“Prisiones: caldo de cultivo del crimen”

Un estudio de InSight Crime señala que las pandillas están en control de los centros penales

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En el centro penal de Cojutepeque las autoridades han concentrado a pandilleros miembros de la mara 18. Foto EDH / Archivo.

Por sucesos@eldiariodehoy.com

2013-06-24 7:00:00

Las cárceles de El Salvador siguen siendo campos de entrenamiento para las pandillas de acuerdo a un informe de InSight Crime, que realizó a mediados de junio una visita al penal de Cojutepeque, para evidenciar la situación del sistema penitenciario.

En un artículo escrito por Steven Dudley y Elyssa Pachico y que forma parte del informe “Tregua entre pandillas en El Salvador: aspectos positivos y negativos”, destaca las paupérrimas condiciones del sistema penitenciario pero reconoce el poder que tienen las pandillas dentro de las cárceles, incluso afirma que siguen cometiendo hechos delictivos desde los penales. (link del artículo: (http://es.insightcrime.org/tregua-pandillas-el-salvador/una-mirada-al-interior-de-la-pesadilla-en-la-prision-en-el-salvador-video)

“La cárcel de Cojutepeque es un ejemplo perfecto de cómo las prisiones de este país se han convertido en los principales caldos de cultivo y campos de entrenamiento para las pandillas callejeras de El Salvador”, cita.

Según los investigadores, el penal de Cojutepeque tiene 1,200 reos en una prisión construida para 300, lo que representa una sobre población cuatro veces mayor a su capacidad.

Agrega que las cárceles de El Salvador han tenido una sobre población crónica por un largo tiempo. Según las cifras oficiales más recientes, desde 2011 el sistema penitenciario de El Salvador funciona a un 299 por ciento de su capacidad oficial, con un total de 25,400 reclusos.

Mientras que el porcentaje de reclusos encarcelados por delitos relacionados con las pandillas se duplicó en sólo tres años, la población carcelaria creció y las condiciones de los reclusos se hicieron aún más duras y peligrosas.

Las pandillas crecieron hasta alcanzar aproximadamente una población de 60,000 miembros, de acuerdo con las autoridades.

Condiciones crean caldo de cultivo de pandillas

En Cojutepeque, según el artículo, es imposible huir de la vida pandillera.

Los presos se mantienen en un espacio de piso de tierra y del tamaño de una cancha de baloncesto.

Allí, los prisioneros juegan fútbol la mayor parte del tiempo, o acomodan a sus familiares u otros visitantes durante los días de visita, según constataron.

El artículo cita que hay una pequeña sala de televisión, con espacio para una docena de presos, máximo.

Durante la visita de InSight Crime a la cárcel, un televisor nuevo pantalla plana transmitía la película de Pixar “Cars”.

Además, hacen referencia que los reclusos se bañan en un pozo donde la basura se esparce por el suelo. “Algunos de ellos duermen justo encima de uno de los baños.

En todo el país, las condiciones de vida básicas en los centros penitenciarios siguen siendo una pesadilla”, según el documento.

En el artículo se menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de una visita a varias cárceles salvadoreñas en 2010, evidenciaron que los reclusos constantemente utilizan las manos u otros platos improvisados para alimentarse.

“Muchos duermen en hamacas, o pagan dinero para alquilar un espacio en un camarote compartido con otro preso”, detalla.

Un centro penitenciario que visitó la CIDH tenía residuos provenientes de un drenaje de aguas residuales que se esparcían por el suelo.

Los servicios sanitarios, el agua potable, la luz y la ventilación son todos inadecuados, como sostiene también un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2011.

La intoxicación masiva a causa de la comida y los incendios fatídicos son un riesgo permanente.

“Hay poco acceso en las prisiones a suministros médicos, por no hablar de las oportunidades educativas”.

En Cojutepeque, agrega, la rehabilitación cobra un papel secundario frente a la readaptación y el restablecimiento de la jerarquía de las pandillas.

“No hay una biblioteca, ni programas de capacitación laboral; únicamente un pequeño taller donde los pandilleros pueden dibujar y pintar cuadros que suelen regalarle a sus familiares. Además, todos los reclusos en Cojutepeque son pandilleros del Barrio 18”, afirman.

La prisión como campo de entrenamiento

Los investigadores detallan que los pandilleros de la mara 18 dominan la población de la prisión de Cojutepeque desde que fueron separados de sus rivales, la mara Salvatrucha (MS-13), como una medida para frenar los enfrentamientos entre ambos grupos dentro de las prisiones.

“Lo que comenzó como un experimento (la tregua) para controlar la violencia, ha ofrecido a las pandillas la oportunidad de restablecer su jerarquía y sus reglas. Las pandillas han establecido un tipo de disciplina que permite fortalecer sus filas al interior de las prisiones y hacer cumplir las normas en el exterior. No se puede sobrevivir en esta prisión si no se es un miembro del Barrio 18”, según el documento.

La pandilla de la Calle 18, también conocida como “Barrio 18” o “M-18”, es una de las pandillas juveniles más grandes del hemisferio.

Al igual que su rival más conocida, la mara Salvatrucha (MS-13), la M-18 tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá, incluyendo los Estados Unidos, y según las autoridades están involucradas en actividades delictivas transnacionales.

“La M-18 es una de las más importantes amenazas criminales emergentes en la región. Las pandillas también han empleado su tiempo en la cárcel para desarrollar un nuevo modus operandi criminal”, citan.

Desde aquí, por ejemplo mencionan, las pandillas extorsionan sistemáticamente a pequeñas tiendas, sistemas de transporte público y empresas en el exterior; utilizando generalmente teléfonos celulares para exigir los pagos.

Las ganancias son distribuidas a lo largo de una cadena alimenticia, que depende tanto de esos fondos ilícitos, como de los propios cabecillas pandilleros.

Esta cadena incluye familiares, otros pandilleros y a las novias de los cabecillas; al igual que policías y custodios de prisión.

Maras mandan en prisión

Steven Dudley y Elyssa Pachico afirman en el artículo que no sólo las condiciones físicas defectuosas en las cárceles o la falta de espacio hacen que las cárceles en El Salvador sean inhóspitas.

“En Cojutepeque, hay 10 guardias que vigilan. Alrededor de los muros de la prisión, es personal enmascarado del Ejército”.

Según el artículo, el Ejército ha sido denunciado de tratos arbitrarios y crueles. La CIDH documentó casos de inspecciones vaginales y anales inapropiadas a las mujeres que visitaban a los internos.

“Las mujeres también dijeron a la CIDH que los responsables de llevar a cabo tales inspecciones íntimas utilizarían el mismo guante de plástico para inspeccionar a varias mujeres”.

No hay duda de que, en general, los reclusos son la verdadera autoridad en los centros penitenciarios de El Salvador, utilizando teléfonos celulares sin restricción, los cuales técnicamente están prohibidos”.

Cuando los disturbios estallan en las cárceles, los guardias hacen muy poco para detener el caos. Decenas de personas resultan heridas o mueren debido a estas riñas.

No obstante, la mayoría de las veces, son las pandillas las que dirigen el espectáculo en el interior. Durante la visita de InSight Crime a Cojutepeque, los cabecillas pandilleros le dieron al investigador un recorrido por las instalaciones.

“Los guardias de la prisión simplemente abren y cierran las puertas tras sus órdenes”, según el artículo.

El nuevo perfil público de las pandillas

La respuesta de los gobiernos centroamericanos al aumento de la actividad pandillera ha demostrado ser en gran medida contraproducente.

A principios de siglo, desde El Salvador, los gobiernos comenzaron a crear y a aprobar leyes más estrictas que penalizaban desde la “asociación” con pandillas.

Algunos programas antidelincuenciales sólo fomentaron el crecimiento de las pandillas mediante la concentración de más miembros de la pandilla en la cárcel, lo cual les permitió reorganizarse y reagruparse.

El artículo menciona que tras varios incidentes violentos en las cárceles entre la M-18 y su rival, la MS-13, las autoridades salvadoreños decidieron separar a los miembros de ambas pandillas para evitar enfrentamientos que terminaran en masacres en los penales.

Los cabecillas aumentaron su control sobre las actividades criminales, como la extorsión, desde el interior de las prisiones. Fuera de las prisiones, se diversificaron incursionando en el secuestro, el tráfico de drogas y asesinatos por encargo.

También comenzaron a operar de una manera más sofisticada, lavando activos a través de pequeñas empresas, como lavado de autos, y tratando de controlar a la comunidad y las organizaciones no gubernamentales con el fin de influir en la política en los más altos niveles.

En marzo de 2012, los líderes de Barrio 18 y los de la MS-13 en El Salvador declararon una tregua o pacto mediado por grupos de la comunidad y de Iglesia y facilitado por el gobierno.

El alto el fuego resultó en una disminución significativa de la tasa de homicidios de El Salvador, algo que muchos esperan marcará un cambio importante en la seguridad ciudadana en el país.

Sin embargo, algunos críticos de la tregua dicen que esta ha aumentado peligrosamente el perfil público de las bandas callejeras y que, además, les proporcionó los recursos necesarios para ejercer una mayor influencia en las instituciones de justicia del Gobierno.