El estudio de la Ley de Extinción de Dominio avanza rápidamente en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Hoy se reunirán de nuevo y mañana también para terminar con el análisis del proyecto.
Los diputados discutieron ayer dos temas importantes del anteproyecto como son la institución a la que estará adscrito el nuevo ente que regirá la aplicación de la normativa cuando ésta sea aprobada en el pleno.
Así como que entidades formarán parte del consejo directivo del mismo. Los legisladores han acordado que este se denominará el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En el proyecto presentado por el Ejecutivo en el artículo 4 se proponía que se llamara Consejo Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (CONABID), pero a sugerencia de la colombiana Sara Salazar, ex jueza de Extinción de Dominio que asesora a la comisión consensuaron en llamar al Consejo de esa manera.
Esta entidad según lo consensuado ayer será presidido por el ministro de Justicia y Seguridad, mientras que el resto del equipo quedará integrado por representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR), los ministerios de Defensa y Hacienda y el director de la Policía Nacional Civil (PNC).
A su vez crearon también la figura de un director ejecutivo, según lo manifestó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera. Este funcionario tendrá la responsabilidad de ejecutar las decisiones que tome el Consejo.
Este cargo será electo por la mayoría de los integrantes del Consejo y tendrá un carácter de permanente. Además, se le exigirán los mismos requisitos que se le piden a cualquier funcionario público, aseveró Rivera.
En lo que aún no hay acuerdo es sobre la definición sobre bajo que institución se cobijará la nueva entidad, que se prevé, deberá ser autónoma según lo han manifestado los diputados de ARENA, Julio Fabián y Rivera, del FMLN.
La diputada efemelenista explicó que el partido ha propuesto que sea el ministerio de Seguridad la entidad estatal responsable del nuevo ente, pero solo para efectos presupuestarios, afirmó, y puso como ejemplo el funcionamiento del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que depende financieramente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, mencionó que otros diputados han propuesto que se ampare bajo la sombrilla de la FGR, pero considera que lo anterior no es conveniente, ya que la Fiscalía así como la PNC, son instituciones directamente vinculadas a la persecución del delito, por lo que cree que habría alguna “injerencia” en su función.