiares siempre pueden seguir procesos legales en los tribunales en contra de quien consideren los haya afectado.
En la normativa también se establece el proceso de pago de indemnizaciones, para lo cual la Ley del Fondo tendrá que mantener actualizada toda la información relativa a los accidentes de tránsito, y crear los sistemas adecuados para el procesamiento, actualización y análisis.
Los agentes de la Policía Nacional Civil están obligados a trasladar al Fonat los informes con los datos personales de las víctimas y del accidente.
La misma responsabilidad pesa sobre el personal de los centros asistenciales que reciban a los lesionados, y en caso de fallecidos corresponderá a Medicina Legal.
La atención de las víctimas entre los centros de salud pública y el seguro social tiene que ser coordinada. El día que entró en vigencia la normativa la doctora Beatriz Martínez, directora de emergencias médicas del Ministerio de Salud, dijo que en octubre entrará en vigor este programa con miras “a cambiar un poquito” la atención.
Martínez dijo que se iban a fortalecer todas las unidades de emergencia de todo el país con los recursos necesarios.
“Se está trabajando coordinadamente con todos los prestadores de salud, llámese Seguro Social, Fosalud, Bienestar Magisterial, cuerpos de socorro”, indicó la funcionaria, que forma parte del Consejo Directivo del Fonat.
Sin embargo, más de uno se pregunta si realmente las instituciones de salud del sector público estarán listas para esa fecha, considerando los grandes problemas de desabasto de medicamentos, equipo, y personal que tienen en la actualidad.