Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) captan agua, son zonas de amortiguamiento, regulan la temperatura, disminuyen los efectos del cambio climático y regulan las plagas. Sin embargo, desde hace varios años, estas han sido “fragmentadas y disminuidas al mínimo”.
Así lo considera un consultor ambiental que trabajó muy de cerca en la definición y gestión de las ANP durante administraciones pasadas. “Muchas de las áreas protegidas ‘desaparecieron’ desde su identificación en 1980, a raíz del proceso de la Reforma Agraria en ese entonces. El destino que se les ha dado ha sido más bien para otros fines, distribuidas bajo las diferentes administraciones”, aseguró. Lo anterior fue denunciado por los medios de comunicación, sin que ello tuviera la atención debida de parte de los gobiernos de turno.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), del cuales es parte El Salvador, afirma que cada país debería poseer un 10 % de su territorio protegido por declaratorias de Áreas Protegidas. Sin embargo, El Salvador con dificultad llega al 0.98 %.
Según información proporcionada por el MARN, hay 18 ANP sin guardarrecursos asignados y sin ONG comanejadora. Los 147 guardarrecursos pagados por el MARN actualmente están en 35 áreas declaradas, donde se desarrollan sobre todo programa financiados por la cooperación.
¿Cómo se podría mejorar la gestión de los territorios, declarados como ANP o en proceso de declaratorio?
En opinión de quienes trabajaron en este proceso, sobran diagnósticos y estrategias. Se tiene una Ley de Áreas Protegidas desde 2005, pero esta carece de reglamento. El país ha invertido tiempo, dinero y consultorías, todo financiado por la cooperación internacional. “El tema parecería no avanzar, es más, la relevancia y prioridad no está en la agenda ambiental en estos momentos”, considera el consultor.
Muestra de ellos, según el también extécnico del MARN, Francisco Serrano, es que la recién presentada Estrategia Nacional de Biodiversidad “está plagada de deficiencias técnicas, institucionales y conceptuales”.
En su opinión, “el problema parecería ser mucho más político que técnico o económico”. “Se ha permitido quemas y usurpaciones para eliminar la naturaleza y así permitir el uso de esas tierras con fines agrícolas y sociales, más que ambientales”, subrayó. La gestión y el cuido de estas áreas no debería estar en manos de un ministerio, sino que debería ser coordinado y articulado entre ISTA, CNR, MARN y MAG, sugieren.