El gobierno del Presidente Mauricio Funes cerrará, según previsiones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), con una deuda pública durante la gestión 2009-2014 de $5,200 millones y sin haber generado los resultados esperados, sobre todo para elevar el crecimiento del país a cifras que superen el 1.5 % en relación al Producto Interno Bruto (PIB), atraer la inversión local y extranjera y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños.
Esta cifra va de la mano con las posibles consecuencias de un escenario donde el endeudamiento llegue a un límite de insostenibilidad fiscal, condicionado a subsidios asistencialistas generalizados y a proyectos de inversión paralizados, previsiones que para la principal gremial empresarial tienen al país dentro de una burbuja a punto de estallar.
Además la institución subrayó que en años preelectorales el Estado sirve de plataforma para acciones populistas, algo que conlleva la contratación de empleados públicos como activistas partidarios, una situación que es interpretada por inversionistas locales y extranjeros como un mal mensaje que reduce la competitividad nacional.
“Tenemos que lamentar que en cuatro años no se escucharon nuestras propuestas. Y la salida del gobierno es fácil: proyectar reformas tributarias que obstaculizan el crecimiento e impiden la generación de empleo”, reflexionó Jorge Daboub, presidente de la ANEP.
En este sentido la asociación ve preocupante que el gobierno esté asignando por contratación directa obras y rediseños, como el caso de la presa El Chaparral, algo que es considerado por el sector empresarial como “una salida a contratiempo” que no solucionará el problema.
“Estamos viendo que se están acelerando procesos (de licitación, contratación y concesión). Pero esto puede ser más caro para el país; es posible que se entreguen obras sin cumplir estándares de calidad adecuados, todo por la foto oficial”, recordó el empresario.
Bajo este contexto también se reiteró los múltiples problemas generados por las malas decisiones en la administración pública, como la aprobación de leyes que desincentivan la inversión, excesiva burocracia en las entidades públicas y la falta de cumplimiento de los contratos por parte del Estado, incluyendo millonarios litigios y arbitrajes internacionales.
“Ante esto el país ha regresado a niveles de inversión de 11.5 % del PIB, similar a los últimos años del conflicto armado, el número de pobres ha aumentado en 300,000 en los últimos siete años y la generación de fuentes laborales privadas no se puede recuperar por los obstáculos estatales”, enlistó Daboub.
Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio y miembro del Consejo Directivo de la ANEP, enfatizó que las críticas vertidas no son hacia la figura del Presidente Funes, sino hacia una gestión que ha socavado “la institucionalidad democrática, elevado la inseguridad jurídica y ciudadana y frenado la competitividad”, entre otros aspectos.
“El principal problema es que la deuda la pagan todos los salvadoreños. Todo el país vive día a día la mala gestión, algo que no tiene nada que ver con los choques entre el Presidente (Funes) y los empresarios. El circo y la payasada funcionan un rato, pero las preocupaciones siguen en la gente”, valoró.
Cardenal reconoció que es importante que el gobierno no esté participando, formalmente, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), más allá de que ya la empresa de capital mixto tenga presencia en diferentes sectores económicos nacionales y solo aplaudió el trabajo de entidades públicas como Obras Públicas o Relaciones Exteriores.
Superó a su predecesor
Los empresarios, con cifras retomadas de los informes del Banco Central de Reserva (BCR), contrastaron el endeudamiento el último año de la gestión del expresidente Elías Antonio Saca con los cuatro años de gobierno de Funes.
Mientras el anterior mandatario cerró con $3,146 millones, Funes lleva, hasta el momento, $4,165 millones. La diferencia: $1,019 millones, que se depositaron en la caja del Ejecutivo en los años 2011 y 2012, según la ANEP.
“Estamos llegando a casi $14,500 millones de deuda total acumulada y a este ritmo pasaran 60 años para sanear las finanzas públicas. Por eso es que hemos bajado en todas las mediciones”, puntualizó Cardenal.
De este modo la ANEP además solicitó que en estos 11 meses restantes el gobierno central debe realizar consultas y análisis técnicos para acompañar el proceso de elaboración y aprobación de leyes trascendentales, sobre todo aquellas relacionadas a crear garantías mobiliarias, gestión de recursos hídricos, incentivos a exportaciones y reducción burocrática, sobre todo en el sector construcción.
“El desarrollo no se logra por decreto pero está claro que se necesita un marco legal capaz de generar certeza a ciudadanos y dueños de capitales que tienen interés en el país”, justificó Cardenal.
Por otra parte, en el tema de infraestructura, solicitaron que se concretice la licitación a largo plazo de nueva generación de energía eléctrica por 350 Megavatios, aumentar la contratación de la demanda de energía eléctrica a más del 90 %, sobre todo aquella relacionada a energías geotérmicas, concesionar a la brevedad el Puerto La Unión y cerrar el Fomilenio II, el cual desde el lunes está recibiendo el impulso de seis grandes empresarios en Washington, Estados Unidos.
“El viaje responde a urgencia que ve el sector (empresarial) en tener el segundo compacto de Fomilenio. Nosotros cuando viajamos nos informaron de seis observaciones que ponen en riesgo el desembolso. Ellos buscan cambiar esas circunstancias con su experiencia”, finalizó Daboub.
La ANEP pidió en todos estos temas una mayor participación ciudadana y a los políticos a encontrar consensos.