Acuerdan nombrar nuevo juez Antimafia

La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia pidió al CNJ terna de jueces para elegir al nuevo juzgador

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Los empleados de los Juzgados Antimafia han denunciado la carga laboral que tienen desde hace meses. Foto EDH / Archivo

Por ??scar Iraheta Twitter: @oscar_iraheta

2013-06-25 7:00:00

La Corte Suprema de Justicia acordó ayer nombrar a un juez más para los Juzgados de Sentencia Antimafia de San Salvador para paliar la carga laboral que algunos juzgadores han denunciado.

Empleados de los referidos tribunales paralizaron labores el año pasado y se quejaron ante la Corte Suprema de la carga laboral que tienen.

Fuentes judiciales informaron hace dos semanas que por el exceso de trabajo los jueces han tenido retrasos en leer las sentencias, lo que ha provocado que se cumplan los dos años de detención que ordena el Código Procesal Penal.

Ante el retraso, el juez del Tribunal A, Godofredo Salazar, benefició a varios reos condenados por secuestro y homicidio y cambió la cárcel por arresto domiciliar, dijeron las fuentes.

Tras las publicaciones periodísticas, los reos fueron remitidos por la Policía hacia el penal de Mariona.

La decisión fue acordada ayer durante la Corte Plena con 12 votos de los magistrados.

Los magistrados acordaron pedir a la Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la terna de los postulantes para elegir al nuevo juzgador.

El CNJ tiene 12 días para enviar la terna de jueces para que se decida quién será el nuevo juzgador.

“Creemos que esta decisión ha sido muy inteligente y sabia para paliar el exceso de trabajo que tienen los juzgados. Estamos estudiando otras medidas para buscarle una salida al problema de la mora judicial en los juzgados Antimafia”, expresó la magistrada Rosa María Fortín.

Durante la sesión de Corte Plena los magistrados discutieron parte del informe que emitió el departamento de Reos sin Sentencias de la CSJ, el cual establece la mora judicial que tienen los juzgados Antimafia de todo el país.

Desde hace meses la Sala de lo Constitucional resolvió un recurso de inconstitucional, donde estableció cuáles eran los parámetros que se deben de considerar para considerar los casos de crimen organizado.

Varios casos han sido remitidos a tribunales comunes tras considerar que no son de crimen organizado, sino de delincuencia común.