Los salvadoreños hemos mostrado coraje en la defensa de este derecho universal de la libre difusión de toda idea. Nadie nos calla. No hay dictador que nos diga ¡cierren la boca!
La libertad de expresión fue reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Nuestra Constitución la consagra al decir: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos…” Pero pone límites para la convivencia social, al añadir: …”siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”.
Y para protegernos de abusos del poder de gobernantes, la Constitución dicta: “El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”.
La libertad de expresión de ideas es plena. Igual la libertad de prensa, consecuencial de este derecho individual de libre expresión y difusión de las ideas.
Hay causas constitucionales que determinan la pérdida de derechos ciudadanos. Esta pérdida abarca, entre otros, a “los que están condenados por delito”, pero esta pérdida no hace referencia al sagrado derecho a la libre expresión del pensamiento. Aun los condenados tienen derecho a expresarse y no callarse la boca. Sobre todo si son sometidos a penas infamantes, proscritas o cualquier especie de tormento, prohibidos por Ley. Tienen derecho, como individuos, a denunciar la violación de sus derechos. Y la prensa a investigar y dar a conocer estos hechos.
Pero recreemos en nuestra imaginación una situación hipotética: Personeros de famosa organización criminal, digamos los Zetas, convocan en hotel capitalino una conferencia de prensa para anunciar en nombre de su organización, como voceros y cabecillas locales, que sus estructuras en el país harán las paces con otra banda de narcos, supongamos el cartel de Xinaloa. Dicen que ya no se matarán entre sí. Pero continuarán con los negocios ilegales del trasiego de droga y el control de parte del narcomenudeo.
Inteligencia del Estado, Justicia y Seguridad, Fiscalía y PNC dejarían mucho qué desear si a esa conferencia de prensa sólo llegasen periodistas. Y al día siguiente, las declaraciones de esos voceros de organizaciones criminales internacionales ocupasen las primeras planas de los periódicos y los estelares de noticieros televisivos. Sin captura alguna.
La impunidad estaría tan plena y campante como la libertad de expresión.
¿Inconcebible, verdad? Gracias a Dios es sólo recreación mental propia de novelas del realismo mágico.
Las personas condenadas por sus delitos a perder temporalmente la libertad, confinadas en penales, nunca fueron sentenciadas a perder el sagrado derecho humano de libertad de expresión. Pero como personas, como individuos. Para dar testimonios pueden ir a eventos religiosos, como norma la Ley.
Como voceros de organizaciones criminales proscritas, las pandillas que operan en barrios extorsionando, renteando, robando y asesinando a personas honradas que no se someten, nadie les dijo: ¡cierren la boca! Estos voceros en libertad pueden hablar con la prensa si las autoridades no los capturan. En penales, si los dejasen ejercer vocerías de organizaciones criminales.
La organización criminal no tiene libertad de expresión, está proscrita, no debe expresarse por medio de voceros a la ciudadanía y a sus bases para girar instrucciones.
Inconcebible el facilitar conferencias en penales. El colmo, sacarlos de los penales de alta seguridad y llevarlos a la televisión. Ojalá cambie.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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